La Casa del Mar de Ceuta depende del Instituto Social de la Marina (ISM), organismo adscrito a la Seguridad Social cuya función estatutaria es atender a los trabajadores en alta del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, a sus beneficiarios y a los pensionistas del sector. El edificio cuenta con 27 habitaciones —21 dobles, una de ellas adaptada para personas con discapacidad, y 6 individuales—, todas con baño propio, distribuidas entre la segunda y la tercera planta. Dispone además de sala de lectura con préstamo de libros y prensa, sala de televisión, espacios de ocio con juegos de mesa, zona de recepción de visitas, restaurante-bar y cafetería en la planta baja, servicio de lavandería de lunes a viernes y limpieza diaria de habitaciones.
Preguntado por la cesión, el ministerio que dirige Saiz respondió que este tipo de uso está «permitido en situaciones de carácter excepcional» y que se encuentra «contemplado en la normativa reguladora de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y las competencias del Instituto Social de la Marina». El departamento no precisó cuántos voluntarios se alojan en el inmueble ni durante cuánto tiempo se prolongará la cesión, ni si existe un convenio escrito específico entre el ISM y la organización.
La normativa de patrimonio de la Seguridad Social, aprobada por real decreto, contempla la posibilidad de ceder temporalmente instalaciones de organismos públicos para fines de interés social en circunstancias excepcionales, si bien ese uso suele requerir justificación expresa y convenios formales con las entidades beneficiarias. No ha trascendido si existe tal instrumento para la ocupación de la Casa del Mar ni los términos económicos o temporales de la cesión.
Un dispositivo humanitario de 1.300 atenciones frente a 4.000 personas
Accem se define como entidad especializada en la atención a refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. Según el material del que dispone este medio, la organización recibe 84 millones de euros de financiación pública. En Ceuta ha desplegado un dispositivo de psicólogos, trabajadores sociales e integradores en el llamado Espacio de Atención Loma Margarita, donde —según ha comunicado la propia entidad— se ha atendido ya a alrededor de 1.300 personas que se encontraban en situación de calle, garantizándoles alojamiento, techo y tres comidas diarias.
La explanada de Loma Margarita acoge a unos 4.000 inmigrantes en situación irregular, en su totalidad hombres procedentes de países del África subsahariana como Sudán, Somalia, Malí o República Centroafricana, territorios marcados por conflictos prolongados y crisis humanitarias. Desde Accem sostienen que cada uno de ellos llega «con una historia que merece ser escuchada» y defienden que su intervención responde a la «situación extraordinaria» vivida en la ciudad y que su labor se pone «al servicio de la sociedad española, de sus instituciones y de las personas más vulnerables».
El contraste con las condiciones de los agentes desplegados en la ciudad autónoma ha motivado la protesta de sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que reclaman alojamientos dignos para los efectivos enviados en comisión de servicio. Diversos colectivos policiales han calificado de «indignas» las condiciones de los barracones habilitados para el descanso de los agentes tras jornadas de servicio ininterrumpido en la frontera.
El reparto de competencias sitúa el control fronterizo en el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y la integración y el asilo en el Ministerio de Inclusión. El Gobierno ha defendido en distintas comparecencias que su respuesta a la presión migratoria en Ceuta combina refuerzo policial, coordinación con Marruecos y colaboración con el tercer sector para la atención humanitaria. Portavoces de Interior no se han pronunciado públicamente sobre las condiciones de alojamiento de los agentes, mientras los sindicatos insisten en reclamar una solución equiparable a la ofrecida a los voluntarios de la ONG.
Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, una singularidad geográfica que la convierte en punto de paso recurrente para flujos migratorios irregulares desde Marruecos. El sistema de vallas y vigilancia del perímetro se enmarca en los acuerdos bilaterales con Rabat y en la gestión de fronteras exteriores coordinada con la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), sin que ello haya evitado entradas masivas puntuales, como la de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas accedieron a la ciudad en un solo día tras la relajación del control marroquí.
El precedente más cercano de tensión entre atención humanitaria y medios policiales se remonta a la crisis migratoria de Canarias de 2020 y 2021, cuando la saturación de los centros de acogida y la falta de infraestructuras adecuadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado motivaron críticas similares de los sindicatos policiales, que entonces también denunciaron condiciones de alojamiento deficientes frente a los recursos destinados a la atención de los migrantes.
El episodio se inscribe además en un debate recurrente en el Congreso de los Diputados sobre la financiación pública de las ONG dedicadas a la atención migratoria, donde distintos grupos parlamentarios han solicitado en los últimos años mayor transparencia sobre los criterios de adjudicación de subvenciones y el control de resultados de estos programas, sin que hasta la fecha se haya tramitado una reforma normativa específica.
La resolución de fondo —la reubicación de los inmigrantes de Loma Margarita, el relevo de los efectivos policiales y la eventual mejora de sus condiciones de alojamiento— dependerá de las decisiones que adopten conjuntamente los ministerios de Interior e Inclusión en las próximas semanas. El ISM no ha concretado si mantendrá la cesión de la Casa del Mar una vez concluya la fase más aguda de la emergencia.
