El mecanismo que describe E&Y parte de un supuesto concreto: si los centros de datos no se conectan en los volúmenes previstos, los costes fijos del sistema eléctrico —ya comprometidos en infraestructura— se repartirían entre menos grandes consumidores, y una parte de esa factura recaería sobre los hogares.
«La no materialización de entre 3,5 y 4 GW de demanda de centros de datos podría dejar infrautilizada parte de la infraestructura prevista y reducir entre un 1,1% y un 5,7% los ingresos destinados a cubrir los costes regulados del sistema», señala E&Y en su informe.
El proyecto normativo, conocido en sus líneas generales en las últimas semanas, obliga a los centros de datos a garantizar que el 80% de su consumo proceda de renovables en todo momento del día, y no como media anual. Esa exigencia de correlación horaria eleva de forma sustancial el coste energético para los operadores: según los cálculos de la consultora, el suministro para un centro de datos bajo el proyecto de decreto costaría 133,07 euros por megavatio hora en 2030, frente a los 55 euros que marca el precio de futuros en el mercado mayorista.
La brecha se ensancha con el tiempo. Entre 2027 y 2030, mientras el precio de mercado cae un 41% por la mayor penetración renovable, el coste derivado del proyecto de decreto sube un 1%, lo que según E&Y sitúa a España en desventaja frente a sus competidores pese a partir de una posición favorable.
«España tiene uno de los precios de electricidad más bajos de Europa, pero si se aplicase el Proyecto de Real Decreto sus centros de datos se expondrían a un coste energético significativamente más elevado que los precios del mercado a futuro», apunta el informe.
El riesgo no es solo de encarecimiento, sino de fuga de inversión hacia el país vecino, con el que España comparte el mercado eléctrico ibérico (MIBEL). Portugal «integra sostenibilidad mediante transparencia y reporting, sin imponer requisitos de matching obligatorios», recoge el documento, lo que lo convierte en destino más atractivo para los mismos proyectos que hoy se barajan para suelo español. De los más de 66.900 millones de euros en inversiones anunciadas entre ambos países, E&Y calcula que hasta 60.000 millones están en riesgo de no materializarse —el 80%—, y que de los proyectos conjuntos solo unos 4,4 GW llegarían a buen puerto, de los cuales apenas 1,2 GW están ya construidos o en desarrollo.
Irlanda y Alemania, sin correlación horaria
La comparativa internacional que maneja la consultora sitúa a España como un caso singular. Irlanda exige también un 80% de renovables, pero lo mide en balance anual, no por horas; Alemania acepta garantías de origen como instrumento de cumplimiento. Reino Unido, según el informe, «ataca la especulación en la cola con garantías económicas e hitos de madurez» mediante acuerdos voluntarios de eficiencia con incentivo fiscal, sin requisitos renovables obligatorios, mientras Noruega y Texas abordan el desafío desde la seguridad y la flexibilidad de la red, y Finlandia y Brasil optan por incentivos de conexión y fiscales que evitan la adicionalidad rígida del borrador español.
«Ninguna norma de la UE exige adicionalidad ni correlación horaria a los centros de datos. La UE apuesta por la transparencia y por un despliegue ordenado de los mismos», sostiene E&Y.
El Gobierno se ha comprometido a aprobar el real decreto en las próximas semanas pese al adelanto electoral, según el calendario conocido hasta ahora. La discusión sobre el marco regulatorio de los centros de datos se suma a otros frentes abiertos sobre el modelo energético y de infraestructuras, en un contexto en el que distintos sectores han cuestionado públicamente decisiones recientes del Ejecutivo, como ocurrió con los decretos de vivienda del Gobierno.
