La petición que originó el litigio se registró el 4 de junio de 2026, firmada por el portavoz popular, Antonio José Mesa, junto a otros tres concejales que forman parte del consejo de administración de LYMA. El escrito reunía solicitudes anteriores sin respuesta y recogía 36 apartados: contratos de alta dirección, nóminas de 2024 a 2026, organigrama, procesos de selección, despidos e indemnizaciones, actas del consejo desde junio de 2023 y una subvención del programa Primera Experiencia Profesional financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea.
El 2 de julio el grupo popular presentó un requerimiento formal reclamando esa documentación. Según la demanda, el expediente que el propio Ayuntamiento remitió al tribunal, certificado el 7 de agosto, contiene únicamente seis documentos y 80 folios: las peticiones del PP y sus justificantes de registro, sin respuesta municipal alguna. Antes, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos había inadmitido el 1 de diciembre de 2025 una reclamación del grupo, al entender que el silencio del Ayuntamiento equivalía a estimar la solicitud.
El PP sostiene que se ha vulnerado el derecho de sus concejales al ejercicio del cargo público, amparado en el artículo 23 de la Constitución. La Ley de Bases de Régimen Local reconoce a todos los concejales el derecho a obtener del alcalde o de la Junta de Gobierno la información necesaria para su función, que debe resolverse de forma motivada en cinco días naturales. El reglamento estatal que desarrolla la norma establece que, si no hay denegación expresa en ese plazo, el acceso se entiende concedido.
El Ayuntamiento y LYMA, personada como parte interesada, pidieron que no se admitiera la demanda. Alegaron que no existía inactividad municipal y que el grupo popular carecía de legitimación para reclamar. El Ministerio Fiscal informó a favor de continuar con el procedimiento, y el tribunal acordó seguir adelante por auto de 15 de septiembre, en el que razonó que la posible lesión del derecho debe analizarse en el fondo y que inadmitir la demanda habría supuesto prejuzgarla.
«Llevamos un año y medio reclamando información sobre la sospechosa gestión de la alcaldesa en la empresa municipal pública de limpieza Lyma, pero nos la niega. Tras agotar todos los trámites previstos en la Ley nos hemos visto en la necesidad de llevar este oscurantismo y falta de transparencia a la Justicia», ha señalado Antonio José Mesa, portavoz del PP en Getafe.
La petición de cese no llega solo de la oposición política. El 18 de septiembre, el comité de empresa de LYMA, con representación de UGT, CGT y CCOO, registró un escrito dirigido a la alcaldesa, Sara Hernández, solicitando la destitución inmediata de la gerente, María Nieves Sevilla Urbán —exteniente de alcalde y concejala de Bienestar Social y Cooperación en anteriores gobiernos de Hernández—, además de la directora de Recursos Humanos y el director de Producción.
El comité denunciaba el uso «masivo y desproporcionado» de horas extraordinarias durante julio y agosto en lugar de contratar personal, así como el requerimiento a trabajadores en vacaciones para que se reincorporaran. «¿Quién tomó estas decisiones, con qué criterios y bajo qué responsabilidad?», planteaba el escrito del comité.
El PP llevó al pleno de octubre una proposición para pedir la destitución de Sevilla Urbán. En julio, PSOE, Más Madrid-Compromiso con Getafe y Podemos habían rechazado otra iniciativa que instaba a la alcaldesa a explicar por qué no se facilitaba la documentación solicitada. El conflicto se produce en un ciclo de contienda política en torno a la gestión municipal del PSOE, como ilustran las recientes acusaciones de Feijóo sobre la inmigración en el campo.
La demanda pide que se declare la vulneración del derecho fundamental y que se condene al Ayuntamiento a recabar la documentación de LYMA y ponerla a disposición del grupo popular, admitiendo que se omitan los datos personales que no resulten necesarios. Solicita además que se impongan las costas a la Administración. El procedimiento está pendiente de sentencia.
