La ausencia de prueba documental sobre quién participa y en qué proporción es, según los agentes, el origen más frecuente de los conflictos posteriores a un sorteo con premio. No se trata de una novedad normativa ni de un cambio legal, sino de una pauta preventiva para evitar que las disputas por un décimo compartido acaben derivando en denuncias o procedimientos civiles por la titularidad del premio.
La fórmula que proponen los agentes pasa por fotografiar o fotocopiar el décimo por ambas caras, de modo que quede constancia del número, la serie, la fracción y la fecha del sorteo. A esos datos debe añadirse la identificación de todas las personas que participan, la cantidad que aporta cada una y quién se queda con el original, ya que será esa persona la que actúe como depositaria y deba presentar físicamente el décimo para iniciar el cobro si resulta agraciado. Por eso recomiendan que el acuerdo incluya los datos identificativos y las firmas de los participantes.
La Organización de Consumidores y Usuarios lleva años insistiendo en una recomendación similar: que cada participante conserve una copia en la que figuren el nombre y el DNI de quien guarda el décimo, el número jugado y el importe correspondiente a cada uno. Una fotocopia firmada por todos los implicados puede servir como prueba del reparto en caso de controversia.
Compartir la imagen del décimo por WhatsApp es una práctica extendida, pero los agentes advierten de que una fotografía aislada no siempre acredita quién participa ni qué cantidad aporta cada uno. Recomiendan conservar la conversación completa, con la aceptación expresa de todos los participantes y el importe jugado por cada persona, y guardar transferencias o Bizums que identifiquen el concepto del pago como respaldo adicional, aunque no sustituyan al acuerdo escrito. La precaución, añaden, cobra más importancia cuanto mayor es el premio, porque al cobrarlo a través de una entidad financiera deben identificarse los beneficiarios y el porcentaje de cada uno.
La cautela se extiende a las participaciones vendidas por asociaciones, clubes, bares o comercios sobre un décimo concreto, en las que conviene comprobar quién las emite y qué cantidad se juega realmente. La papeleta debe conservarse hasta después del sorteo y debería identificar al emisor, el número jugado y el importe, diferenciando si parte del precio se destina a un donativo.
Para las compras por internet, la recomendación pasa por acudir a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o a páginas de administraciones autorizadas, evitando enlaces recibidos por correo electrónico, SMS o redes sociales y desconfiando de ofertas a precios anormalmente bajos. SELAE recuerda que, si la compra se realiza por su canal oficial, el comprador dispone de un registro electrónico de la apuesta y no necesita presentar físicamente el décimo para cobrar.
Si el décimo se pierde o es sustraído, la recomendación es denunciarlo cuanto antes aportando todos los datos disponibles, incluida cualquier fotografía, fotocopia o acuerdo de participación que permita identificar el número y acreditar quién tenía derecho sobre él. La acreditación documental también resulta determinante en otros delitos contra la propiedad, como el robo de una joyería que derivó en la detención de seis personas en Torrijos tras el accidente de Urda.
Loterías y Apuestas del Estado recuerda además que nunca exige un pago previo para liberar un premio ni solicita claves personales por SMS, correo electrónico o llamada telefónica, y aconseja no atender ninguna petición de dinero bajo ese pretexto y verificar siempre la información por sus canales oficiales.
Los décimos premiados tienen un plazo limitado para su cobro: tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo en el caso de la Lotería Nacional. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en los puntos de venta de la red comercial, mientras que los de mayor cuantía se tramitan a través de las entidades financieras autorizadas por SELAE.