La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelve el recurso 396/2025 sin entrar en el fondo de las exigencias que imponía el decreto a las granjas porcinas. El motivo de la anulación es exclusivamente procedimental: la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompañó al texto incumplió de forma sustancial lo que exige el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, para la elaboración de normas reglamentarias. El tribunal no impone costas a ninguna de las partes.
El Real Decreto 809/2025 modificaba el Real Decreto 1135/2002, que fija desde hace más de dos décadas las condiciones mínimas de bienestar animal en las explotaciones de cerdos en España. La sentencia no valora si las nuevas exigencias eran proporcionadas para el sector ni si las granjas podían asumir el coste de adaptarse a ellas: se limita a constatar que el expediente con el que la norma llegó al Consejo de Ministros no cumplía los requisitos legales mínimos de tramitación.
Una nulidad de pleno derecho no equivale a una suspensión temporal. El decreto desaparece del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos, como si nunca hubiera entrado en vigor, lo que incluye el año largo durante el que ha regido formalmente las explotaciones porcinas españolas. La resolución ordena su publicación en el BOE conforme al artículo 107.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el cauce habitual cuando se anula una disposición de carácter general.
Con la norma de 2025 fuera del ordenamiento, vuelve a aplicarse la redacción anterior del Real Decreto 1135/2002, la vigente antes del 10 de octubre de 2025. Es el texto que servirá de referencia en cualquier inspección y el que deberá consultar el ganadero que necesite justificar el estado de sus instalaciones. El fallo no desactiva las exigencias europeas en materia de bienestar animal ni las competencias que conservan las comunidades autónomas en explotación, sanidad y protección animal, ajenas a este pronunciamiento.
La sentencia tampoco detalla qué exigencias concretas añadía el decreto anulado ni cuáles decaen con su desaparición: no entra en el contenido material de la norma. Quien tenga dudas sobre el censo de su granja, su plan de manejo o sus instalaciones deberá resolverlas con su técnico o con la consejería competente de su comunidad autónoma, un terreno regulatorio donde la administración de proximidad gana peso, como ocurre en otros ámbitos que detalla la Ley de Propiedad Horizontal.
Memorias de impacto, vía de impugnación
España ha visto caer en los últimos años varias disposiciones por memorias de impacto mal elaboradas, un defecto que los tribunales han convertido en una vía de entrada habitual para impugnar normas sin necesidad de discutir su contenido. En este caso, ARAPORC obtiene la victoria judicial sin que la Sala se haya pronunciado sobre si las condiciones que se exigían a las granjas eran razonables o excesivas.
El efecto inmediato es la inseguridad jurídica que deja el fallo. Durante más de un año, las explotaciones porcinas han operado bajo un marco normativo que ahora se borra con carácter retroactivo. Quien recibiera un requerimiento o una sanción basada en ese decreto tendría argumentos para revisarlo, aunque la sentencia no se pronuncia sobre ese extremo y el caso exigiría asesoramiento jurídico individualizado. La resolución tampoco contempla ningún régimen de indemnización para quienes hayan invertido en adaptar sus naves o su manejo a las exigencias ya anuladas.
Lo previsible es que el ministerio competente rehaga el expediente y apruebe un texto equivalente con la memoria de impacto corregida, aunque no consta ningún anuncio oficial ni calendario para ello. Mientras tanto, rige el marco anterior a octubre de 2025, y el debate sobre si el sector porcino necesita condiciones de cría más estrictas sigue sin resolverse en los mismos términos en que se planteó antes de la sentencia.
