Detrás de cada gran modelo de lenguaje o herramienta generativa hay una capa de infraestructura física —servidores, semiconductores, cableado y suministro eléctrico— que exige inversiones de una magnitud que, según describe Hinze, ni siquiera las mayores compañías tecnológicas del planeta están dispuestas a asumir íntegramente en sus propios balances. Esa reticencia habría abierto la puerta a fórmulas de financiación estructurada que, hasta hace pocos años, se asociaban sobre todo al inmobiliario, las infraestructuras energéticas o el transporte.
La lógica de este modelo, conocido en el argot financiero anglosajón como asset-based finance, se aparta del análisis tradicional de qué empresa desarrollará la aplicación de IA dominante. En lugar de intentar predecir al ganador tecnológico, defendió Hinze, los prestamistas evalúan el valor económico duradero de los activos físicos —unidades de procesamiento gráfico (GPU), centros de datos, equipos de generación eléctrica—, que conservan su valor con independencia de qué arquitectura de inteligencia artificial acabe imponiéndose. «Apuestan por activos con un valor económico duradero», resume el análisis publicado en Merca2.
La ventaja operativa que subraya el directivo es que esos activos suelen estar ligados a contratos plurianuales suscritos con contrapartes de elevada solvencia crediticia, lo que en teoría proporciona un flujo de caja más predecible que apostar directamente por la cotización de una compañía de IA en fase de expansión. El enfoque, según esta tesis, se desplaza de la predicción de los ganadores tecnológicos hacia la evaluación de la calidad de las garantías y la sostenibilidad de los flujos de caja.
Conviene situar el fenómeno en un cambio estructural del sistema financiero que arranca en la crisis de 2008. Desde entonces, la regulación bancaria internacional —fundamentalmente los sucesivos acuerdos de Basilea, supervisados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y trasladados a la normativa europea a través del Banco Central Europeo y el Banco de España— ha elevado las exigencias de capital para que las entidades mantengan en balance activos de infraestructura a muy largo plazo. Ese endurecimiento, según Hinze, ha reducido significativamente la capacidad de los bancos para retener este tipo de activos.
Ese vacío de financiación es el que firmas de crédito privado y gestoras de activos alternativos llevan más de una década tratando de cubrir, primero en energía renovable o telecomunicaciones y, más recientemente, en la infraestructura que sustenta la inteligencia artificial, señalada por el propio Hinze como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado de la financiación basada en activos.
El cuello de botella energético
Si en los primeros compases del auge de la IA generativa el debate se centró en la escasez global de semiconductores avanzados —con Taiwán como epicentro geopolítico de la producción de chips a través de TSMC—, el foco se desplaza ahora hacia la disponibilidad de energía eléctrica suficiente y estable para alimentar centros de datos cada vez más voraces en consumo, según recoge el análisis. La construcción de nueva capacidad de generación, ya sea mediante gas, renovables o pequeños reactores nucleares modulares, implica plazos de ejecución y marcos regulatorios muy distintos a los de la fabricación de chips, lo que añade una capa adicional de complejidad y de riesgo financiero a los proyectos a gran escala.
En España, este debate conecta con la discusión sobre la capacidad de la red eléctrica para absorber nueva demanda industrial intensiva, un asunto que Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica vienen abordando en sus planes de desarrollo de la red de transporte, ante el interés de operadores internacionales por instalar centros de datos en territorio español aprovechando el precio de la energía renovable.
Como precedente de financiación de infraestructuras críticas fuera de balance, cabe recordar el modelo de concesiones de autopistas y otras infraestructuras públicas desarrollado en España desde los años ochenta, en el que sociedades vehículo específicas —similares en su lógica financiera, aunque no en su naturaleza jurídica, a los actuales vehículos de financiación de centros de datos— permitieron movilizar capital privado para proyectos de gran envergadura sin comprometer directamente el balance del promotor.
Los partidarios de este modelo sostienen que ofrece una protección adicional si el operador tecnológico que promueve un centro de datos atraviesa dificultades: si la estructura contractual está bien diseñada, los activos —GPU, instalaciones, contratos de suministro— conservan su valor y pueden seguir generando ingresos aunque cambie el operador que los gestiona, un argumento que constituye el núcleo de la defensa de la financiación basada en activos.
Como contrapunto, el propio material advierte de que el crédito privado en su conjunto afronta un entorno más exigente por el nivel de los tipos de interés y por la incertidumbre sobre el impacto que la propia inteligencia artificial pueda tener en los márgenes de las empresas de software a medio plazo, lo que obliga a extremar la prudencia en la valoración de las garantías que respaldan estas operaciones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España vienen reclamando en sus informes de estabilidad financiera una mayor transparencia sobre la exposición del sistema financiero a este tipo de vehículos estructurados, ante el crecimiento acelerado del crédito privado a escala global, un fenómeno que preocupa también al Banco Central Europeo por su menor grado de supervisión respecto a la banca tradicional. Los supervisores subrayan que la rápida expansión de este mercado exige vigilar la calidad real de las garantías.
De cara a los próximos trimestres, el mercado observará cómo evolucionan los volúmenes de emisión de este tipo de financiación y las decisiones regulatorias que puedan adoptar tanto la Unión Europea como Estados Unidos respecto a la supervisión del crédito privado vinculado a infraestructuras tecnológicas, un terreno todavía en construcción normativa a ambos lados del Atlántico.
