La investigación identificó a 18 personas entre altos cargos civiles y mandos policiales marroquíes, además de a quienes el expediente describe como "dinamizadores" de la movilización junto al perímetro fronterizo ceutí. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción, sin que conste todavía ningún procesamiento formal ni medida cautelar contra los identificados.
La Audiencia Nacional asume este tipo de causas por su competencia en delitos conexos con el control de fronteras y la organización de entradas irregulares en masa. La identificación de responsables con cargo público en el país vecino añade una dimensión diplomática a un expediente que hasta ahora se había tratado como un asunto de orden público y control fronterizo.
Desde el Ejecutivo local sostienen que, de confirmarse judicialmente la implicación de autoridades marroquíes en la organización del asalto, correspondería una respuesta diplomática firme del Estado español. El marco de relaciones bilaterales atribuye al Gobierno central, y no a la ciudad autónoma, la competencia para gestionar ese tipo de reclamaciones ante Rabat.
La ciudad autónoma mantiene que no ha sido informada formalmente por la Audiencia Nacional sobre el curso de las diligencias, pese a ser la administración más directamente afectada por los hechos investigados. Esa falta de información alimenta la petición ceutí de que el procedimiento se desarrolle con el máximo rigor dentro de los límites que impone el secreto de las diligencias de instrucción.
El episodio de julio no es el primero de estas características. En mayo de 2021, unas 10.000 personas entraron a nado o a pie por el paso del Tarajal en apenas 48 horas, coincidiendo con la crisis diplomática abierta por el ingreso en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Aquellos sucesos también relacionaron los flujos migratorios con decisiones políticas entre Madrid y Rabat sobre asuntos como el Sáhara Occidental.
De confirmarse una responsabilidad de mandos marroquíes en la organización del asalto de julio, la instrucción supondría un precedente judicial relevante al situar el foco no solo en quienes cruzaron la frontera, sino en quienes presuntamente promovieron esa entrada desde el otro lado. Ninguno de los 18 identificados tiene por el momento la condición de procesado, de acuerdo con la información disponible sobre el estado de la causa.
El expediente permanece en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que en las últimas semanas ha dictado resoluciones de calado en otras causas, como la del millonario detenido en Ibiza que admitió donaciones a ONG palestinas. Sobre la causa de la frontera ceutí no trasciende un calendario para la práctica de nuevas diligencias.