Los llamados "return hubs" son instalaciones situadas fuera de la Unión Europea que permitirían recibir a nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en suelo europeo y sujetos a una decisión de retorno. Pueden ubicarse en países del continente europeo ajenos a la UE, como Albania o Kosovo, o en otros continentes, y funcionan como destino final o como punto intermedio para el regreso al Estado de origen del migrante. La fórmula pretende dar salida a los expedientes de expulsión que hoy quedan paralizados cuando el país de origen no colabora.
Un reglamento que exige acuerdos con países considerados seguros
Para que estos centros sean operativos, cada Estado miembro debe firmar previamente un acuerdo con el tercer país que los albergue. El Reglamento de Retorno de la UE fija los criterios mínimos: el país receptor debe ser considerado mínimamente seguro —lo que excluiría, por ejemplo, retornos a Sudán—, y el pacto tiene que incluir un mecanismo independiente de supervisión, el reparto de responsabilidades entre las partes y las consecuencias de posibles incumplimientos. El texto también obliga a respetar determinados derechos humanos y el principio de no devolución, que impide expulsar a una persona a un lugar donde su vida o su libertad corran peligro.
Aunque la norma aún no ha sido aprobada de forma definitiva, algunos Estados miembros ya trabajan en su legislación nacional anticipándose a su entrada en vigor. Alemania y Grecia figuran entre los que avanzan en esa dirección. España, según las declaraciones de Grande-Marlaska del 4 de junio, no prevé por ahora buscar un tercer país donde establecer instalaciones de este tipo, lo que la sitúa al margen de esta línea de la política migratoria comunitaria.
El mecanismo persigue corregir uno de los puntos débiles de la política migratoria de la UE: la baja ejecución de las órdenes de expulsión. Según el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, en 2025 solo se ejecutó el 28% de las decisiones de retorno dictadas en la UE y los países asociados, un porcentaje que, pese a ser el más alto de la última década, deja sin cumplir a casi tres de cada cuatro. Las autoridades europeas pueden resolver que una persona debe abandonar el territorio comunitario, pero no siempre logran materializar esa decisión.
Entre las causas de ese desfase figura la falta de cooperación de algunos países de origen para identificar a sus nacionales, expedir documentos de viaje o aceptar su readmisión. Los centros de retorno permitirían que, cuando un Estado bloquea una devolución, el país miembro trasladara a la persona a otro territorio con el que hubiera cerrado un acuerdo previo. La ventaja principal, según sus defensores, es impedir que la ausencia de colaboración del país de origen paralice por completo el expediente, además de permitir que varios socios europeos compartan instalaciones, seguridad, asistencia jurídica, atención sanitaria y costes.
El debate se proyecta directamente sobre Ceuta, uno de los puntos de mayor presión migratoria de la frontera sur europea. La ciudad autónoma ya vivió en mayo de 2021 una de las mayores crisis de su historia reciente, cuando cerca de 10.000 personas entraron en pocos días tras una relajación del control fronterizo por parte de Marruecos, en plena tensión diplomática entre Rabat y Madrid. Aquel episodio evidenció los límites de la gestión española cuando la cooperación del país vecino falla.
Los defensores de los centros de retorno sostienen que disponer de ellos no frenaría de forma inmediata una llegada masiva, pero facilitaría a posteriori la gestión de quienes permanecen en el territorio sin derecho a hacerlo. Sus críticos advierten, en cambio, de los riesgos jurídicos y de derechos humanos que entraña externalizar la custodia de migrantes a terceros países, un argumento recurrente en el debate europeo sobre esta fórmula.
La externalización de la gestión migratoria no es nueva en la UE. El acuerdo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía para frenar los flujos hacia Grecia, o el pacto suscrito por Italia con Albania para tramitar solicitudes de asilo fuera de suelo comunitario, son precedentes de esa estrategia, que ha generado tanto respaldo político como reparos por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El futuro del mecanismo depende ahora de la aprobación definitiva del Reglamento de Retorno en las instituciones europeas y de su posterior transposición por cada Estado miembro. Solo entonces quedará claro cuántos países optan por firmar acuerdos con terceros Estados y bajo qué condiciones. Mientras esa tramitación avanza, la posición española, expresada por Interior, mantiene a España fuera de esta vía, lo que condiciona las herramientas de las que dispondrá para gestionar situaciones como la de Ceuta en los próximos meses.
