El balance de daños, presentado en el marco del encuentro anual de la banca comercial, resulta significativo para un país expuesto a la recurrencia de sismos por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico: 195.000 viviendas destruidas o averiadas, 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 4.611 centros comunitarios, 435 vías, 111 acueductos, 69 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y cinco aeropuertos con afectaciones. Las autoridades estiman en unos $30 billones los recursos necesarios para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción, una cifra que reabre el debate sobre la capacidad fiscal del Estado colombiano para responder a catástrofes de esta escala.
Ante ese panorama, la banca comercial activó, en coordinación con el Gobierno nacional, un paquete de alivios financieros dirigido a los deudores en las zonas más golpeadas. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, explicó ante el auditorio los alcances de la medida: períodos de gracia de hasta 12 meses, sujetos a evaluación individual de cada caso; redefinición de plazos y condiciones de los créditos vigentes; refinanciación de intereses bajo instrucciones de la Superintendencia Financiera; y protección temporal frente a reportes negativos en las centrales de riesgo para quienes, por la emergencia, no puedan cumplir con sus obligaciones.
A esas medidas se suma una tasa preferencial del 8 % para créditos de vivienda destinados a la reconstrucción, cifra que Malagón contrastó con el costo de financiamiento actual del Gobierno colombiano, situado, según sus cálculos, entre el 11,5 % y el 12 %. La comparación no es menor: mientras el sector privado ofrece condiciones más favorables para atender la emergencia, el propio Estado enfrenta un costo de endeudamiento sensiblemente más alto, lo que limita su margen para financiar directamente la reconstrucción con deuda pública.
El golpe sobre el tejido empresarial también sería severo. Un sondeo de Confecámaras entre casi 26.000 empresas ubicadas en la zona del desastre reveló que el 43 % de ellas no podía continuar con su operación tras el sismo. Ese dato ilustra la urgencia de líneas de crédito específicas para empresarios y trabajadores independientes, un segmento que en Colombia concentra buena parte del empleo informal y que suele quedar más expuesto a los choques económicos por su limitado acceso a coberturas de seguro. En conjunto, cerca de 2,8 millones de usuarios del sistema financiero podrían acceder a los beneficios activados por la banca comercial, según las cifras divulgadas en la convención.
Se trataría de una de las intervenciones de alivio financiero más amplias en la historia reciente del país, comparable en su alcance —aunque no en su causa— con los programas de apoyo a deudores implementados durante la pandemia de covid-19, cuando la Superintendencia Financiera también ordenó períodos de gracia y refinanciaciones. El precedente por catástrofe natural, sin embargo, remite más atrás: Colombia atravesó una crisis fiscal de proporciones comparables tras el terremoto de Armenia en 1999, cuando el Estado combinó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec) con crédito externo y aportes privados para atender una tragedia que también puso en jaque las finanzas públicas en plena recesión. La diferencia, casi tres décadas después, es que el país llega a esta nueva emergencia con un déficit fiscal ya elevado antes del sismo, lo que reduce el margen de maniobra del Gobierno.
El otro frente: el presupuesto de 2027
Mientras la banca desplegaba su respuesta a la emergencia, el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, defendido por el ministro Miguel Gómez como un ejercicio de «sinceramiento» de las cuentas públicas. La propuesta asciende a $635 billones, es decir, $60 billones por encima del proyecto que el propio Congreso había devuelto al Ejecutivo saliente para que se realizaran los ajustes pertinentes, en un episodio que evidenció las tensiones entre las ramas legislativa y ejecutiva en torno al manejo fiscal.
Con esa cifra sobre la mesa, el déficit fiscal proyectado ya no sería del 4,5 % del PIB —como contemplaba el proyecto presupuestal anterior—, sino de alrededor del 9,4 %, según trascendió en el encuentro gremial. Se trata de una duplicación que, de confirmarse en el trámite legislativo, tensiona la regla fiscal vigente en Colombia, cuyo marco busca anclar el gasto público a una trayectoria sostenible de deuda. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, relacionó ese deterioro fiscal con el comportamiento de la tasa de cambio.
Según explicó Villar, la combinación de un déficit elevado y una política monetaria que debe mantener tasas de interés altas para contener la inflación termina generando un efecto encadenado: las tasas elevadas atraen capital extranjero en dólares, esa mayor entrada de divisas presiona a la baja el precio del dólar y favorece la revaluación del peso colombiano, lo que a su vez afecta la competitividad de las exportaciones y complica el panorama para sectores como el agrícola y el industrial.
El trámite del proyecto de presupuesto en el Congreso se dará en los próximos meses, con debates en las comisiones económicas de Senado y Cámara antes de su votación en las plenarias. Congresistas de distintas bancadas anunciaron que exigirán explicaciones detalladas sobre el salto en el déficit y sobre la forma en que el Ministerio de Hacienda planea financiar tanto la reconstrucción como el resto del gasto público, en lo que se anticipa como uno de los debates fiscales más intensos de la actual legislatura.
Para el sector financiero, representado por Asobancaria, el mensaje de fondo de la convención fue que la banca está dispuesta a asumir un papel activo en la reconstrucción mediante crédito y alivios, pero insiste en que la sostenibilidad de las finanzas públicas es una condición necesaria para que ese esfuerzo no termine trasladándose, en el mediano plazo, a mayores tasas de interés y menor crecimiento económico. El gremio mantuvo su preocupación por un gasto público que, a su juicio, parece haber agotado su margen de expansión.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella, por su parte, deberá conciliar la urgencia de la reconstrucción con el compromiso de contener el gasto público, un equilibrio que definirá buena parte de la agenda económica en los próximos meses y que estará bajo la vigilancia tanto del Congreso como de organismos como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, encargados de fiscalizar el uso de los recursos destinados a la emergencia.
