La resolución, titulada «La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua», fue aprobada por aclamación en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores del organismo, según informó la propia OEA. El texto insta a las autoridades nicaragüenses a establecer condiciones para «la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas», recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y restituir la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.
La medida también crea un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua, encargado de abrir un diálogo con el Gobierno y la oposición y de presentar recomendaciones en un plazo de 90 días. Pese a la contundencia del lenguaje, la resolución no impone sanciones concretas contra el Gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El texto fue impulsado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, un bloque que reúne a algunos de los gobiernos más críticos con Managua en el continente. La participación, sin embargo, fue limitada: de los 34 Estados miembros, solo siete enviaron a sus cancilleres —Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití—, mientras el resto se hizo representar por delegados de menor rango.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió a los Estados miembros actuar por vías propias, al margen de la resolución colectiva, al calificar de «urgente» que la nación recupere el orden constitucional. Sugirió recurrir a sanciones económicas que no afecten a la población, así como a restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.
Brasil rechaza hablar de amenaza regional
No todos los miembros respaldaron el tono del texto. Brasil, que había votado en contra de convocar la reunión extraordinaria, subrayó durante el encuentro su oposición a cualquier referencia que señalara a Nicaragua como «una posible amenaza a la paz y a la seguridad regionales». La postura brasileña dejó en evidencia las fracturas que persisten dentro del organismo a la hora de calificar la crisis nicaragüense.
Esas divisiones no son nuevas. La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2019, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela, un expediente que también fracturó a sus miembros entre quienes exigían medidas duras y quienes defendían el principio de no injerencia.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, utilizó su intervención para denunciar que el Gobierno nicaragüense ha vetado el ingreso de la nueva embajadora estadounidense, Natasha Franceschi, ratificada el pasado miércoles por el Senado. La denuncia añadió un frente bilateral a la disputa diplomática entre Washington y Managua.
«La dictadura de Nicaragua ha vetado a la nueva embajadora estadounidense en el país», denunció Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, el canciller de República Dominicana, Víctor Ito Bisonó, anunció la decisión de su país de cerrar su embajada en Managua mientras «persistan las condiciones» de deterioro de la democracia nicaragüense, un gesto que profundiza el aislamiento diplomático del Gobierno de Ortega en el continente.
La relatora de la CIDH ve un «estado policial»
La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Rosa María Payá, ofreció el diagnóstico más severo de la jornada al describir al país como un régimen que persigue a sus nacionales incluso fuera de sus fronteras.
«Estado policial que utiliza su arquitectura transnacional para intimidar y cargar contra sus nacionales en el extranjero», definió Rosa María Payá, relatora de la CIDH para Nicaragua.
El origen inmediato de la crisis se remonta al 19 de julio, cuando Ortega declaró que en Nicaragua no habría más elecciones. Tras ese anuncio, el Gobierno impulsó una reforma constitucional orientada a impedir la participación electoral de personas consideradas «traidores a la patria», fórmula con la que las autoridades han identificado a figuras de la oposición. La reunión no contó con representantes de Nicaragua, dado que el país abandonó el organismo panamericano en 2023 por orden de Ortega.
El episodio se inscribe en una serie de tensiones regionales que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los organismos multilaterales americanos, en un contexto en el que también se discuten casos como el seguimiento de Acnur a la situación migratoria venezolana, que ilustra la dificultad para articular posiciones unánimes frente a gobiernos de la región señalados por organismos internacionales.
El grupo ministerial de seguimiento creado por la resolución tendrá 90 días, contados desde su aprobación este viernes, para presentar un informe con recomendaciones concretas sobre la situación nicaragüense.