«Soy una de las personas que está penalizada con la reducción por jubilación anticipada voluntaria. Mi cotización fue, durante toda mi vida, de 47 años y 165 días de trabajo continuado. Aparte de los dos años de servicio militar, que en aquella época eran obligatorios», relata Catalán en un vídeo difundido por ASJUBI40, asociación de la que forma parte desde hace años.
El sistema de coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social no exime de recortes ni a las carreras de cotización más largas. Una persona que se jubile 24 meses antes de la edad ordinaria sufre una reducción del 21% si ha cotizado menos de 38 años y seis meses, del 19% entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, del 17% en el siguiente tramo y del 13% si acumula 44 años y seis meses o más. Catalán, pese a superar ampliamente ese último umbral, no quedó libre de penalización.
La normativa distingue cuatro grupos según el tiempo cotizado acumulado: menos de 38 años y seis meses; entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses; entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses; y 44 años y seis meses o más. Cuanto mayor es la carrera de cotización, menor es el coeficiente aplicado, pero la reducción no desaparece en ningún tramo, ni siquiera para quienes, como Catalán, rebasan las cuatro décadas y media de cotización.
Si la jubilación se adelanta 18 meses respecto a la edad legal, los recortes son del 8,8%, 8,4%, 8% y 7,6% según el tramo. Adelantarla seis meses implica penalizaciones de entre el 3,45% y el 4%, y un solo mes antes de la edad ordinaria la reducción oscila entre el 2,81% y el 3,26%. Son horquillas que se aplican de forma permanente sobre toda la vida de la prestación, no solo durante un periodo transitorio.
Para acogerse a esta modalidad, trabajadores por cuenta ajena y autónomos deben tener como máximo dos años menos que la edad ordinaria de jubilación y acreditar un mínimo de 35 años cotizados, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la solicitud. En el sistema especial agrario por cuenta ajena se exige, además, que al menos seis de los últimos diez años cotizados correspondan a actividad efectiva. El servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria y el servicio social femenino computan como cotización, con un tope máximo de doce meses.
La subida de la edad ordinaria en 2027
El mecanismo de jubilación anticipada no es estático: a partir de 2027 la edad ordinaria de jubilación subirá dos meses, hasta fijarse en 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses, mientras se mantendrá en 65 años para quienes superen ese umbral. En paralelo, la edad mínima para la jubilación anticipada voluntaria será de 65 años para quienes no alcancen los 38 años y seis meses cotizados, y de 63 años desde el 1 de enero para quienes sí los superen. Este calendario forma parte del ajuste progresivo de la edad legal que arrancó con la reforma de pensiones de 2011 y que, desde entonces, ha ido elevando gradualmente el umbral ordinario hasta los 67 años previstos para 2027.
ASJUBI40 reclama que esta subida gradual no resuelve lo que considera una injusticia de fondo: que trabajadores con carreras de cotización extraordinariamente largas sigan sufriendo recortes vitalicios por adelantar su retiro, incluso cuando ese adelanto responde a décadas de esfuerzo acumulado y no a una salida prematura del mercado laboral.
«Somos una generación que empezó a trabajar muy joven, que ha levantado empresas, sostenido servicios públicos, contribuido a la Seguridad Social y participado con su esfuerzo en el desarrollo de España. Hemos trabajado durante décadas, hemos cotizado durante más de 40 años y hemos contribuido al bienestar de nuestras familias y del conjunto de la sociedad», defiende ASJUBI40 junto al testimonio de Catalán.
La asociación añade que buena parte de este colectivo sigue aportando después de la vida laboral activa, al cuidar de nietos y facilitar la conciliación familiar de sus hijos, una contribución que, sostiene, no se refleja en el cálculo de la pensión. El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado es un debate que el INE ha intentado cuantificar en sus cuentas satélite, sin que ello se haya traducido en ajustes del sistema de pensiones.
El sistema actual de penalizaciones escalonadas por años cotizados procede de la reforma de pensiones de 2013. Desde entonces, distintos colectivos de jubilados han reclamado una revisión que distinga con mayor nitidez entre quien se retira anticipadamente por decisión voluntaria sin una carrera larga y quien lo hace tras más de cuatro décadas de cotización ininterrumpida. La reforma impulsada a partir de 2021, que modificó otros parámetros del sistema, no ha alterado esta arquitectura de coeficientes.
La presión sobre las cuentas de la Seguridad Social sigue creciendo por otras vías: los autónomos pagarán hasta 61 euros más en 2027 por la subida del MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional diseñado para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio plazo.
Pedro Catalán resume su reclamación en una frase que ASJUBI40 ha convertido en bandera de su campaña: «solicito que se haga justicia y se proceda a hacer los reajustes correspondientes a todas las personas que están implicadas en esta situación».