Según el escrito de acusación fiscal, el primer episodio se produjo en 2019 de madrugada en una playa de la capital balear, cuando la víctima tenía 13 años. El acusado, aprovechando que se encontraba a solas con ella y su posición como padrastro, le habría realizado tocamientos de índole sexual por encima de la ropa, de acuerdo con el relato de los hechos que maneja la acusación pública.
El segundo incidente, siempre según el documento de la Fiscalía, tuvo lugar el 16 de junio de 2022 en una parada de autobús, cuando el hombre repitió el mismo patrón: la habría abrazado por la espalda y vuelto a tocarla, amparándose de nuevo en su autoridad familiar sobre la menor. Tras este segundo suceso, el acusado ingresó en prisión preventiva el 24 de junio de ese mismo año, una medida cautelar que atiende al riesgo de fuga o de reiteración delictiva y que no prejuzga la culpabilidad, que corresponde determinar al tribunal.
El escrito fiscal señala que la joven ha padecido fuertes reacciones de ansiedad como consecuencia de los hechos relatados y ha vivido con el temor constante de que pudieran repetirse. En las causas por delitos sexuales contra menores, esas secuelas psicológicas suelen valorarse mediante peritos designados en el procedimiento, y pesan tanto en la calificación de los hechos como en la cuantía de la indemnización por daño moral.
La Fiscalía atribuye al acusado dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años. El Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del «solo sí es sí», eliminó la distinción previa entre abuso y agresión sexual y unificó bajo este último tipo las conductas sin consentimiento. Por cada uno de los dos delitos, el Ministerio Público pide cinco años de prisión, lo que suma una petición total de una década de cárcel.
Además de la pena privativa de libertad, la acusación reclama una orden de alejamiento que impediría al procesado acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante seis años, así como cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la condena. A ello se suma la prohibición de trabajar con menores durante una década y el pago de una indemnización de 10.000 euros en concepto de daño moral.
La vista se celebra ante la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, el órgano competente para enjuiciar los delitos de agresión sexual que superan determinados umbrales de pena, a diferencia de los procedimientos menos graves, que quedan en manos de los juzgados de lo penal. El tribunal deberá valorar las pruebas practicadas en la vista oral, incluido el testimonio de la víctima, antes de dictar sentencia, que podrá confirmar, rebajar o descartar las penas solicitadas por la Fiscalía.
La ley del «solo sí es sí» obligó en 2023 a revisar centenares de condenas por delitos sexuales, muchas de ellas con rebajas de pena, hasta que una reforma posterior corrigió la horquilla penal. El procedimiento que se juzga este martes en Palma se dirime ya bajo ese marco, un precedente que seguirá marcando la respuesta judicial a los delitos sexuales que llegan a las audiencias provinciales.
El acusado permanece en prisión provisional desde el 24 de junio de 2022. La sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares determinará si se confirman los dos delitos de agresión sexual y la pena de 10 años solicitada por la Fiscalía.
