La Xunta de Galicia ha presentado formalmente dos escritos de alegaciones ante la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los que reclama la retirada inmediata del borrador de resolución que obligaría a las embarcaciones pesqueras a instalar dispositivos acústicos disuasorios —conocidos técnicamente como *pingers*— para ahuyentar a los delfines durante las operaciones de faena. La presentación simultánea de dos documentos subraya la magnitud del rechazo autonómico: no se pide enmienda parcial, sino supresión completa del texto antes de que adquiera carácter vinculante.
El borrador que Galicia exige retirar
El texto en tramitación en la Secretaría General de Pesca establece la obligación, para las embarcaciones pesqueras que operan en aguas exteriores, de utilizar sistemas técnicos destinados a mantener alejados a los cetáceos de las zonas de trabajo. El mecanismo concreto son los *pingers*, emisores de ultrasonidos cuya eficacia y efectos secundarios sobre el comportamiento de los propios delfines y sobre el rendimiento de las artes de pesca han generado controversia científica y sectorial en distintos países europeos desde al menos la década de 2000. La Xunta ha dirigido sus alegaciones al órgano competente para aprobar este tipo de regulaciones en el ámbito de la pesca marítima estatal.
La posición de la Xunta y el silencio del Ministerio
La administración gallega defendió en sus escritos que la medida debe suprimirse del procedimiento normativo en curso, según se desprende del contenido de las alegaciones presentadas. La Xunta no ha hecho pública hasta el momento una explicación detallada de los argumentos técnicos o económicos que sustentan esa petición, más allá de la oposición de fondo a la oportunidad y al contenido de la norma. La Secretaría General de Pesca, por su parte, no ha emitido respuesta pública a las alegaciones gallegas ni ha comunicado si prevé mantener, modificar o retirar el borrador, de acuerdo con el material disponible en el momento de publicación de esta información.
El peso económico del sector en juego
Galicia concentra la mayor flota pesquera de España y una parte sustancial del empleo costero ligado a la extracción marítima en el litoral nacional. La relevancia del sector explica que cualquier obligación técnica de carácter general —como la instalación de *pingers* en cada embarcación— tenga un impacto económico y operativo amplificado en comparación con otras comunidades autónomas. La tensión entre la regulación ambiental de la fauna marina protegida y la actividad extractiva es recurrente en Galicia, donde la pesca no es una actividad marginal sino un eje estructural de la economía costera.
El marco normativo europeo y estatal aplicable
La protección de los delfines se encuadra en la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, que incluye a los cetáceos entre las especies de interés comunitario sujetas a medidas de conservación obligatorias para los Estados miembros. La Unión Europea ha desarrollado en los últimos años planes de acción específicos para reducir las capturas accidentales de mamíferos marinos —el llamado *bycatch*—, generando presión normativa descendente sobre los gobiernos nacionales. En España, la pesca marítima en aguas exteriores es competencia exclusiva del Estado conforme al artículo 149.1.19 de la Constitución, lo que hace que el borrador estatal sea de aplicación obligatoria para la flota gallega que opera fuera de aguas interiores, con independencia de la posición autonómica.
Un conflicto con antecedentes en la regulación del *bycatch*
La disputa reproduce un patrón ya registrado en la Unión Europea a raíz del Reglamento (UE) 2019/1241 sobre conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos, que impuso restricciones técnicas a varias flotas europeas para reducir capturas accidentales de cetáceos. Francia registró a partir de 2020 un conflicto equivalente entre sus autoridades pesqueras del Atlántico y las exigencias comunitarias sobre el uso de *pingers* en determinadas artes de pesca, con suspensiones temporales de actividad en el golfo de Vizcaya que tuvieron repercusión directa sobre embarcaciones que comparten caladeros con la flota gallega. Aquel episodio evidenció que las medidas técnicas de este tipo, aunque justificadas en términos de conservación, generan costes y disrupciones operativas que los sectores pesqueros nacionales han cuestionado de forma sistemática.
El procedimiento de alegaciones y sus posibles desenlaces
El cauce utilizado por la Xunta —la presentación de alegaciones durante el periodo de consulta previa a la aprobación de una norma— es el mecanismo reglado que el ordenamiento jurídico español, conforme a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, pone a disposición de las administraciones y los particulares para oponerse a proyectos regulatorios antes de que adquieran fuerza vinculante. La administración promotora —en este caso, el Ministerio— está obligada a valorar los escritos recibidos, aunque no a aceptarlos. El resultado puede ser la retirada del borrador, su modificación parcial para incorporar alguna de las objeciones, o el mantenimiento íntegro del texto y su avance en la tramitación.
Plazos y vías abiertas
La resolución del conflicto quedará condicionada a la respuesta que la Secretaría General de Pesca emita tras analizar las alegaciones gallegas, un trámite sin plazo público conocido en el momento de publicación de este artículo. Si la norma prospera sin modificaciones sustanciales, la Xunta mantendría abierta la posibilidad de recurrir a otras vías de impugnación, incluida la vía contencioso-administrativa, aunque la administración gallega no ha formulado pronunciamiento en ese sentido según la documentación analizada. El sector pesquero gallego, directamente afectado, seguirá con atención una tramitación cuyo desenlace determinará si los *pingers* se convierten en obligación legal o si el borrador es retirado antes de llegar a ese punto.
