El despliegue del USS Abraham Lincoln, que originalmente debía concluir en mayo de 2026, ha sido prorrogado en repetidas ocasiones sin que las autoridades navales estadounidenses hayan anunciado todavía una fecha de regreso. Este jueves, sin embargo, trascendió que Washington se prepara para reemplazar la nave con otro portaaviones, el USS George Washington, dentro de un plan de rotación que, según las mismas fuentes, ya estaba programado con anterioridad.
El senador demócrata Richard Blumenthal, integrante del Comité de Servicios Armados del Senado, remitió una carta al secretario Hegseth en la que detalló una serie de deficiencias reportadas a bordo: escasez de suministros básicos, contaminación del agua, fallas en el sistema de plomería, deterioro de la salud mental de la tripulación, preocupaciones sobre la seguridad en cubierta e interrupciones en el servicio postal que habrían provocado que numerosos paquetes de ayuda destinados al barco se extraviaran durante meses. «Estos informes merecen atención inmediata», escribió el senador, quien advirtió que el caso plantea «una cuestión más amplia» sobre si la Armada estadounidense puede sostener el ritmo operativo que actualmente exige a su flota de portaaviones.
El también senador demócrata Ruben Gallego solicitó públicamente que las fuerzas armadas permitan el ingreso de una delegación del Congreso al portaaviones para realizar lo que calificó como una investigación de supervisión sobre la situación a bordo. «No hay razón para negar el acceso», escribió en la red social X, en un mensaje que se suma a la presión política sobre el gobierno de Donald Trump por el manejo de este despliegue vinculado a la ofensiva contra Irán.
Un marino rescatado del mar y reportes de intentos de saltar por la borda
De acuerdo con dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, a principios de este mes un marino cayó al mar y fue rescatado mediante un helicóptero, atendido por el departamento médico del buque y trasladado posteriormente para recibir atención adicional. Las circunstancias exactas de ese incidente permanecerían bajo investigación por parte de las autoridades navales.
Publicaciones especializadas en temas de defensa reportaron además, citando a familiares de tripulantes, que varios militares habrían considerado la posibilidad de quitarse la vida saltando por la borda del barco. Según esos testimonios, la permanencia prolongada en altamar y las condiciones descritas a bordo estarían deteriorando la salud mental de parte de la tripulación.
Las mismas fuentes indicaron que la tripulación no habría podido lavar su ropa durante periodos de más de una semana y que el acceso a alimentos frescos sería limitado, debido a las escasas visitas a puerto y a que, en ocasiones, ni siquiera en esas paradas se permitiría a las tropas desembarcar temporalmente.
Un familiar de uno de los marineros a bordo relató que su pariente habría perdido 29 kilogramos desde el inicio del despliegue. La persona, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, aseguró que el tripulante le confirmó los intentos de otros compañeros de saltar del barco y describió, en conversaciones recientes por mensajería instantánea, sentirse «muerto de cansancio».
El marinero también habría descrito el ruido y las vibraciones constantes generadas por el motor de la nave y por las operaciones de despegue y aterrizaje de aeronaves, que se mantienen de forma ininterrumpida. «Él conoce la misión y sabe que esta no va a ser la situación ideal. No son vacaciones», señaló el familiar, quien añadió que la ausencia prolongada de tierra firme y de cualquier tipo de respiro constituye, en sus palabras, «una vibración constante» que acompaña cada actividad cotidiana a bordo.
El pulso entre el Congreso y el Pentágono
El Pentágono no ha ofrecido, hasta el momento, un desglose detallado que confirme o descarte punto por punto las condiciones denunciadas, más allá del rechazo expresado por el secretario Hegseth. Legisladores como Blumenthal y Gallego han insistido en que corresponde al Congreso estadounidense ejercer su función de fiscalización sobre el uso y las condiciones de las fuerzas armadas desplegadas en operaciones prolongadas, una atribución que la Constitución de Estados Unidos reserva al Poder Legislativo en materia de supervisión militar y de asignación presupuestaria a la Defensa.
El episodio se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la capacidad operativa de la Armada de Estados Unidos, cuya flota de portaaviones ha sido sometida en los últimos años a despliegues cada vez más extensos ante la simultaneidad de tensiones en el Indo-Pacífico y Medio Oriente. Los despliegues de portaaviones estadounidenses se han extendido de manera notable en episodios previos: durante los meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en las campañas en el Golfo Pérsico, varias tripulaciones permanecieron embarcadas por encima de los seis meses previstos como estándar, lo que en su momento también generó cuestionamientos sobre el desgaste del personal naval y el mantenimiento de las naves.
De cara a los próximos días, se espera que el debate se traslade a comisiones del Senado, donde podría solicitarse la comparecencia de mandos navales y del propio secretario de Defensa para aclarar el estado real de la tripulación y las razones detrás de las sucesivas prórrogas del despliegue. La eventual llegada del USS George Washington como relevo marcaría el fin de una de las misiones ininterrumpidas más largas registradas por un portaaviones estadounidense en años recientes, aunque ninguna autoridad ha confirmado todavía una fecha precisa para el regreso del USS Abraham Lincoln a puerto.