El reportaje, publicado por OKDIARIO, afirma haber documentado a un número indeterminado de personas pernoctando en la vía pública. Según esa misma pieza, el ministro del Interior ha venido refiriéndose a la situación en la ciudad autónoma en términos de «normalidad» sin haberse desplazado a Ceuta. El departamento que dirige Grande-Marlaska no ha convocado hasta la fecha una comparecencia específica sobre el episodio ni ha aportado cifras oficiales actualizadas sobre la ocupación de los recursos de acogida.
La acogida de migrantes en la ciudad se canaliza a través del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), gestionado por la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El centro fue concebido para una capacidad de varios centenares de plazas, pero en episodios de presión intensa ha llegado a alojar a un número de personas muy superior a su capacidad estructural, lo que ha obligado en el pasado a habilitar espacios complementarios como polideportivos o instalaciones provisionales. Cuando el CETI se satura, la vía habitual de descongestión son los traslados hacia la península.
Ceuta comparte con Melilla la singularidad de ser frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, condición que la convierte en un punto de paso recurrente para personas procedentes de Marruecos y, en menor medida, de países subsaharianos. Esa naturaleza fronteriza, unida a los acuerdos bilaterales hispano-marroquíes sobre control migratorio, ha generado episodios recurrentes de tensión desde la década de 1990. Las llegadas por vía marítima desde las costas marroquíes tienden a repuntar en verano, cuando las condiciones para la travesía son más favorables.
Un pulso institucional recurrente
El Ayuntamiento de Ceuta ha reclamado en anteriores repuntes al Gobierno central una mayor dotación de recursos y una gestión más ágil de los traslados hacia la península, en un choque competencial que se reactiva cada vez que crece la presión migratoria. El consistorio ha sostenido que la ciudad soporta una carga desproporcionada respecto a su tamaño y a la dimensión de sus servicios sociales. El Gobierno central, por su parte, ha remitido en ocasiones previas a los datos de ocupación del CETI y a los operativos de traslado como mecanismo ordinario para aliviar la ciudad autónoma.
Organizaciones que trabajan en la acogida, como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han advertido en informes anteriores de episodios de saturación en el CETI ceutí, señalando que la insuficiencia de plazas obliga a menores no acompañados y a unidades familiares a permanecer en condiciones precarias hasta que se gestiona su traslado o su situación administrativa. Estas entidades han venido pidiendo un refuerzo de los recursos de acogida y una coordinación más ágil entre las administraciones central, autonómica y local.
El marco normativo aplicable se apoya en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que regula la entrada, permanencia y expulsión de personas extranjeras, así como el acceso a la protección internacional. A ese régimen se suma el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado por las instituciones de la Unión en 2024, que endurece los plazos de tramitación de solicitudes en las fronteras exteriores y cuya aplicación efectiva por los Estados miembros está prevista para 2026. España debe adaptar sus procedimientos de acogida y retorno a ese nuevo marco.
La condición de las ciudades autónomas se diferencia de la de otras rutas migratorias hacia el territorio español. En los últimos años, el archipiélago canario se ha consolidado como principal punto de entrada por vía marítima, por delante de Ceuta y Melilla, según los recuentos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). La singularidad de Ceuta y Melilla radica en su frontera terrestre, que genera dinámicas distintas a las de la ruta atlántica.
El precedente más citado sigue siendo la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en apenas 48 horas tras una relajación temporal de los controles fronterizos marroquíes, en plena crisis diplomática entre Rabat y Madrid por la acogida sanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en el despliegue de efectivos militares en labores de apoyo logístico y en una revisión posterior de la cooperación migratoria entre ambos países. Un antecedente aún anterior es la crisis del vallado de Ceuta y Melilla de 2005.
A falta de que el Ministerio del Interior aporte cifras oficiales actualizadas sobre la ocupación del CETI y sobre el número de personas que, en su caso, permanecen fuera del centro, la controversia sobre la gestión en Ceuta permanece abierta. Las próximas semanas, coincidiendo con el pico estival de llegadas, permitirán comprobar si se activan traslados hacia la península, como ha ocurrido en veranos anteriores, o si se prolonga la situación descrita en el reportaje. El Gobierno no ha fijado por ahora ninguna comparecencia específica sobre el episodio.
