La carta que ha desencadenado la controversia está firmada por el eurodiputado español Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, y por el italiano Peppe Provenzano, responsable de relaciones exteriores del Partido Democrático italiano, actualmente en la oposición al Gobierno de Meloni. En ella se reclama al PSE una posición crítica frente al acercamiento de Frederiksen a la ultraderecha italiana en el diseño de políticas migratorias comunes, en un momento en que Ceuta se ha convertido en el punto de fricción visible de un debate que recorre toda la Unión Europea.
La respuesta danesa ha sido inmediata y sin matices. El portavoz de política migratoria de los socialdemócratas daneses, Rasmus Stoklund, señaló a un medio europeo que su partido «mantiene su firme postura a favor de una política de inmigración estricta» y que el control del número de personas que entran en Dinamarca y en Europa «no cambiará simplemente porque alguien nos escriba una carta». La formulación no deja margen a la ambigüedad: Copenhague no contempla revisar un modelo que combina un discurso de mano dura con un Estado del bienestar robusto, fórmula que los socialdemócratas daneses defienden como clave de su éxito electoral.
Frederiksen, que compareció la semana pasada ante el Parlamento danés (Folketinget) para explicar la posición de su Gobierno sobre la crisis de Ceuta, fue más allá al vincular la tensión migratoria con una amenaza de carácter interno. En su intervención sostuvo que «el problema para los europeos es que estamos amenazados tanto desde fuera como ahora desde dentro», y atribuyó la fractura no a un desacuerdo entre Copenhague y Madrid sino a personas «con un trasfondo islámico que, lamentablemente, no quieren una sociedad europea abierta y libre». Un lenguaje que sitúa el debate en un terreno identitario y que contrasta con el enfoque humanitario que el Ejecutivo español ha defendido públicamente en relación con Ceuta.
El silencio del SPD y el cálculo electoral sueco
La ausencia de respaldo de otros partidos socialdemócratas resulta tan reveladora como la propia carta. Ninguna otra formación de la familia se ha querido sumar al debate. El SPD alemán, socio minoritario en la coalición de gobierno en Berlín, ha optado por no pronunciarse, consciente de que cualquier gesto percibido como favorable a una relajación de los controles fronterizos podría beneficiar electoralmente a Alternativa para Alemania (AfD), la formación de extrema derecha convertida en una de las principales fuerzas en los länder del este del país. El propio Löfven se encuentra en una posición especialmente delicada: los socialdemócratas suecos afrontan elecciones generales el 13 de septiembre con el objetivo de recuperar el Gobierno, y para ello han asumido un giro hacia políticas migratorias restrictivas más cercanas al modelo danés que al español. Ese cálculo electoral limita drásticamente su margen para secundar la petición de Sánchez sin poner en riesgo sus propias opciones.
La Comisión Europea, por su parte, ha optado por mantenerse al margen de la disputa interna del PSE, aunque sin ocultar del todo hacia dónde se inclina el consenso comunitario, más próximo a la posición de Frederiksen que a la del primer ministro español. El portavoz oficial del Ejecutivo comunitario mencionó el martes la posibilidad de aplicar la nueva directiva de retorno —que contempla las llamadas devoluciones en caliente— como instrumento para gestionar la situación en Ceuta, una referencia interpretada como un respaldo indirecto a la línea defendida por Copenhague y, en última instancia, por Roma. Dinamarca aspira a convertir su modelo restrictivo en la posición general de toda la UE, para lo que la alianza con Meloni resulta esencial, mientras Sánchez se ha desentendido de las ofertas de apoyo de las instituciones europeas.
Un debate migratorio que resurge desde 2015
Este episodio se inscribe en una dinámica más amplia de recomposición de alianzas dentro de la UE en materia migratoria. Desde el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2024, cuyo calendario de implementación se extiende a lo largo de los próximos años, los Estados miembros disponen de mayor margen para articular acuerdos de control fronterizo. Dinamarca, que ostentó la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2025, aprovechó ese periodo para impulsar buena parte de su agenda restrictiva a escala comunitaria.
El precedente más directo de esta tensión se remonta a la crisis migratoria de 2015, cuando la llegada masiva de solicitantes de asilo a Europa dividió a la socialdemocracia continental entre países dispuestos a asumir cuotas de reparto, como la Alemania de Angela Merkel, y otros que optaron por el cierre de fronteras, caso de Dinamarca o Hungría. Aquella fractura nunca llegó a cerrarse por completo y ha resurgido de forma periódica cada vez que un país del sur de Europa —España, Italia o Grecia— ha afrontado un repunte de llegadas por vía marítima o terrestre.
El Gobierno español no ha ofrecido, hasta el momento, una versión pública detallada sobre el contenido exacto de la carta remitida a Löfven ni sobre la estrategia que seguirá si el PSE decide no adoptar una postura crítica hacia Frederiksen. Desde Bruselas se insiste en que la prioridad es evitar que la disputa trascienda al plano institucional y contamine la aplicación práctica del Pacto de Migración.
La cuestión volverá a plantearse formalmente en el Consejo Europeo previsto para el 15 de octubre, donde la política migratoria figura entre los puntos del orden del día. Será entonces cuando pueda calibrarse con mayor precisión el respaldo real que la posición española recaba entre el resto de socios comunitarios, en un tablero donde Dinamarca, con el apoyo tácito de Italia, aspira a fijar su modelo como referencia para el conjunto de la Unión.
El desenlace de esta pugna interna tiene también implicaciones para el equilibrio del Parlamento Europeo, donde la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas constituye el segundo grupo por número de escaños tras el Partido Popular Europeo. Una fractura visible entre sus principales delegaciones nacionales debilitaría la capacidad de negociación del grupo frente a los populares y a las familias de extrema derecha, cuya representación ha crecido en sucesivas citas electorales europeas desde 2019.
