El colectivo, que se desplaza habitualmente por distintas localidades españolas siguiendo el calendario de fiestas patronales, habría llegado a Ceuta con la expectativa de instalar sus casetas, atracciones y puestos con motivo de las celebraciones estivales. La cancelación del programa, atribuida a la situación en el perímetro fronterizo, les habría dejado varados sin previo aviso, en una situación que uno de los afectados describió como una suerte de secuestro involuntario dentro del propio recinto ferial. Las familias alegan dificultades para acceder a agua, electricidad y alimentos desde el jueves, con las instalaciones montadas o a medio montar y sin público: la imagen de una feria fantasma.
El perjuicio económico invocado —hasta 40.000 euros por familia— incluiría gastos de transporte, montaje, alquiler de generadores y mercancía perecedera, además del lucro cesante en plena temporada alta. El calendario ferial español concentra buena parte de sus ingresos anuales entre junio y septiembre, coincidiendo con las patronales de cientos de municipios, por lo que la pérdida de una fecha en pleno verano resulta especialmente gravosa para negocios familiares de pequeño tamaño y escasa capacidad de absorber imprevistos.
Ceuta, con unos 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025, constituye junto con Melilla una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Su geografía —encajada entre el mar y la valla fronteriza, con escaso margen territorial— complica cualquier gestión de crisis que implique simultáneamente seguridad pública y actividad económica ordinaria, y la convierte en un punto recurrente de tensión migratoria que en ocasiones ha llevado a reforzar dispositivos de seguridad y limitar la movilidad en determinadas zonas.
Un mecanismo de compensación que no existe de oficio
El sector ferial, organizado en asociaciones autonómicas y una federación nacional, ha reclamado históricamente mayor protección jurídica y económica ante cancelaciones de última hora, ya sea por causas meteorológicas, sanitarias —como durante la pandemia de covid-19 en 2020 y 2021, cuando la práctica totalidad de las ferias quedó suspendida— o de seguridad pública. No existe hasta la fecha un mecanismo estatal específico de compensación automática para feriantes afectados por decisiones administrativas, lo que obliga a los perjudicados a acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Esa vía está regulada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que exige acreditar un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente, así como una relación de causalidad directa entre la actuación administrativa y el perjuicio. En supuestos de suspensión de eventos por orden público o seguridad, los tribunales españoles han valorado caso por caso si la decisión resultaba proporcionada y si existían alternativas menos gravosas para los afectados, un juicio de proporcionalidad que sería determinante en una eventual reclamación.
Ni el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ni el Ministerio del Interior habían ofrecido una valoración pública detallada sobre la situación de los feriantes retenidos, más allá de las explicaciones generales sobre el refuerzo del dispositivo fronterizo. Quedan por confirmar oficialmente el número exacto de familias afectadas, la duración prevista de las restricciones y las vías de compensación disponibles.
Un precedente de tensión: la crisis de mayo de 2021
La cancelación de eventos públicos por motivos de seguridad en contextos de presión fronteriza no es inédita en Ceuta ni en Melilla, donde en años anteriores se han suspendido o reducido actos multitudinarios ante el riesgo de aglomeraciones difíciles de controlar en un perímetro urbano limitado. El antecedente más grave es el de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron a Ceuta en un solo fin de semana tras una relajación del control marroquí, en plena crisis diplomática desatada por la acogida sanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Aquella crisis se recompuso a partir de marzo de 2022, cuando Madrid y Rabat normalizaron relaciones, y desde entonces la colaboración bilateral se ha traducido en operativos conjuntos de vigilancia costera. Aun así, episodios puntuales de tensión siguen generando restricciones temporales de movilidad en la ciudad autónoma. Las llegadas irregulares a las costas españolas —con Canarias como principal punto de entrada en los últimos años— fluctúan año a año en función de la presión en origen, los acuerdos con Marruecos y la actividad de las redes de tráfico de personas, y tienden a intensificarse en los meses cálidos por las mejores condiciones marítimas.
A falta de una respuesta institucional definitiva, los feriantes afectados permanecerían a la espera de que se les autorice a desmontar sus instalaciones y abandonar la ciudad con sus vehículos, decisión que dependería de la evolución del dispositivo de seguridad en la frontera en los próximos días. De confirmarse el episodio en toda su magnitud, la federación del sector previsiblemente elevaría una reclamación formal a las administraciones implicadas, primer paso hacia una eventual exigencia de responsabilidad patrimonial cuyo desenlace quedaría, en su caso, en manos de la vía administrativa y, después, judicial.
