El seguimiento es especialmente intenso en la Universidad Complutense, que según los datos manejados por los convocantes arrastra un recorte de gastos del 35% desde mediados de 2024. Ese ajuste ha obligado al cierre de la editorial y la librería de la Facultad de Derecho y afecta a 245 despachos, en lo que los promotores de la huelga describen como un deterioro acumulado de las condiciones de trabajo y estudio en uno de los campus más grandes de España.
La situación en la Universidad Rey Juan Carlos es más crítica: el centro necesita un préstamo de 40 millones de euros de la Comunidad de Madrid para evitar el colapso financiero, la misma vía a la que apunta la Complutense. Los datos oficiales de la propia URJC señalan que se han suspendido el 66% de las clases en el conjunto de sus campus, con porcentajes que superan el 80% en las sedes de Aranjuez y Alcorcón.
"El pacto de la vergüenza" es la expresión con la que los convocantes de la huelga califican el acuerdo entre Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas.
El acuerdo cuestionado es el convenio económico suscrito entre el Gobierno autonómico y los seis rectores, que establece el marco de financiación plurianual de los campus. Los convocantes sostienen que no resuelve la insuficiencia estructural de recursos y que habría sido aceptado por los rectores pese a no garantizar la viabilidad de facultades como Derecho en la Complutense.
La financiación universitaria pública en España se rige por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que atribuye a las comunidades autónomas la competencia sobre la asignación presupuestaria a sus campus, dentro de un modelo que combina fondos autonómicos, tasas académicas y financiación competitiva. Los recortes denunciados en Madrid se enmarcan en ese reparto, en el que la región asume la responsabilidad última sobre el sostenimiento económico de sus universidades.
Los conflictos por la financiación de la enseñanza superior madrileña no son nuevos: la creación de universidades y la fijación de las tasas académicas han enfrentado de forma recurrente a la Comunidad con los campus y con los colectivos estudiantiles desde que las competencias educativas fueron transferidas a la región en 1999. La huelga de esta semana reactiva esa pugna presupuestaria sobre el modelo de sostenimiento de los seis centros públicos.
La protesta se suma a un cuadro general de tensión presupuestaria en las administraciones. La AIReF ha calculado un ajuste de 20.000 millones para el Gobierno que gobierne en 2027, mientras el mercado laboral registra un récord de 186.612 afiliados en octubre, según la Seguridad Social.
Los piquetes informativos se han extendido este miércoles por facultades como la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Farmacia de la Complutense. Los convocantes mantienen la movilización para el jueves, segunda y última jornada de la huelga en las seis universidades públicas de la región.