El paro universitario es distinto de la huelga indefinida del profesorado no universitario de la región, que entra ya en su cuarta semana. La convocatoria de los campus públicos comenzó a fraguarse antes del final del curso pasado, de modo que ambas movilizaciones, aunque confluyen en el calendario y comparten el color verde como símbolo de la defensa de la educación pública, nacieron por caminos distintos.
El origen de la protesta se remonta a hace justo un año, cuando miles de docentes, personal de servicios y alumnos de los campus madrileños salieron a las calles de la capital para exigir una subida del presupuesto universitario. Aquella manifestación de noviembre de 2025 presionó a la Consejería de Educación y a los rectores de las seis universidades públicas a negociar un nuevo marco de financiación.
El pulso pareció resolverse en marzo, cuando los rectores y la Consejería de Educación firmaron un acuerdo de financiación. Ese pacto, sin embargo, no ha puesto fin al conflicto: los convocantes de la huelga reclaman ahora más presupuesto y, como novedad respecto a la protesta del año pasado, un freno al crecimiento de los campus privados en la región.
La expansión de la oferta universitaria privada se ha convertido en un punto de fricción con el Gobierno regional. En las últimas décadas, la Comunidad de Madrid ha autorizado la apertura de numerosas universidades privadas, hasta superar en número a las públicas, un fenómeno sin equivalente en otras autonomías. Los colectivos que impulsan el paro sostienen que ese crecimiento compite por recursos y alumnado con la red pública.
La huelga se solapa con la protesta indefinida del profesorado no universitario, que acumula varias semanas de paro y ha motivado concentraciones recurrentes en el centro de Madrid. Ambas convocatorias confluyen este miércoles y jueves en varios actos conjuntos, en un escenario de movilización educativa que el Gobierno de Ayuso afronta en dos frentes simultáneos.
La financiación universitaria es competencia autonómica: las comunidades fijan las transferencias a sus campus públicos y aprueban la creación de nuevos centros privados mediante ley autonómica. El marco de financiación plurianual, como el firmado en marzo, es el instrumento habitual para fijar esas aportaciones a medio plazo, y su incumplimiento o insuficiencia ha sido fuente recurrente de conflicto entre rectores y gobiernos regionales.
El desgaste de las familias madrileñas enmarca el debate sobre el gasto público: el comercio minorista cayó un 1,6% en septiembre, su peor dato interanual desde 2022, según el INE. Un año después de aquella manifestación multitudinaria, los convocantes aspiran a repetir la presión sobre un pulso que ya acumula más de un curso académico sin cerrarse.
