El detenido telefoneó al servicio de emergencias asegurando que su novia estaba a punto de embarcar en un tren con destino a Tudela cuando, supuestamente, había oído a un hombre afirmar que la mochila que portaba iba a estallar. Durante la llamada llegó a aportar una descripción física y de la vestimenta del inexistente sospechoso, un nivel de detalle orientado a reforzar la credibilidad del aviso.
El falso aviso provocó el desalojo inmediato de la estación zaragozana y la movilización de los servicios de emergencia. Una investigación judicial permitió identificar en pocos días el origen de la llamada y localizar al arrestado en Tudela, la localidad navarra a la que se dirigía el tren que el detenido no quería perder. La Policía Nacional confirmó que es mayor de edad, sin ofrecer más datos sobre su perfil.
El artículo 561 del Código Penal castiga con penas de tres meses y un día a un año de prisión, o multa de tres a dieciocho meses, a quien simule una situación de peligro y provoque la movilización de los servicios de emergencia. Se trata de un delito que no exige intención terrorista ni ánimo de causar un daño mayor: basta con la creación deliberada de un riesgo ficticio que obligue a desplegar medios policiales, sanitarios o de protección civil.
El caso de Zaragoza no es un episodio aislado. En los últimos días se han registrado decenas de avisos similares repartidos por distintos puntos de España, un fenómeno que los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil investigan dentro de un contexto de alerta reforzada en infraestructuras estratégicas —puertos, aeropuertos y grandes nodos de transporte— que se extiende por buena parte de Europa.
Según la Policía Nacional, se cree que la mayoría de estas falsas alarmas no responden a motivaciones políticas ni a estrategias orquestadas desde el extranjero, sino a causas de índole personal, como la ocurrida en Zaragoza. Esta tipología de delitos contra la seguridad colectiva se suma a otros asuntos abiertos en la jurisdicción española, como la sentencia del Supremo que limita a la falta de carné el derecho de repetición de las aseguradoras.
El procedimiento abierto por el aviso de Zaragoza seguirá su curso en el juzgado de instrucción competente, que deberá determinar si existen indicios suficientes para formalizar la imputación por el delito de falsa alarma. El detenido permanece a disposición judicial a la espera de que se resuelva su situación procesal.