El comunicado europeo señaló que la UE "sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua" y reclamó a las autoridades del país que garanticen que los comicios "se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales". El texto reiteró la condena europea a lo que calificó de "represión sistémica" y renovó la exigencia de liberar a todos los presos políticos, restablecer el Estado de derecho y permitir el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Bruselas pidió además que se acuerden reformas electorales orientadas a "una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual" y aseguró que mantiene sus canales diplomáticos abiertos, "en cooperación con los actores regionales". El mensaje de Kallas no adelantó, sin embargo, nuevas sanciones ni condicionó la cooperación bilateral existente, y se limitó a reiterar el respaldo europeo "a la legítima aspiración" del pueblo nicaragüense a la democracia.
El origen de la crisis está en la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo. En ese acto, Ortega —exguerrillero de 80 años que gobierna desde 2007— aseguró que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder". El presidente propuso además declarar "inaplicable" el artículo constitucional que impedía la reelección.
La respuesta gubernamental llegó el viernes, cuando Managua anunció que presentaría su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país, así como ante empresarios e inversores, en un intento de contener el rechazo internacional. Rosario Murillo, esposa del presidente y copresidenta del Gobierno, afirmó que la Asamblea Legislativa, coordinada por la Presidencia, avanza en una propuesta "para garantizar los procesos electorales libres, democráticos, soberanos y dignos", sin que se hayan hecho públicos sus términos concretos.
El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, matizó el miércoles que sí habrá elecciones en Nicaragua, aunque bajo un nuevo marco constitucional que las "blinde" de la injerencia extranjera. La formulación abre la puerta a una reforma que redefina el propio concepto de proceso electoral, en un país donde la oposición denuncia desde hace años inhabilitaciones y destierros de candidatos.
Un rechazo que se extiende por América
El malestar por las palabras de Ortega se ha extendido por buena parte del continente. Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Perú expresaron su preocupación, mientras que Panamá optó por retirar a su embajador en Managua. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también manifestaron su inquietud por el rumbo político del país.
Nicaragua completó en 2023 su salida de la OEA, tras años de tensiones con el organismo derivadas de la crisis abierta por las protestas de 2018, cuando la represión gubernamental dejó cientos de muertos según organizaciones internacionales de derechos humanos. Desde entonces, el país ha reducido su interlocución con instancias multilaterales y ha expulsado misiones de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.
El precedente inmediato es el de las elecciones de 2021, en las que Ortega logró un nuevo mandato tras la inhabilitación o encarcelamiento de los principales aspirantes opositores, entre ellos varios precandidatos presidenciales. Aquellos comicios fueron calificados de fraudulentos por la UE, Estados Unidos y buena parte de los gobiernos latinoamericanos, que impusieron sanciones a funcionarios y organismos vinculados al Ejecutivo nicaragüense.
La UE mantiene desde 2019 un régimen de sanciones específico para Nicaragua que contempla la congelación de activos y prohibiciones de viaje a altos cargos del Ejecutivo, incluidos miembros del círculo cercano a Ortega y Murillo. El marco se ha renovado periódicamente por el Consejo de la Unión Europea, si bien su capacidad de presión efectiva sobre Managua ha sido puesta en cuestión por organizaciones de derechos humanos, que reclaman una respuesta internacional más firme.
El anuncio de una eventual supresión de las elecciones sitúa a Nicaragua en un terreno inédito dentro de su trayectoria reciente. El Ejecutivo ya había consolidado un control sobre los tres poderes del Estado, la prensa y buena parte de la sociedad civil, pero el país había mantenido, al menos formalmente, un calendario electoral periódico, aunque desprovisto de garantías democráticas reales según los observadores internacionales.
La propuesta de reforma constitucional que prepara la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, deberá pasar por los trámites parlamentarios habituales, aunque la ausencia de una oposición con representación efectiva en el Legislativo hace previsible su aprobación sin apenas resistencia interna. El texto podría presentarse en las próximas semanas, según las declaraciones de Murillo, sin que se haya fijado una fecha concreta.
El desenlace de la crisis dependerá del contenido final de la reforma que Managua someta a debate y de la reacción que susciten sus términos entre los gobiernos de la región y en Bruselas. Hasta entonces, la incógnita es si las palabras de Ortega del pasado domingo se traducirán en una reforma que module el sistema electoral o en su desaparición efectiva.
