El dato de Banqmi no llega aislado. El V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026 apunta en la misma dirección: el 83% de los hogares con hijos considera que el coste de criarlos ha aumentado en el último año, y un 46,4% cree que lo ha hecho de forma notable. Son percepciones subjetivas, pero coherentes con el encarecimiento de partidas como alimentación, vivienda o suministros que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha venido registrando en sus índices de precios de consumo durante los últimos ejercicios.
La consecuencia más inmediata, según el mismo observatorio, es el recorte del gasto familiar. Un 36% de los hogares con hijos de hasta 18 años reconoce haber reducido gastos vinculados a la crianza por motivos económicos durante el último año. Los ajustes no son uniformes: se concentran sobre todo en partidas consideradas prescindibles, mientras que el material escolar —la compra obligada de septiembre— resiste mejor los recortes.
El ocio es la primera partida afectada: un 62% de las familias que ajustan gasto lo hace en ella. Le siguen la ropa y el calzado, con un 53,8%, y las actividades extraescolares, con un 48,5%. También caen el gasto en celebraciones y en juguetes. En cambio, solo el 10,7% recorta en material escolar, lo que confirma que libros y uniformes se perciben como un desembolso ineludible, casi al margen de la coyuntura económica de cada hogar.
La presión no se limita al gasto puntual de septiembre. Los servicios de conciliación y cuidado infantil muestran una brecha según la renta familiar. Entre los hogares de clase baja que utilizan estos servicios, el 52,2% declara dificultades para acceder al comedor escolar, y el 34,4% las declara para la guardería. Son cifras que retratan un acceso desigual a servicios que, en la práctica, condicionan la conciliación laboral de los progenitores y el desarrollo educativo de los menores.
El asunto conecta con un debate recurrente en la política española desde hace más de una década: la universalización o bonificación de comedores y escuelas infantiles. Distintas comunidades autónomas han aplicado en los últimos años medidas de gratuidad parcial o total en estos servicios, con coberturas dispares según el territorio, sin que exista todavía un marco estatal homogéneo que garantice el acceso igualitario con independencia de la renta familiar.
Cuando el ajuste llega a la decisión de tener hijos
El dato más significativo del informe de Cofidis va más allá del consumo inmediato: un 32,3% de los hogares reconoce haber pospuesto o descartado ampliar la familia por motivos económicos. De ellos, un 11,8% ha retrasado la decisión y un 20,5% la ha descartado directamente. La incidencia es mayor entre las clases media-baja y baja, lo que apunta a que la renta disponible actúa como filtro determinante en las decisiones reproductivas de una parte relevante de la población.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de España. El INE lleva años registrando una caída sostenida de la natalidad y un retraso en la edad media de maternidad, tendencia que comparten la mayoría de los países de la Unión Europea según los datos de Eurostat. Lo que aporta el observatorio de Cofidis es una vinculación explícita, declarada por los propios encuestados, entre la presión económica cotidiana —coste de la vivienda, crianza, conciliación— y el aplazamiento o la renuncia a la maternidad y la paternidad.
El fenómeno tiene precedentes en la historia económica reciente de España. Durante la crisis financiera de 2008-2013 se documentó una caída de la natalidad asociada al deterioro del mercado laboral y a la incertidumbre económica de los hogares jóvenes. La diferencia respecto a aquel periodo es que ahora la economía española crece y el empleo se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere que la presión actual respondería más al encarecimiento del coste de la vida que a la destrucción de empleo.
Ante el desembolso de septiembre, Banqmi advierte de un riesgo adicional: la tentación de recurrir al crédito para financiar un gasto que se repite todos los años. La entidad recomienda que la financiación no se convierta en la primera opción ante un desembolso previsible y, en caso de recurrir a ella, aconseja «analizar previamente el coste real de la operación, los intereses, las comisiones y el plazo de la devolución, así como comprobar que las cuotas son asumibles dentro del presupuesto familiar». De lo contrario, avisa, «puede generar una dinámica de endeudamiento especialmente comprometida cuando se acumula con otros gastos de la economía familiar».
La advertencia enlaza con un riesgo señalado por el Banco de España en sus informes de estabilidad financiera: el sobreendeudamiento de los hogares cuando se acumulan pagos aplazados de pequeño importe —tarjetas revolving, créditos rápidos, aplazamientos de comercios— que, sumados, pueden generar una carga financiera desproporcionada respecto a la renta disponible. El calendario escolar, además, concentra el gasto en un margen muy estrecho, generalmente entre finales de agosto y la primera quincena de septiembre, lo que dificulta diluir el desembolso salvo que la familia planifique con antelación mediante ahorro o recurra a los planes de reutilización de libros que numerosos centros y comunidades han impulsado en la última década.
A falta de una respuesta legislativa unificada a escala estatal, la cuestión seguirá dependiendo en gran medida de las políticas autonómicas de ayudas a la escolarización, becas de comedor y programas de préstamo de libros, cuya cobertura y cuantía varían sensiblemente de una comunidad a otra. El curso 2026-2027, ya iniciado, servirá previsiblemente de nuevo termómetro para el próximo Observatorio Cofidis y para los indicadores de natalidad que publicará el INE en los meses siguientes.
