Quince años de Basilea III: siete capas de capital sobre un mismo balance
Cuando el G20 encargó al Comité de Basilea el diseño de un nuevo marco prudencial tras el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008, el objetivo era preciso: impedir que el contribuyente europeo volviera a rescatar entidades sistémicas. El resultado fue Basilea III, transpuesto al derecho comunitario mediante el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR) y la Directiva homónima (CRD), con versiones sucesivas —CRR2, CRR3— que han ido añadiendo exigencias sobre el núcleo original. A ese edificio se sumaron el Mecanismo Único de Supervisión (MUS, 2014), el Mecanismo Único de Resolución (MUR, 2015) y la Directiva de Resolución Bancaria (BRRD), cada uno con sus propios colchones obligatorios.
El informe encargado por la Federación Bancaria Europea (EBF) a la consultora Oliver Wyman, publicado en 2025, no cuestiona ninguna de esas normas individualmente, sino su sedimentación acumulada. El documento identifica siete capas de capital regulatorio que los bancos europeos deben satisfacer de forma simultánea: el requisito mínimo de Pilar 1; el recargo de Pilar 2 fijado por el supervisor caso a caso; el colchón de conservación de capital; el colchón anticíclico; los recargos por importancia sistémica global (G-SII) o doméstica (O-SII); el colchón de riesgo sistémico; y los requisitos nacionales adicionales introducidos al amparo de las cláusulas de flexibilidad de las directivas europeas. Este último vector ha producido la cifra más llamativa del informe: 86 regímenes de capital diferenciados coexisten hoy dentro del mercado único.
La brecha inversora: de los 800.000 millones de Draghi al billón cuatrocientos mil millones de la EBF
El punto de partida político del debate fue el informe sobre competitividad europea que Mario Draghi —expresidente del BCE y ex primer ministro italiano— entregó a la Comisión Europea en septiembre de 2024. Draghi estimó que Europa necesitaba movilizar alrededor de 800.000 millones de euros adicionales al año en inversión productiva para no perder terreno frente a Estados Unidos y China en sectores estratégicos: semiconductores, defensa, transición energética e inteligencia artificial. La cifra adquiere dimensión si se recuerda que el Plan Marshall, en valores actualizados, equivale a aproximadamente 150.000 millones de dólares totales, según estimaciones académicas ampliamente citadas.
La EBF eleva ese déficit a 1,4 billones de euros anuales, un 75% por encima de la estimación Draghi, según los cálculos de Oliver Wyman incluidos en el informe de 2025. La federación atribuye la diferencia a la aceleración de las necesidades de inversión en infraestructuras digitales y en la reconversión industrial exigida por el objetivo de neutralidad climática para 2050, comprometido por la UE en el Reglamento Europeo del Clima (Reglamento 2021/1119). No constan en el material declaraciones oficiales de la Comisión Europea rebatiendo o validando esa revisión al alza; la institución no ha publicado hasta la fecha una réplica formal a la metodología de Oliver Wyman.
La dependencia estructural de Europa respecto del crédito bancario refuerza el argumento de la EBF. A diferencia de Estados Unidos, donde los mercados de capitales financian directamente en torno al 70-75% de la inversión empresarial —proporción recogida en informes periódicos de la Comisión sobre la Unión de Mercados de Capitales—, en Europa el crédito bancario sigue siendo el canal dominante para pymes y proyectos de infraestructura sin acceso a los mercados públicos. Esta asimetría estructural es el eje sobre el que la EBF sostiene que cualquier política de competitividad europea pasa, necesariamente, por la capacidad prestamista de sus entidades.
El efecto composición: más hipotecas, menos crédito a empresas
El informe de Oliver Wyman introduce un diagnóstico que trasciende la queja gremial: la acumulación de requisitos de capital no solo ha encarecido el crédito en términos generales, sino que ha distorsionado su composición. Los activos ponderados por riesgo (APR), base de cálculo de la mayoría de los colchones, penalizan de forma diferencial los préstamos a empresas —especialmente pymes y proyectos con perfil de riesgo medio-alto— frente a las hipotecas sobre inmuebles residenciales, que históricamente soportan una ponderación de riesgo más baja bajo los estándares del Comité de Basilea. El resultado, según la EBF, es que la banca europea ha desplazado su cartera hacia la financiación hipotecaria y los activos de bajo riesgo en detrimento de la inversión productiva.
