El acuerdo, firmado entre la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) y los sindicatos CGT, SPPLB, CCOO y UGT, fija incrementos retributivos que llegan hasta los 458 euros mensuales según la categoría profesional de los bomberos forestales adscritos a los operativos de extinción de incendios. La cifra se suma a un aumento de 300 euros mensuales para el personal administrativo del servicio, dentro de la misma negociación.
De los cuatro millones destinados a reforzar la plantilla, 42 puestos corresponden a bomberos forestales helitransportados y otros 22 a estructura operativa, una ampliación del operativo de extinción en un territorio marcado por episodios recurrentes de incendios en verano. El pacto incluye además la adecuación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la SGISE, un trámite administrativo que abre la puerta a la creación de nuevas plazas más allá de las ya comprometidas.
Los 2,7 millones reservados para la negociación del primer convenio colectivo de la SGISE marcan, según Pérez Llorca, un paso «decisivo» hacia un objetivo que los sindicatos del sector reclaman desde hace tiempo: dotar de un marco laboral propio y estable a un colectivo que hasta ahora ha operado bajo condiciones dispersas entre categorías y adscripciones. La entidad, encargada de la gestión integral de los servicios de emergencias valencianos, no cuenta a día de hoy con un convenio unificado que ordene retribuciones, jornadas y promoción profesional.
El «espíritu de 4 de diciembre»
El acuerdo se enmarca en lo que el propio Pérez Llorca ha denominado el «espíritu de 4 de diciembre», en referencia al día de su toma de posesión como president, cuando prometió llegar «con la mano tendida a todas las instituciones, con la vocación de escuchar a todas las fuerzas políticas, agentes económicos, agentes sociales» y cerró su discurso con la fórmula «todos son todos y con todos se avanza».
«El diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos siempre deben estar por encima de la confrontación», declaró Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana.
El president reivindicó que los acuerdos cerrados este año son fruto de «una forma de hacer política basada en sumar y avanzar juntos» y ofreció de nuevo su «mano tendida» para «construir mejoras que beneficien al conjunto de la sociedad valenciana».
El pacto con los bomberos forestales se suma a una serie de acuerdos cerrados por el Consell en los diez meses transcurridos desde la investidura de Pérez Llorca. Entre ellos figuran la mejora retributiva para los trabajadores de Justicia, la implantación de la jornada de 35 horas semanales para empleados públicos de la Generalitat, un acuerdo de condiciones laborales con el sindicato médico CESM-CV y la firma del convenio colectivo de Ferrocarriles de la Generalitat. También se alcanzó un pacto con la educación concertada para la jubilación parcial y la mejora de horarios en centros de Formación Profesional y Educación Especial.
Pérez Llorca contrapuso su acuerdo con el sindicato médico CESM-CV a la situación estatal: mientras en la Comunitat Valenciana se cerró ese pacto, la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene un conflicto abierto con los facultativos a escala nacional. Los docentes valencianos, por su parte, cobrarán a partir del 30 de septiembre el incremento salarial pactado en las mesas sectoriales con los sindicatos CSIF y ANPE.
Un modelo de financiación pendiente desde 2009
La política de acuerdos sindicales del Consell se desarrolla en un contexto de tensión estructural sobre la financiación de las comunidades autónomas, un debate que en España se arrastra desde la aprobación del modelo vigente en 2009 y que sigue pendiente de reforma pese a los sucesivos compromisos de los gobiernos centrales de distinto signo. La Comunitat Valenciana ha sido tradicionalmente una de las autonomías que reclaman una revisión del sistema, al considerarse infrafinanciada respecto a su población y necesidades de gasto.
El refuerzo de los operativos de extinción de incendios llega en un momento de mayor exposición del arco mediterráneo a episodios de fuego forestal, un fenómeno que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vincula al aumento de las temperaturas y las olas de calor. Esa presión estacional recae sobre unos cuerpos de extinción cuya dotación de medios humanos y materiales depende directamente de los presupuestos autonómicos.
El acuerdo se firma, además, en un año de tensión presupuestaria para hogares y administraciones. Medidas como el fin de la rebaja fiscal a los carburantes han puesto de relieve el estrechamiento del margen fiscal con el que el Gobierno central y las comunidades autónomas sostienen el gasto social y de personal.
La adecuación de la RPT y la creación de nuevas plazas quedan supeditadas a los 2,7 millones reservados para la negociación del convenio colectivo de la SGISE, que arrancará como continuación del pacto cerrado este viernes. El calendario más inmediato lo marca el 30 de septiembre, fecha en que los docentes valencianos percibirán el incremento salarial acordado con CSIF y ANPE.
