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Un juzgado de Palma frena el desahucio de Margalida, de 87 años, tras 63 en su piso

El fallo vincula los retrasos en el pago a «circunstancias personales extraordinarias» y aplica la doctrina del Supremo de 2024.

Por Redacción de El Hemiciclo·
3 min de lectura
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma ha desestimado la demanda de desahucio presentada contra Margalida, una mujer de 87 años que reside desde 1963 en el mismo piso, interpuesta por dos sociedades inmobiliarias que compraron el edificio en 2021. La sentencia considera que los retrasos en el pago de la renta respondieron a un tratamiento oncológico y a graves problemas de movilidad, no a una voluntad deliberada de incumplir, y condena a las dos mercantiles al pago de las costas.

El contrato de arrendamiento de Margalida se firmó el 1 de septiembre de 1963, cuando el edificio figuraba todavía en el número 20 de la antigua plaza del Teniente Coronel Franco, con una renta anual de 13.200 pesetas. Tras la muerte de su marido en mayo de 2008, la inquilina se subrogó en el contrato y mantuvo durante décadas la práctica de abonar la renta en un único pago anual, una fórmula que, según recoge la sentencia, los anteriores propietarios toleraron sin incidencias.

El litigio se originó después de que las sociedades Choper Balear SL y Camí Balear 2020 SL adquirieran el inmueble a Coldur SLU en marzo de 2021. Ambas empresas, constituidas apenas seis meses antes de esa compra, reclamaron a la inquilina cantidades que consideraban impagadas y el 16 de julio de 2025 presentaron una demanda para resolver el contrato de renta antigua y recuperar la vivienda.

Durante el juicio, celebrado la semana pasada, la defensa de Margalida alegó que la mujer atravesó en 2023 un tratamiento contra el cáncer que la obligó a pasar temporadas hospitalizada y en casa de su hijo. A su regreso recibió un burofax en el que se le reclamaban mensualidades que, según sostuvo su abogada, no se correspondían con un impago deliberado sino con la falta de aviso sobre un cambio en la forma de pago. Meses después, una caída le provocó la fractura de tres vértebras, lo que llevó a su hijo a asumir la gestión de la vivienda.

La defensa también denunció durante el procedimiento la retirada del telefonillo y del nombre de la inquilina del buzón, además de irregularidades en el suministro de agua, actuaciones que calificó de posible acoso inmobiliario. La sentencia, sin embargo, no entra a valorar esas denuncias y centra su fallo exclusivamente en la causa de resolución del contrato alegada por las demandantes.

El precedente del Supremo de 2024

El magistrado aplica un juicio de ponderación que remite a la sentencia 1065/2024 del Tribunal Supremo, de 23 de julio, que revocó el desahucio de una mujer de 82 años que había dejado de pagar una mensualidad tras una caída mientras cuidaba de su marido enfermo. La Sala consideró entonces que la arrendataria llevaba décadas cumpliendo con el pago, había regularizado la deuda y el retraso no había causado perjuicio económico a la propiedad, circunstancias que valoró como excepcionales para impedir la resolución del contrato por impago.

El juzgado de Palma traslada ese criterio al caso de Margalida y pondera de forma conjunta la enfermedad oncológica, las lesiones que limitaron su movilidad, la duración de más de sesenta años del contrato y la falta de constancia de que se le hubiera comunicado de forma fehaciente la necesidad de modificar la periodicidad de los pagos. Con estos elementos, el fallo descarta que existiera una voluntad deliberada de incumplir y rechaza que los retrasos constituyan causa suficiente para extinguir el arrendamiento.

"Circunstancias personales extraordinarias", resolución del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Palma sobre los retrasos en el pago de la renta de Margalida.

La estructura empresarial de las sociedades demandantes conecta con Step Into Mallorca, una consultora que se presenta como especializada en proyectos de inversión inmobiliaria en la isla y que identifica en su propia web a Lucía Garigliano y Tomás Vallejos como sus fundadores. Garigliano figura como apoderada solidaria de Choper Balear SL desde marzo de 2021 y como apoderada de Camí Balear 2020 SL desde septiembre de 2022, mientras que Vallejos administra esta última sociedad y Omar Norberto Garigliano es el administrador único de la primera. El fallo condena a ambas mercantiles al pago de las costas y permite que Margalida continúe en la vivienda en la que ha residido más de seis décadas.

Fuentes

  1. elDiario.eseldiario.es

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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