Echeverría no limitó su diagnóstico a la ciberseguridad y los drones. Según su intervención, las carencias se extienden a los medios militares tradicionales: vehículos blindados, artillería y aeronaves que necesitan mantenimiento y renovación constantes y que, pese a la irrupción de los sistemas no tripulados, siguen siendo imprescindibles para las operaciones terrestres. El general insistió en que los drones complementan estas capacidades, pero no reemplazan las funciones de los carros de combate, la artillería o la aviación.
«España ha perdido capacidades de Defensa», declaró el general de división Francisco Javier Echeverría, director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, durante el XXV Foro de Economía, Sociedad y Defensa celebrado en la Universidad de Zaragoza.
La guerra en Ucrania funciona en este relato como catalizador más que como origen del problema. Desde la invasión rusa de febrero de 2022, pequeños aparatos no tripulados de bajo coste han demostrado capacidad para localizar posiciones, vigilar desplazamientos de tropas y destruir vehículos blindados de fabricación mucho más costosa, lo que ha obligado a revisar doctrinas de combate asentadas durante décadas. Esa lección, extendida por buena parte de los ejércitos de la OTAN, explica la urgencia con la que Echeverría reclama actualizar el equipamiento español.
El problema de fondo, según el planteamiento del general, no es solo presupuestario sino también de plazos. Adquirir nuevo material no implica disponer de él de forma inmediata: los equipos deben llegar a las unidades, el personal necesita formación específica y hace falta contar con especialistas capaces de mantenerlos operativos. Cuando un programa de modernización se retrasa varios años, recuperar ese tiempo perdido se complica de forma considerable, una dinámica que no es exclusiva de España pero que Echeverría situó como uno de los obstáculos centrales para cerrar la brecha de capacidades.
Esta tensión entre inversión y tiempos de implementación no es nueva en la historia militar española. Tras la Transición, las Fuerzas Armadas arrastraron durante años un déficit de modernización que solo empezó a corregirse con la integración en la OTAN en 1982 y, más tarde, con los programas de profesionalización de los años noventa y dos mil, cuando se suprimió el servicio militar obligatorio. La pauta se repite ahora con la tecnología de guerra electrónica y los sistemas no tripulados, que exigen una curva de adaptación distinta a la de los grandes programas de armamento convencional.
El debate del 2% y el 5% de la OTAN
Durante su intervención, Echeverría abordó también la cuestión presupuestaria, un asunto que atraviesa toda la Alianza Atlántica desde que Estados Unidos presiona a sus socios europeos para elevar el gasto militar. El general mencionó tanto el objetivo del 2% del PIB como el techo del 5% planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque evitó precisar la cifra que España necesitaría destinar para resolver sus carencias concretas. Su argumento apunta a que el porcentaje de gasto por sí solo no resuelve automáticamente los déficits de capacidades si antes no se identifican con precisión las necesidades reales de cada ejército.
España cumplió en 2025 el compromiso del 2% del PIB en gasto militar, según certificó la OTAN en marzo de ese año, un umbral mínimo fijado por la Alianza en la cumbre de Gales de 2014. El avance, sin embargo, no se traduce en una recuperación inmediata de los medios pendientes de renovación: varios programas de adquisición requieren años de desarrollo y fabricación, y dependen además de la disponibilidad de componentes y de la formación de especialistas cualificados, cuellos de botella que afectan por igual a otros ejércitos europeos inmersos en procesos de rearme tras la invasión de Ucrania.
No todo el presupuesto de Defensa se destina a la compra de armamento nuevo. Una parte sustancial de los recursos se consume en gastos de personal, mantenimiento de vehículos, instalaciones y adiestramiento de las tropas, una distribución que explica por qué alcanzar el porcentaje comprometido con la OTAN no cierra el debate sobre la financiación militar española. Este reparto de partidas es habitual en los presupuestos de defensa de los países aliados y figura entre los argumentos recurrentes cuando se discute la suficiencia real del gasto frente a su mero cumplimiento formal.
El Hub de la Defensa de Aragón
Echeverría aprovechó su paso por Zaragoza para destacar el Hub de la Defensa de Aragón, una iniciativa que agrupa a más de un centenar de empresas con el objetivo de conectar la actividad industrial de la región con las necesidades de las Fuerzas Armadas. El general valoró esta colaboración entre el Ejército de Tierra y el tejido empresarial, aunque reconoció que todavía no existen datos suficientes para medir su impacto económico en la comunidad autónoma.
La relevancia de contar con capacidades industriales propias no es meramente simbólica. La dependencia de proveedores extranjeros puede complicar determinadas adquisiciones cuando varios países compiten por el mismo material y los fabricantes acumulan pedidos, una situación agravada en Europa desde 2022 por el aumento simultáneo del gasto militar en varios países de la OTAN. Disponer de empresas nacionales capaces de desarrollar tecnología, fabricar componentes o reparar equipos ayuda a mitigar ese riesgo, aunque no elimina la necesidad de cooperación industrial con los socios europeos.
Las advertencias de Echeverría coinciden con un momento de tensión creciente en el flanco oriental de la Alianza Atlántica, donde Rumanía confirmó un ataque con drones a dos buques en el mar Negro, un episodio que ilustra hasta qué punto los sistemas no tripulados se han convertido en una amenaza cotidiana para infraestructuras y activos militares convencionales en toda Europa.
El planteamiento de Echeverría deja sobre la mesa una cuestión que seguirá presente en los próximos debates presupuestarios: identificar con precisión qué capacidades necesita recuperar el Ejército español y a qué ritmo puede hacerlo, al margen de si el porcentaje de gasto militar se sitúa en el 2% actual o se aproxima al 5% reclamado por Washington.