"Las decisiones de ahora determinan el futuro de Europa. Estamos perdiendo con China y EEUU", advierten las organizaciones firmantes, que consideran que se trata de un momento clave para la soberanía y la competitividad del continente. Su reclamación llega en un momento en que la Comisión Europea prepara con los Estados miembros y el Parlamento Europeo las líneas maestras del próximo marco financiero plurianual, el presupuesto de siete años que fija cuánto dinero comunitario se destina a cada política, desde la agricultura hasta la cohesión territorial o la investigación.
Los firmantes sostienen que la dotación actual de Horizonte Europa —cercana a los 95.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, según los datos publicados por la propia Comisión— resulta insuficiente para competir con los volúmenes de inversión pública y privada que movilizan Washington y Pekín. La petición de 200.000 millones supondría, de aceptarse, más que duplicar la asignación vigente.
La comparación con Estados Unidos y China no es nueva en el debate europeo sobre ciencia. El informe elaborado en 2024 por el exprimer ministro italiano Mario Draghi sobre la competitividad de la Unión, encargado por la propia Comisión, ya alertaba de que Europa invierte proporcionalmente menos en I+D que sus dos grandes competidores y de que esa brecha se traduce en menor capacidad de innovación tecnológica, desde semiconductores hasta inteligencia artificial. Según Eurostat, la Unión destinó en 2023 en torno al 2,2% de su PIB conjunto a investigación y desarrollo, por debajo del entorno del 3% que Estados Unidos dedica a este capítulo.
Un precedente que quedó por debajo de lo pedido
El antecedente más directo de esta reclamación es la gestación del propio Horizonte Europa, que sustituyó en 2021 al anterior Horizonte 2020. En aquella negociación la comunidad científica europea también presionó para elevar la dotación inicial propuesta por la Comisión, con resultados desiguales: el presupuesto final quedó por debajo de las peticiones del sector académico, que entonces reclamaba cifras más elevadas que las finalmente aprobadas. La experiencia explica la cautela con que el sector afronta ahora la nueva ronda presupuestaria.
Las organizaciones firmantes argumentan que la inversión en ciencia no debe entenderse como un gasto, sino como una cuestión de soberanía tecnológica, un concepto que ha ganado peso en el discurso institucional europeo desde la pandemia de covid-19 y, especialmente, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que expuso la dependencia europea de terceros países en sectores estratégicos como la energía, los semiconductores o las materias primas críticas. La Comisión incorporó esa noción en su Estrategia Europea de Seguridad Económica, presentada en 2023.
El manifiesto también pone el foco en la fuga de cerebros, el fenómeno por el cual investigadores europeos optan por desarrollar su carrera en universidades y centros de Estados Unidos u otros países que ofrecen mejores condiciones salariales y de financiación. Para intentar retener y atraer talento, la Comisión ha impulsado en los últimos años programas específicos, como las becas Marie Skłodowska-Curie y la financiación del Consejo Europeo de Investigación.
Un presupuesto que se decide por unanimidad
La decisión final no corresponde ni a las universidades ni a la Comisión en solitario. El marco financiero plurianual debe ser aprobado por unanimidad en el Consejo, es decir, con el visto bueno de los 27 Estados miembros, y posteriormente requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. Este procedimiento, regulado en el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, convierte cada negociación presupuestaria en un proceso largo y sujeto a intereses contrapuestos entre países contribuyentes netos y receptores netos de fondos comunitarios.
La investigación compite presupuestariamente con partidas de gran peso político, como la Política Agrícola Común o los fondos de cohesión, que tradicionalmente concentran una parte muy superior del gasto comunitario. La PAC ha venido absorbiendo cerca de un tercio del presupuesto de la UE, frente a un porcentaje sensiblemente menor destinado a investigación e innovación, lo que ayuda a explicar la dificultad histórica de estas reclamaciones para materializarse en los términos solicitados.
No todos los Estados miembros comparten el mismo nivel de entusiasmo ante una petición de este calado. Países con mayor peso en la aportación al presupuesto comunitario, como Alemania, Países Bajos o Austria, han defendido en negociaciones anteriores criterios de contención presupuestaria general, mientras que otros con menor tradición inversora en ciencia han priorizado históricamente los fondos de cohesión y desarrollo regional frente a programas de investigación de excelencia, que tienden a beneficiar de forma más concentrada a los países con ecosistemas científicos más consolidados.
La Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen desde 2019 y que fue reelegida para un segundo mandato en 2024, ha expresado en declaraciones institucionales previas su intención de reforzar la inversión en tecnologías consideradas estratégicas, entre ellas la inteligencia artificial, la biotecnología y las tecnologías cuánticas, áreas en las que Bruselas reconoce una posición de partida menos favorable frente a sus competidores.
El calendario de la negociación del marco financiero plurianual 2028-2034 sitúa los momentos decisivos en los próximos meses, con la presentación de la propuesta formal de la Comisión y el inicio de las discusiones en el Consejo, un proceso que en ediciones anteriores se ha prolongado durante más de un año antes de alcanzar un acuerdo definitivo. Las organizaciones firmantes han advertido de que mantendrán la presión sobre las instituciones europeas durante todo ese periodo, con nuevas iniciativas de movilización previstas de cara a las fases decisivas de la negociación.
