El temor no se centra en el funcionamiento operativo de los vehículos, sino en la posibilidad de que determinados componentes electrónicos permitan recopilar datos sin conocimiento de los ocupantes. Según esas fuentes, se han realizado comprobaciones técnicas para detectar vulnerabilidades en los sistemas electrónicos, pero sin que exista garantía absoluta de que los vehículos no puedan transmitir información sobre itinerarios o conversaciones.
«Podrían oír órdenes o códigos», advierten las fuentes militares de alto nivel citadas por OKDIARIO.
Entre los datos considerados sensibles figuran los desplazamientos de las unidades, sus rutas habituales, las instalaciones que visitan y el contenido de las conversaciones mantenidas durante los trayectos. En el ámbito militar, el conocimiento de estos patrones permitiría identificar rutinas operativas, movimientos de personal o referencias a despliegues, lo que explica la cautela de los mandos consultados, que advierten del riesgo hipotético de que se capten instrucciones o códigos utilizados por los militares.
Las fuentes militares no afirman haber detectado un sistema de espionaje instalado en los vehículos. Lo que cuestionan es la imposibilidad de garantizar por completo la ausencia de cualquier vía de acceso no autorizado a la información. La distinción es relevante: separa un riesgo que consideran necesario descartar de una operación de espionaje acreditada. No consta públicamente que los Landtrek entregados incorporen tal dispositivo ni que se haya producido una filtración.
La adjudicación a Iturri de 2024
La controversia se remonta a la adjudicación realizada en 2024 a la empresa española Iturri para el suministro de hasta 4.500 vehículos militares todoterreno tácticos, por un importe cercano a los 217 millones de euros. El contrato contempla la sustitución progresiva de los Santana Aníbal, en servicio durante años en las Fuerzas Armadas, y convirtió a esta plataforma en una de las principales apuestas para renovar la flota de vehículos ligeros.
Los nuevos vehículos se basan en el Peugeot Landtrek, una plataforma vinculada industrialmente a Changan, aunque la militarización se realiza en territorio español. La empresa adjudicataria sostiene que el vehículo incorpora tecnología europea, incluido un motor de diseño alemán, una combinación de orígenes que obliga a distinguir entre la procedencia industrial del chasis y la seguridad de los sistemas electrónicos finalmente instalados.
Iturri anunció en noviembre de 2025 la entrega de las primeras 20 unidades. El Ejército de Tierra confirmó después que el Grupo de Regulares de Melilla número 52 había recibido diez vehículos en febrero de este año para reforzar su movilidad. En agosto trascendió además la compra de otros 320 todoterrenos Landtrek por unos 29 millones de euros, con entregas previstas antes de que termine noviembre.
El despliegue progresivo de este modelo, llamado a convertirse en una herramienta habitual para el transporte de unidades del Ejército de Tierra, coincide así con el malestar trasladado por los mandos, que ven en la expansión del contrato un motivo adicional de urgencia para resolver las dudas técnicas pendientes.
El dilema de la cadena de suministro militar
La cuestión de fondo trasciende el fabricante concreto y apunta a un problema más amplio: hasta qué punto las Fuerzas Armadas pueden controlar todos los componentes electrónicos de los equipos adquiridos a través de proveedores con cadenas de producción internacionales. El dilema no es exclusivo de España: en 2020 el Reino Unido ordenó retirar el equipamiento del fabricante chino Huawei de su red 5G por motivos de seguridad nacional, y la Comisión Europea instó ese mismo año a los Estados miembros a limitar la presencia de proveedores de alto riesgo en infraestructuras críticas.
Los sistemas de navegación, localización, comunicaciones y entretenimiento que incorporan muchos vehículos modernos pueden disponer de micrófonos, receptores de posicionamiento o conexiones inalámbricas. La presencia de estos elementos en versiones comerciales, sin embargo, no demuestra que estén instalados o activos en la adaptación militar del Landtrek, una matización que reconocen las propias fuentes consultadas.
Para los mandos, la cuestión fundamental es la imposibilidad de ofrecer garantías absolutas sobre la ausencia de vulnerabilidades incluso después de realizar comprobaciones técnicas. Esta incertidumbre sitúa al Ejército ante una gestión de riesgos que combina plazos de sustitución de flota, necesidades presupuestarias y exigencias de seguridad nacional difíciles de conciliar sin inversiones adicionales en auditoría tecnológica.
El episodio se inscribe en un contexto en el que la dependencia de componentes de origen chino genera recelos crecientes entre los aliados occidentales, en paralelo a otros frentes de tensión en el entorno de seguridad europeo, como el ataque con drones a dos buques en el mar Negro que investiga Rumanía. En ambos casos late la misma pregunta: qué grado de control pueden mantener los Estados sobre equipos con componentes extranjeros en escenarios de tensión geopolítica.
No consta públicamente que los Landtrek entregados al Ejército español incorporen un dispositivo de recopilación o transmisión de datos no autorizado, ni que se haya producido una filtración. La distinción, subrayada por las propias fuentes militares, separa un riesgo teórico que consideran necesario descartar de una operación de espionaje confirmada, extremo que ninguna fuente ha acreditado.