Este fenómeno tiene antecedente documentado: ya durante la fase de implementación de Basilea II, a mediados de la década de 2000, los supervisores detectaron que las ponderaciones de riesgo generaban incentivos perversos para la concentración de carteras en activos de menor consumo de capital. Lo que distingue el momento actual es la magnitud. Según datos del BCE y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) correspondientes al cierre de 2024, los bancos europeos mantienen niveles de capital regulatorio que, en media, superan en varios puntos porcentuales los de sus homólogos estadounidenses. La EBF cifra en hasta 80.000 millones de euros el capital que podría liberarse eliminando solapamientos entre colchones, lo que en teoría permitiría expandir la capacidad prestamista en hasta 630.000 millones de euros adicionales, según Oliver Wyman (2025).
Washington y Londres recalibran; Bruselas aún delibera
El argumento geopolítico del informe es probablemente el más eficaz de cara a los legisladores europeos. En Estados Unidos, la Reserva Federal y la FDIC han retrasado la implementación plena de los estándares de Basilea III —el denominado Basel III Endgame— de forma diferenciada, bajo presión de la industria y con el argumento de que una aplicación demasiado estricta reduciría la liquidez del mercado de bonos del Tesoro. En el Reino Unido, la Prudential Regulation Authority (PRA) ha lanzado su propia consulta sobre la simplificación del Pilar 2 y ha señalado explícitamente la competitividad internacional como criterio en su mandato renovado tras el Brexit. Ambos procesos siguen abiertos sin resolución definitiva.
Esta divergencia regulatoria tiene consecuencias directas en el coste de capital. Un banco europeo que compite con un banco estadounidense en la financiación de un proyecto de infraestructura transfronterizo puede verse obligado a inmovilizar más capital propio para el mismo activo, lo que eleva el precio del crédito ofertado y comprime su margen. Con el tiempo, esa dinámica puede traducirse en pérdida de cuota en segmentos de alto valor añadido —project finance, préstamos sindicados, financiación de exportaciones— donde la competencia internacional es directa. La EBF no ofrece en su informe cifras desagregadas de esa pérdida de cuota; el BCE ha advertido en sus informes de estabilidad financiera de los últimos años sobre la tendencia de grandes corporaciones europeas a buscar financiación fuera del sistema bancario europeo, sin atribuirle un volumen preciso.
Marco normativo y calendario: CRR3 en vigor, revisión de colchones por decidir
El marco aplicable descansa sobre el paquete bancario de la UE aprobado en junio de 2024, que incorpora CRR3 y CRD6 al ordenamiento comunitario con aplicación progresiva desde enero de 2025. CRR3 completa la transposición del acuerdo de Basilea III de 2017 e introduce el llamado output floor —suelo del 72,5% sobre los APR calculados mediante modelos internos— que limitará la capacidad de los bancos de reducir sus requerimientos de capital mediante modelos propios. La EBF no cuestiona el output floor en sí, sino la superposición de ese mecanismo con los 86 regímenes nacionales ya existentes, situación que, a su juicio, no tiene equivalente en ninguna otra jurisdicción del G20.
La instancia competente para abordar la racionalización de colchones es la Comisión Europea, que puede proponer modificaciones legislativas al CRR y la CRD previo informe de la EBA. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deben aprobar cualquier cambio mediante el procedimiento de codecisión ordinario, lo que implica plazos mínimos de dieciocho a veinticuatro meses desde la propuesta formal. La presidencia polaca del Consejo, que ostenta el turno en el primer semestre de 2025, ha incluido la competitividad financiera en su agenda de prioridades, pero no ha fijado un calendario concreto para una revisión del marco de colchones. La Comisión tampoco ha anunciado hasta la fecha una iniciativa legislativa específica en respuesta al informe de la EBF.
