El desencuentro quedó a la vista tras la sesión de control de esta semana en el Congreso. Preguntado por la situación de los menores no acompañados en las calles ceutíes, Pedro Sánchez respondió a la salida, según fuentes gubernamentales, con una frase que resume el estado de la relación entre ambas administraciones: «Eso pregúnteselo a Vivas».
Desde Moncloa sitúan el punto de inflexión la semana pasada, cuando Vivas viajó a Madrid para dar una conferencia política y después a Bruselas, donde se reunió con responsables comunitarios para abordar la situación de la ciudad autónoma. El Ejecutivo interpreta ese movimiento como parte de una estrategia coordinada con el PP nacional para desgastar su gestión, en la línea de la denuncia del presidente andaluz, Juanma Moreno, que acusó a Sánchez de «indolencia arrogante» ante la «invasión» de Ceuta.
«Hemos visto un cambio sustancial», aseguran fuentes gubernamentales, que perciben a Vivas alineado con los intereses de Génova antes que con los de Ceuta. En el Ejecutivo recuerdan que, según sostienen, la administración ceutí puso trabas durante las primeras semanas de gestión de la emergencia para reubicar a los migrantes: «Nos han negado sitios cuando ya estaban preparados», revelan. Y advierten sobre el nuevo tono de Vivas: «Si decide jugar, cartas sobre la mesa».
El limbo jurídico de los menores
Moncloa atribuye el retraso en la tramitación de expedientes de los menores no acompañados a la negativa de Ceuta a asumir su asistencia legal durante las entrevistas necesarias para iniciar reagrupaciones familiares o valorar su vulnerabilidad. Ese choque competencial, según las mismas fuentes, explica que hasta el pasado martes solo hubieran podido tramitarse diez casos, con los menores en un limbo jurídico de mes y medio.
El Gobierno da máxima relevancia a la reubicación de los inmigrantes fuera de las calles, al considerar que es un paso indispensable para reducir la sensación de inseguridad ciudadana y para poder filiarlos e iniciar los expedientes de expulsión que correspondan. Uno de los episodios más señalados, apuntan, fue el emplazamiento de un punto de reubicación en el puerto, que llevó al Ejecutivo a tomar el control directo de la infraestructura.
«Se acabó la tregua», sentencian fuentes gubernamentales.
Sánchez ya avanzó el giro en una entrevista el lunes en 'El Intermedio', donde admitió el contraste con la crisis de 2021: «Trabajamos codo con codo y en 2026 no ocurre lo mismo, porque, efectivamente, acordamos cuestiones de cesión o acuerdo de utilización de superficies para reubicar a los migrantes y encontramos ciertas dificultades después de esos acuerdos que alcanzamos». Para el presidente, lo que ha cambiado es «un interés por parte del PP y de Vox de utilizar la crisis, no para ayudar a los ceutíes, sino para desgastar al Gobierno de España». La crisis migratoria de mayo de 2021, con la entrada de más de 8.000 personas por la frontera de Ceuta en apenas dos días, había sido gestionada entonces con una coordinación que Moncloa echa ahora en falta.
Torres, mando único de la crisis
En Moncloa rechazan la idea de un abandono institucional que, sostienen, proyecta Vivas. Insisten en que el presidente ceutí mantiene «encuentros periódicos» con Sánchez —ambos han coincidido en reuniones del Consejo de Seguridad Nacional— y «conversaciones constantes» con otros ministros, en particular con Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y designado mando único para la crisis, con quien aseguran que habla «todos los días». Sobre las declaraciones de Vivas en las que asegura que Sánchez no le ha llamado, replican: «Intenta trasladar una realidad que no es tal, sorprenden esas declaraciones». El anuncio de que Sánchez elevó a 10.000 las plazas de acogida en Ceuta y fijó el mando único a fin de año forma parte de ese despliegue.
La responsabilidad, en el relato del Ejecutivo, no recae solo sobre Vivas. Un ministro consultado apunta también a Bruselas y a la burocracia derivada del Pacto de Asilo y Migraciones, en vigor desde este verano: «La responsabilidad es de Europa y de la política migratoria europea», sostiene, en referencia a las consecuencias de externalizar el control fronterizo a terceros países. En el Gobierno reconocen su aislamiento frente a Bruselas, con decisiones como la regularización masiva que han chocado con el giro restrictivo de buena parte de los socios comunitarios.