La EPA situó la ocupación en 22.779.000 personas al finalizar el segundo trimestre de 2026, tras un aumento de 486.000 personas en ese periodo. El dato exige matices: el 95% del incremento interanual de la ocupación se concentró en ese único trimestre, lo que apunta a un peso determinante de la estacionalidad vinculada al turismo, la hostelería y la restauración, actividades que repuntan cada verano y se contraen en otoño e invierno.
Julio trajo señales de deterioro. El paro registrado aumentó en 19.517 personas, un 0,85% más que en junio, según el SEPE. Lo relevante es que el desempleo también creció en términos desestacionalizados, en 18.249 personas, una cifra muy próxima a la anterior que dificulta atribuir el repunte exclusivamente al fin de la campaña estival y sugiere un componente que va más allá del efecto de temporada.
La fotografía se complica si se abandona la cifra oficial de paro registrado y se atiende al conjunto de demandantes de empleo inscritos en el SEPE, que al cierre del primer semestre superaban los cuatro millones. De ellos, 2.291.982 figuraban clasificados como parados y 1.856.151 como demandantes "no parados", una categoría administrativa que agrupa a personas en situaciones diversas, entre ellas quienes tienen disponibilidad limitada para trabajar.
A esa cifra se suman los fijos discontinuos inactivos, que en junio de 2026 alcanzaron los 792.341, el doble que en el mismo mes de 2021. Se trata de trabajadores con contrato indefinido pero sin actividad efectiva en ese momento, una figura que ha crecido con fuerza en los últimos cinco años y que complica la lectura de las estadísticas de empleo estable.
Si se suman los fijos discontinuos inactivos, las personas en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), quienes presentan disponibilidad limitada para trabajar y otras categorías de no ocupados registrados, la estimación del paro real en julio de 2026 superaría los 3,7 millones de personas, muy por encima de la cifra oficial de paro registrado. La discrepancia no es un debate meramente estadístico: condiciona el diseño y la evaluación de las políticas activas de empleo.
La letra pequeña del contrato indefinido
El contrato indefinido representó el 42,9% del total de contratos firmados en el primer semestre de 2026, unos treinta puntos porcentuales más que en 2021. El salto se explica en buena medida por la reforma laboral aprobada mediante el Real Decreto-ley 32/2021, que limitó el uso del contrato temporal y reforzó la figura del fijo discontinuo. El avance del volumen de contratación indefinida ha sido, desde entonces, uno de los argumentos centrales del Gobierno para defender la mejora del mercado de trabajo.
La denominación jurídica del contrato, sin embargo, no garantiza por sí sola estabilidad. Uno de cada cinco contratos firmados en el primer semestre duró menos de una semana, y el 43,3% del total tuvo una duración inferior a tres meses, según los registros del SEPE. La duración media de los contratos se situó en 45,5 días, un periodo alejado de la idea de estabilidad tradicionalmente asociada al empleo indefinido.
Los datos de julio refuerzan esta lectura. Se registraron 1.587.141 contratos, de los que 617.211 fueron indefinidos, pero solo 250.540 correspondieron a jornada completa. Otros 150.201 fueron indefinidos a tiempo parcial y 216.470 se formalizaron como fijos discontinuos, modalidad que implica periodos de inactividad entre campañas. En consecuencia, apenas el 15,7% del total de contratos firmados en julio fueron indefinidos a tiempo completo.
La rotación ha alcanzado también al empleo indefinido: en julio, 27.960 personas firmaron más de un contrato de esa modalidad, señal de que el vínculo tuvo una vida breve antes de encadenarse con otro. Cuando un contrato indefinido dura semanas y se repite con distintos empleadores, el cambio de etiqueta jurídica respecto al temporal no resuelve por sí solo la inestabilidad. En paralelo, la parcialidad constituye otro frente: en el primer semestre se firmaron más de 7,8 millones de contratos, de los que solo el 56,6% fueron a jornada completa.
Desde el Ministerio de Trabajo se ha defendido en distintas comparecencias públicas que la reforma laboral de 2021 ha reducido de forma sostenida la temporalidad estructural del mercado español, uno de los más elevados de la Unión Europea según la serie histórica de Eurostat previa a la reforma. Los sindicatos han reclamado en las mesas de diálogo social un refuerzo de la Inspección de Trabajo para evitar el fraude en el uso del fijo discontinuo y de los contratos de muy corta duración, mientras las organizaciones empresariales sostienen que la flexibilidad contractual resulta imprescindible en sectores estacionales como el turístico.
La comparación histórica ofrece perspectiva: España mantuvo tasas de temporalidad superiores al 25% durante buena parte de las décadas de los noventa y los dos mil, muy por encima de la media comunitaria, un rasgo estructural del mercado de trabajo desde la reforma de 1984 que introdujo la contratación temporal, y las sucesivas revisiones de 1994, 2012 y 2021. La reducción del contrato temporal no ha eliminado, sin embargo, la rotación, que se ha desplazado en parte hacia el propio contrato indefinido.
El INE publicará en octubre los datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre de 2026, que permitirán comprobar si el repunte del paro registrado en julio se consolida o responde a un ajuste estacional propio del fin de la campaña de verano. Hasta entonces, el debate sobre la calidad del empleo creado seguirá abierto entre Gobierno, sindicatos y patronal en el marco del diálogo social.
