El relato de lo ocurrido remite a una operación de reciclaje informal a pequeña escala: los dos hombres fallecidos habrían estado despresurizando y vaciando miles de botes de laca de pelo con el objetivo de venderlos después como chatarra una vez retirado el propelente. Se trata de una práctica que, de confirmarse, entrañaría un riesgo extremo, dado que los aerosoles contienen gases inflamables a presión —habitualmente butano, propano o mezclas similares— cuya manipulación fuera de un entorno controlado puede generar atmósferas explosivas con facilidad.
Testigos citados en la reconstrucción de los hechos describieron una escena de violencia inusual, con los botes de laca saliendo despedidos «como proyectiles» tras la deflagración inicial. Ese patrón apunta a una reacción en cadena: la explosión de una parte de los envases habría generado presión y temperatura suficientes para detonar el resto del material almacenado, multiplicando la onda expansiva y convirtiendo los propios aerosoles en munición secundaria.
De las once personas que se encontraban en el interior de los dos chalés adosados, nueve fallecieron y solo dos menores lograron sobrevivir con heridas. La magnitud de la cifra sitúa el suceso entre los accidentes con productos inflamables con mayor número de víctimas mortales registrados en España en los últimos años, muy por encima de la media de siniestros por explosión de gas en viviendas, que según la casuística habitual de los servicios de bomberos suelen saldarse con víctimas aisladas o, como mucho, con el fallecimiento de un núcleo familiar.
La investigación deberá esclarecer cuestiones esenciales: cuántos botes había acumulados realmente —la cifra de 8.000 unidades apunta a un volumen muy superior al de un domicilio particular—, de dónde procedía ese material, si existía una actividad de recogida o comercio de residuos no autorizada y qué desencadenó la ignición, ya fuera una chispa, una fuente de calor, electricidad estática o un fallo durante el propio proceso de vaciado.
Un almacenamiento fuera de norma
La normativa española sobre productos químicos y residuos peligrosos establece límites estrictos para el depósito de aerosoles y gases inflamables, que deben conservarse en instalaciones ventiladas, alejadas de fuentes de ignición y, a partir de determinadas cantidades, sujetas a autorización administrativa y a la intervención de gestores autorizados. El vaciado manual de botes de aerosol para su venta como chatarra, al margen de esos circuitos, es una práctica que los especialistas en seguridad industrial vienen señalando como especialmente peligrosa por la dificultad de controlar la despresurización sin generar chispas ni acumulación de gas en espacios cerrados.
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que regula la materia a nivel estatal, exige que los aerosoles se traten como residuos peligrosos y se entreguen en puntos limpios o a gestores autorizados, precisamente para evitar manipulaciones artesanales como la que, según las primeras hipótesis, se habría producido en este caso. Los cuerpos de bomberos y Protección Civil suelen recordar esa obligación tras cada siniestro de esta naturaleza.
No es la primera vez que España registra sucesos vinculados a la manipulación irregular de materiales inflamables en entornos domésticos o de chatarrería informal. En la última década, explosiones e incendios en naves de reciclaje de baterías, neumáticos o disolventes han dejado heridos y cuantiosos daños materiales, aunque rara vez con un balance de fallecidos comparable al de ahora, lo que subraya la excepcionalidad del caso tanto por el número de muertos como por el volumen de material implicado.
Las autopsias y los informes periciales de balística y química forense resultarán determinantes para fijar la causa técnica de la explosión y para establecer si hubo negligencia, imprudencia o si se trató de un accidente imprevisible. En casos de esta magnitud, la Fiscalía suele abrir diligencias de oficio para determinar eventuales responsabilidades penales, ya sea por delitos contra la seguridad colectiva o por homicidio imprudente, en función de lo que arrojen las pericias.
Los servicios de emergencia que intervinieron en el lugar se encontraron con un escenario de destrucción de ambas viviendas, con las estructuras parcialmente colapsadas y el terreno circundante sembrado de restos de aerosoles, lo que dificultó tanto las labores de rescate como la posterior identificación de los cuerpos. En estos siniestros, la Policía Científica y las unidades de investigación de incendios trabajan de forma coordinada con los bomberos para reconstruir la deflagración a partir de los patrones de daño.
El vecindario, conmocionado por la pérdida de nueve vidas en un entorno tan próximo, reclama explicaciones sobre cómo pudo acumularse semejante cantidad de material inflamable sin levantar sospechas, una pregunta que también deberán responder las administraciones locales competentes en el control de actividades en viviendas particulares.
El caso reabre el debate sobre los vacíos de control en la gestión informal de residuos peligrosos en España, un fenómeno que persiste pese al refuerzo normativo de los últimos años y que expone tanto a quienes lo practican como a su entorno más cercano a riesgos que, en este suceso, han resultado letales. Las próximas semanas serán clave para conocer las conclusiones preliminares de la instrucción, la identificación completa de las víctimas, la evolución de los dos menores supervivientes y si se depuran responsabilidades administrativas o penales derivadas del almacenamiento y manipulación del material.
