La portavoz municipal, Inma Sanz, explicó que la denuncia imputa a Martín "inacción y dejación de funciones" durante las semanas que duró la acampada, al considerar que tenía la competencia exclusiva de velar por la seguridad ciudadana en un espacio público donde, según el escrito municipal, la concentración "no se ajustaba al ordenamiento jurídico". El Ayuntamiento adjuntó un informe de 30 páginas con documentación de la Policía Municipal sobre altercados de orden público, riesgos ante una hipotética evacuación, daños al mobiliario urbano y problemas de insalubridad.
La prevaricación en modalidad omisiva, tipificada en el Código Penal, castiga al funcionario que, a sabiendas, dicta —o deja de dictar— una resolución injusta en un asunto administrativo. El consistorio sostiene que la protesta "fue tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno", figura que la Ley de Seguridad Ciudadana designa como responsable del orden público en la vía estatal.
Entre la documentación figuran los requerimientos que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida envió en su momento a la Delegación del Gobierno advirtiendo de elementos que, a su juicio, podían emplearse como armas. Durante la acampada, el propio Almeida llegó a remitir a Martín un informe que señalaba como "amenaza" la presencia de cuchillos para untar hummus entre los acampados. El desalojo policial, no obstante, se produjo sin incidentes violentos por parte de los concentrados ni heridos entre los agentes.
La delegada de Seguridad y Emergencias cifró este lunes en torno a 40.000 euros el coste de recuperación de la plaza: 8.500 euros en toldos, 11.000 euros en reposición de mobiliario urbano y unos 12.000 euros, "de momento", en limpieza de monumentos. El consistorio advirtió de que la estatua de Carlos III requerirá una intervención adicional cuyo importe todavía no está cerrado.
La dimisión del 26 de octubre
La denuncia llega tres semanas después de que Martín dimitiera como delegado del Gobierno en Madrid, el 26 de octubre, con la acampada de Sol todavía activa. Martín reclamó entonces a los acampados que abandonaran la plaza en una carta que se conoció después de su marcha. El desalojo definitivo se produjo de madrugada el 3 de noviembre, tras la retirada de las principales organizaciones convocantes.
Sanz quiso este lunes fijar una cronología distinta a la que manejó la Delegación del Gobierno: "Entre el 26 de octubre, cuando dimite, y el desalojo el 3 de noviembre no se produjo ningún hecho relevante que hiciese variar el criterio. El único cambio de criterio para levantar la acampada fue la dimisión", afirmó la portavoz municipal.
Martín respondió desde su perfil en X al equipo de Almeida apenas una hora después de conocerse la denuncia, defendiendo la actuación de la antigua Delegación del Gobierno durante las semanas de protesta.
"Como siempre, en este asunto también actuamos dentro del marco de la ley, dando respuestas, buscando soluciones y tratando de aplicar el sentido común frente a las ansias de excesos de quienes nunca han aceptado que se les pueda llevar la contraria", escribió Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en Madrid.
"Si hay que explicarlo ante la Justicia, se explicará con toda normalidad, y quedará claro qué hizo y qué dejó de hacer cada cual. Una vez más, plena confianza en nuestro sistema judicial y hartazgo máximo de quienes tratan de instrumentalizar la Justicia para alcanzar sus fines políticos. No les saldrá bien", concluyó Martín en el mismo mensaje.
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid se indicó que la institución desconocía todavía el contenido de la denuncia, por lo que se abstenía de valorarla, y se reiteró que todas las decisiones adoptadas desde el inicio de la acampada "se han tomado con pleno respeto a la legalidad vigente, en particular a los derechos fundamentales, con rigor y responsabilidad".
La causa se enmarca en el pulso prolongado entre el Ayuntamiento y la Delegación por el control de la plaza, que incluyó episodios como el recuento de altos cargos ante un posible relevo tras el 29N. La denuncia llega en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, un contexto que, según Sanz, no condiciona el fondo jurídico, sustentado en los informes técnicos y policiales incorporados al expediente.
