El documento, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, sitúa el grueso de los asesinatos de líderes sociales en dos departamentos: Cauca, con once casos, y Antioquia, con ocho, seguidos de Putumayo, con cuatro. Son zonas que arrastran décadas de presencia de grupos armados y economías ilegales ligadas al narcotráfico.
Las 26 masacres registradas en el periodo dejaron 87 víctimas mortales, entre ellas cinco menores de edad, según el mismo informe. A esa cifra se suman 6.667 personas desplazadas por la violencia solo durante agosto y septiembre, un dato que Indepaz enmarca dentro de las «afectaciones a las comunidades» que persisten en los territorios históricamente golpeados por el conflicto armado colombiano.
«Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un panorama preocupante en materia de derechos humanos y conflicto armado. Los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, las masacres, los desplazamientos forzados y las afectaciones a las comunidades muestran que la violencia continúa teniendo graves consecuencias sobre la población civil, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto», destaca Indepaz en su informe.
La organización introduce una precisión relevante para interpretar las cifras: los hechos registrados no pueden atribuirse de forma automática a decisiones del nuevo Gobierno, ya que responden también a dinámicas previas del conflicto y a realidades locales. No obstante, insiste en que esa salvedad no exime al Estado colombiano de su responsabilidad de proteger a la población civil y garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el territorio.
Esa distinción cobra relevancia en un país que firmó en 2016 el acuerdo de paz con las FARC bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, un proceso que redujo la intensidad del conflicto armado pero no desactivó por completo la violencia en regiones como Cauca, Putumayo o el Catatumbo, donde disidencias de las FARC, el ELN y estructuras del narcotráfico mantienen disputas territoriales.
Indepaz plantea además una recomendación de fondo sobre la estrategia de seguridad del nuevo Ejecutivo, al defender la vía negociada frente a un enfoque de mano dura como mecanismo más eficaz para frenar la violencia que documenta su propio informe.
«El diálogo y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado son el mejor camino para poner fin a la violencia y evitar que se sigan perdiendo vidas humanas. La respuesta militar, por sí sola, no resolverá las causas profundas de la violencia ni garantizará una paz duradera», remacha la organización.