La discrepancia sobre las cifras no es un detalle menor. Interior sitúa en 2.500 el número de menores pendientes de una respuesta institucional, mientras que Save the Children corrigió ayer esa estimación al alza y apuntó a que la cifra de menores en situación de vulnerabilidad en la ciudad autónoma rondaría los 4.000. La divergencia refleja la dificultad para censar a una población que se mueve entre centros de acogida, la calle y redes de apoyo vecinal improvisadas.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó esta semana que España trabaja para que regrese a Marruecos «hasta la última persona que ha entrado ilegalmente», una declaración que contrasta con el marco jurídico vigente y con la experiencia de crisis anteriores. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó por su parte de «extraordinaria y excepcional» la cooperación marroquí en la gestión de esta crisis, una valoración que choca con los datos disponibles sobre retornos efectivos. Según diversas fuentes citadas en el debate público, el porcentaje de menores marroquíes efectivamente retornados desde España en la última década no alcanzaría el 0,2% de quienes cruzaron de forma irregular.
El filtro jurídico que impide las devoluciones masivas
El origen de la limitación no es solo político, sino jurídico. España está suscrita a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y a la normativa europea de protección de menores no acompañados, que exigen que cualquier decisión de retorno se base en un procedimiento individualizado y no en devoluciones colectivas. El principio rector es el del «interés superior del menor», que obliga a evaluar caso por caso las condiciones familiares, sociales y de seguridad a las que regresaría cada niño. La Fiscalía de Menores tiene un papel central: debe garantizar que ningún retorno se ejecute sin las garantías legales mínimas, incluida la verificación de que existe una familia o tutor capaz de hacerse cargo del menor en origen.
Ese filtro ha sido, históricamente, el principal obstáculo para cualquier plan de repatriación exprés, con independencia del color político del Gobierno de turno. El escepticismo con el que juristas y organizaciones humanitarias reciben los anuncios de repatriaciones masivas —tanto los que llegan desde Madrid como desde Rabat— se apoya en un precedente reciente.
El caso más relevante se remonta a 2021, cuando unos 55 menores marroquíes que habían cruzado a Ceuta fueron devueltos por las autoridades sin seguir el procedimiento legal establecido. El Tribunal Supremo declaró ilegal esa actuación, y el caso terminó con la entonces delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la ex vicepresidenta ceutí, Mabel Deu, en el banquillo acusadas de prevaricación administrativa. Ambas fueron inhabilitadas para ejercer cargo público durante nueve años, una condena que marcó la forma de gestionar estas crisis desde la Administración.
Aquel episodio, conocido como la crisis migratoria de Ceuta, tuvo un desencadenante político: la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que Rabat interpretó como un gesto hostil y al que respondió relajando durante días el control fronterizo. Miles de personas, entre ellas numerosos menores, cruzaron entonces la frontera. Pese a las promesas de retorno masivo pronunciadas por ambos gobiernos, la inmensa mayoría de aquellos menores permaneció finalmente en territorio español, un desenlace que ahora se emplea como referencia para valorar las expectativas de la crisis actual.
La actual escalada verbal desde Rabat se produce en un contexto de tensión bilateral recurrente, en el que la cuestión migratoria —y en particular la de los menores no acompañados— ha funcionado en ocasiones como instrumento de presión diplomática. Ouahbi defendió que «Marruecos mantiene su determinación de recuperar a sus niños y menores que se encuentran en España, incluidos aquellos que han entrado recientemente en la ciudad de Ceuta», y añadió que «se acerca el inicio del curso escolar y deben regresar a sus escuelas». El ministro trasladó además la responsabilidad de posibles agresiones o abusos contra menores a las autoridades ceutíes, aunque sin aportar datos ni denuncias concretas que sustenten esa acusación.
Desde el Gobierno español no se ha ofrecido, de momento, una respuesta detallada a esas acusaciones, más allá de las declaraciones de Albares y Marlaska sobre la cooperación bilateral. La atribución institucional apunta a que cualquier proceso de identificación y eventual retorno se ajustará al marco legal vigente, lo que en la práctica implica plazos mucho más largos que los que reclama Rabat antes del inicio del curso escolar.
Menores en la calle y una red de acogida desbordada
Sobre el terreno, la situación descrita por las organizaciones humanitarias contrasta con la envergadura del debate diplomático. Save the Children denunció en un comunicado emitido ayer que buena parte de estos menores carece de un lugar seguro donde pernoctar y de acceso adecuado a servicios básicos, una circunstancia que atribuye al desbordamiento de la red de acogida ceutí ante un flujo que ha superado su capacidad ordinaria en apenas dos semanas. Asociaciones vecinales han asumido tareas de asistencia —comida, ropa, primeros auxilios— ante lo que consideran una respuesta insuficiente de las administraciones, un papel supletorio de la sociedad civil que ya se documentó en 2021.
El marco competencial añade complejidad: la protección de menores no acompañados corresponde a las comunidades autónomas y a la ciudad de Ceuta, mientras que el control fronterizo y las relaciones exteriores competen al Estado. Esa división genera fricciones recurrentes entre Ceuta, el Gobierno central y Marruecos, cada uno con responsabilidades distintas mal engarzadas cuando se produce una llegada masiva.
A partir de ahora, el calendario pasa por dos frentes. Por un lado, la evaluación individualizada de cada menor por parte de los servicios de protección ceutíes y la Fiscalía, un proceso que en crisis anteriores se prolongó durante meses o años sin resolución definitiva para buena parte de los casos. Por otro, la evolución de la presión diplomática marroquí, que podría traducirse en gestos concretos —o en su ausencia— antes del inicio del curso escolar, la fecha que Rabat ha fijado como límite para exigir el regreso de los menores.
