El rechazo manchego se suma al de Asturias, otra comunidad gobernada por el PSOE que también ha cuestionado el diseño de la reforma. Ambos ejecutivos autonómicos se hallan en la inusual posición de oponerse a una iniciativa estratégica impulsada por un Gobierno de su mismo color político, un desmarque que sitúa a dos administraciones socialistas frente al reparto pactado por su propio partido en el Estado.
Ruiz Molina cuestiona tanto el contenido como el procedimiento. Según su relato, el modelo se negoció de forma bilateral con un partido independentista al que la reforma «ni siquiera le afecta de forma directa», en referencia a Esquerra Republicana, y el acuerdo se escenificó con una fotografía en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y Oriol Junqueras. El consejero considera que esa negociación pactada con una sola formación lastra la legitimidad del sistema, que debería ser multilateral: «No se puede negociar un modelo con un solo partido», sostuvo, «e imponérnoslo a los demás para que lo aceptemos y sin opciones reales de modificarlo».
El núcleo técnico de la discrepancia es el principio de ordinalidad, que garantiza que cada comunidad mantenga tras la nivelación la posición relativa que tiene según su capacidad económica. Ruiz Molina interpreta que ese criterio implica que las autonomías con más recursos dispongan de mejores servicios públicos que las de menor renta, y defiende en su lugar una nivelación total, en la que los recursos se distribuyan en función de las necesidades y no de la capacidad recaudatoria de cada territorio.
El consejero cifra en 600 millones de euros anuales lo que Castilla-La Mancha necesitaría para igualar los recursos por habitante ajustado que obtendría Cataluña con el nuevo modelo, y en 250 millones adicionales la cantidad precisa solo para situarse en la media del conjunto de comunidades. Frente al argumento del Ejecutivo central, que subraya que la reforma aporta más recursos a todas las autonomías, Ruiz Molina replica que el crecimiento de los ingresos del Estado, que atribuye a un alza superior al 90% en los últimos años, no justifica aceptar un reparto que considera desigual: «Estaría bueno que si la tarta se hace más grande, no tuviéramos derecho a una porción más grande».
«El modelo es absolutamente regresivo y es más regresivo aún porque lo plantea un partido socialdemócrata», afirmó Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha.
La revisión del sistema se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que el Estado y las comunidades de régimen común negocian el reparto de recursos y donde el actual modelo, en vigor desde 2009, lleva años pendiente de reforma. Tras la última reunión de ese consejo, Ruiz Molina expresó su inquietud ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, busque apoyos adicionales de Junts para asegurar la aprobación parlamentaria, lo que a su juicio ampliaría las concesiones ya previstas para Cataluña.
La situación contrasta con anteriores reformas de la financiación autonómica, en las que las discrepancias entre comunidades de distinto signo político cuestionaban los resultados del modelo, pero no su estructura. En esta ocasión, según el planteamiento del consejero, el desacuerdo alcanza al propio diseño del sistema y a las formas de la negociación, con gobiernos socialistas autonómicos posicionados en contra de una reforma impulsada por su partido a escala estatal.
La discrepancia territorial dentro del PSOE no se limita a la financiación. El partido ya defendió su gestión de la crisis migratoria en Ceuta frente a las críticas internas y externas, cuando respondió que «desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar». En el caso de la financiación, Ruiz Molina anticipó que no haría campaña en contra de la reforma, pero sí «pedagogía» para explicar al votante socialista por qué el modelo deja a Castilla-La Mancha, según su análisis, en situación de infrafinanciación.
