El encabezado trata a Sánchez con el protocolo reservado a un jefe de Gobierno reconocido: «Su Excelencia, Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno, Reino de España, Madrid». La fórmula contrasta con la posición oficial española de aquel momento: el 4 de febrero de 2019, Sánchez había sido uno de los primeros líderes europeos en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado y en dejar de considerar a Maduro presidente legítimo de Venezuela. La carta llega once meses después de aquel giro.
El texto arranca con una felicitación «en nombre del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y en el mío propio» por una investidura que, según el firmante, marcó «un hito en la historia política» española, y describe a un Sánchez que asume el cargo «con un pueblo esperanzado en su liderazgo». Después entra en el terreno bilateral.
«Distinguido Presidente, deseo remarcar nuestro interés en fomentar un relacionamiento bilateral, donde trabajemos mancomunadamente sobre la base del respeto mutuo y la profundización de la cooperación», se lee en el documento. El firmante recuerda los intereses económicos en juego: «Grandes empresas españolas se han radicado en Venezuela en las áreas energética, banca y seguros, telecomunicaciones, transporte y muchas otras», y añade que «cientos de miles de españoles» han «consolidado sus familias» en el país.
El segundo folio contiene el párrafo de mayor carga política. Ahí se plantea «la necesidad de establecer mecanismos de comunicación que permitan superar la visión distorsionada que las grandes corporaciones de la comunicación han vendido sobre la Revolución Bolivariana», y se presenta al régimen chavista como «una realidad indiscutible», que habría resistido «los intentos infructuosos por desestabilizarla».
«Venezuela ratifica sus mejores deseos por restablecer relaciones de cordialidad y cooperación en el marco del respeto mutuo con el Gobierno que usted recién inicia», texto atribuido a Nicolás Maduro en la carta fechada el 7 de enero de 2020.
La despedida insiste en la misma línea, con «la reafirmación de nuestra mejor voluntad para reabrir caminos de relacionamiento venturoso». Al pie del segundo folio figura un sello circular con el escudo venezolano y la leyenda «República Bolivariana de Venezuela. Despacho de la Presidencia», estampado sobre el nombre impreso del firmante y superpuesto parcialmente a una rúbrica manuscrita de trazo largo.
El giro diplomático de enero de 2020
La carta se sitúa en un momento de inflexión en la relación entre Madrid y Caracas. Un mes antes de su fecha, el 10 de diciembre de 2019, José Luis Ábalos ya había invitado formalmente a Delcy Rodríguez a España como secretario de Organización del PSOE, según documentó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Tras la fecha que lleva la carta, los acontecimientos se precipitaron. El 16 de enero de 2020, Ábalos habría avisado a Sánchez de que Delcy Rodríguez quería verle con discreción, a lo que el presidente respondió: «Bien». En la madrugada del 20 de enero, la entonces vicepresidenta venezolana —con prohibición de entrar en la Unión Europea— aterrizó en Barajas y fue recibida por el propio Ábalos. Un día después, el Gobierno anunció que Sánchez no recibiría a Guaidó, quien llegó a Madrid el 25 de enero y solo fue atendido por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la Casa de América, no en una sede oficial.
El sobre de PDVSA y la visita de Zapatero
El 4 de febrero de 2020, menos de un mes después de la fecha de la carta, la Vicepresidencia venezolana registró la entrega de un sobre de PDVSA dirigido a Delcy Rodríguez con un cupo de crudo valorado en 250 millones de dólares, que según la UCO recibió el comisionista Víctor de Aldama. Aldama lo ha vinculado ante la Justicia con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista; Delcy Rodríguez niega habérselo entregado y el PSOE niega cualquier financiación irregular. Tres días más tarde, el 7 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero fue recibido en Caracas por Maduro y por Rodríguez.
El episodio se enmarca en una relación bilateral que durante décadas combinó intereses económicos —presencia de grandes empresas españolas en los sectores energético, bancario y de telecomunicaciones— con fricciones diplomáticas derivadas de la crisis institucional venezolana abierta en 2013. España, como otros socios europeos, osciló entre el reconocimiento de Guaidó en 2019 y el mantenimiento de canales de facto con el chavismo, una ambigüedad que marcó buena parte de la política exterior europea hacia Caracas en aquellos años.
El episodio de Barajas no es el único roce de la diplomacia española con la región que ha reaparecido en la agenda internacional: a los focos de inestabilidad en rutas energéticas estratégicas, como el incendio de un petrolero por una mina al este del estrecho de Ormuz reportado por Irán, se suman ahora las ramificaciones judiciales de aquel viaje de la vicepresidenta venezolana.
Hoy, el firmante de aquella carta aguarda juicio en la cárcel federal de Brooklyn, donde permanece desde que fuerzas estadounidenses lo capturaron en enero de 2026, acusado de narcoterrorismo por la justicia de Estados Unidos.