El registro de la vivienda del agente 7691, situada a apenas seis minutos en coche de la sede del CNI, arrojó los indicios que la Policía considera reveladores. En la nevera apareció un imán con la imagen de Vladimir Putin y la leyenda «Long live Putin!» (¡Larga vida a Putin!); en una caja fuerte portátil, 1.450 euros, y junto a ello un monedero de criptomonedas. Ninguno de esos elementos constituye por sí solo prueba de espionaje, pero conformaron el cuadro circunstancial que acompañó a la detención.
El operativo se prolongó durante meses antes de la intervención policial. Un equipo del propio Centro siguió los movimientos del agente al milímetro, con la distancia suficiente para no ser detectado: un trayecto a un aparcamiento, un viaje a Portugal y un detalle tan menor como los cordones de un zapato se convirtieron en piezas de la vigilancia. Es un procedimiento habitual en los servicios de inteligencia cuando sospechan de una fuga de información desde dentro.
La instalación de una cámara camuflada dentro de un edificio que el propio organismo define como de materia clasificada —una advertencia que figura antes de mostrar cualquier información interna— ilustra el sigilo con el que se abordó el caso. El CNI, creado en 2002 como heredero del antiguo CESID, tiene entre sus funciones la contrainteligencia: la detección de agentes extranjeros o colaboradores internos que faciliten información sensible a potencias rivales.
El episodio se enmarca en la tensión creciente entre los servicios occidentales y Moscú desde la invasión de Ucrania en 2022, que ha intensificado la actividad de espionaje y contraespionaje en varios países europeos. España, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, forma parte de la arquitectura de intercambio de inteligencia aliada, lo que convierte cualquier filtración desde un organismo como el CNI en un asunto que trasciende lo doméstico.
No es la primera vez que un servicio occidental se enfrenta a sospechas de infiltración rusa en plena guerra. A lo largo de 2022 y 2023, países de la OTAN como Alemania y Países Bajos destaparon casos de funcionarios o militares bajo sospecha de colaborar con Moscú, en paralelo al endurecimiento de las sanciones europeas tras el inicio de la invasión.
El caso se suma a una serie de episodios de tensión en la seguridad europea, desde el incendio de un petrolero por una mina cerca del estrecho de Ormuz hasta las cifras que Kiev maneja sobre el refinado de petróleo ruso inutilizado por ataques ucranianos, señales de una confrontación que ya no se libra solo en el frente militar, sino también en los servicios de inteligencia y las infraestructuras críticas.
Los dos agentes fueron arrestados el 29 de septiembre de 2023, el mismo día en que la Policía registró la vivienda del jefe del área de Rusia y halló el imán con la imagen de Putin.
