La sentencia sitúa el origen de los hechos en el control que Arantxa Suárez Palomino ejerció sobre su tía tras detectar el deterioro cognitivo que sufría la mujer. Según el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, la condenada se hizo con el manejo de las cuentas bancarias de la víctima y, en un periodo prolongado, sacó o se transfirió más de 15.000 euros, lo que ha derivado en la condena añadida por estafa continuada.
El tribunal distingue los dos frentes penales del caso. Por un lado, la privación de libertad y el trato degradante infligido a la anciana, que afecta a ambos condenados; por otro, el vaciamiento patrimonial de sus cuentas, que recae en exclusiva sobre Suárez Palomino, quien tenía acceso directo a los recursos económicos de su tía por parentesco.
La diferencia de penas —cinco años para el actor frente a nueve para su expareja— responde a la distinta intensidad de la participación de cada uno en los hechos declarados probados, según recoge la sentencia. Mientras a Luis Lorenzo se le atribuye responsabilidad en la detención ilegal y el trato degradante, Suárez Palomino concentra además la autoría del delito patrimonial, lo que eleva su condena total.
El fallo detalla que la pareja mantuvo a la anciana en una situación de aislamiento e incomunicación, un extremo que la Audiencia Provincial da por acreditado tras la instrucción y el juicio celebrado en los tribunales madrileños. El caso quedó visto para sentencia el pasado junio, tras la celebración de las sesiones, y la resolución ha llegado varios meses después.
La condición de vulnerabilidad de la víctima, derivada de su deterioro cognitivo, ha sido un elemento central en la valoración judicial, tanto para los delitos contra la libertad personal como para la estafa, en la medida en que esa vulnerabilidad facilitó el control sobre sus cuentas bancarias durante el tiempo en que se prolongaron las disposiciones de fondos.
El Código Penal castiga la detención ilegal con penas de cuatro a seis años cuando se priva a una persona de su libertad sin autorización legal, y agrava la respuesta cuando concurre un trato degradante que menoscaba la dignidad de la víctima. La estafa continuada, por su parte, se agrava cuando el perjuicio patrimonial recae sobre una persona especialmente vulnerable, como una anciana con deterioro cognitivo.
La causa se instruyó y juzgó en los tribunales madrileños, en la misma Audiencia Provincial que acumula buena parte de la actividad penal de la capital. En paralelo, otras causas de relieve han ocupado las sedes judiciales en los últimos días, como la comparecencia de la Guardia Civil ante la Audiencia Nacional para explicar la alerta del CNI sobre Ceuta.
La resolución fija en cinco y nueve años de prisión, respectivamente, las penas para Luis Lorenzo y para Arantxa Suárez Palomino por los delitos de detención ilegal, trato degradante y, en el caso de ella, estafa continuada contra su propia tía.