La ejecutiva duró seis horas y quince minutos. Sánchez habló durante los primeros 42 minutos con un discurso que las fuentes presentes describen como «quirúrgico en la forma y hueco en el fondo»: analizó los datos del 17-M con la frialdad de un demóscopo, reconoció que el resultado era «inapelable», pidió «unidad, serenidad y autocrítica sincera» y no mencionó a María Jesús Montero por su nombre en ningún momento. La omisión no fue accidental. En el lenguaje interno del PSOE, no nombrar a alguien es peor que criticarle: es señalar que su futuro ya no merece ni el esfuerzo de la discusión.
Tras el discurso de Sánchez se abrió un turno de palabra que duró cuatro horas y media. Al menos seis miembros de la ejecutiva — entre ellos los secretarios provinciales de Sevilla, Málaga, Córdoba y Almería, más dos representantes de la federación madrileña — pidieron formalmente que se convocara un congreso extraordinario del PSOE-A antes de septiembre. La palabra «dimisión» fue pronunciada tres veces, siempre por boca de los andaluces, y siempre seguida de un silencio que las fuentes describen como «eléctrico». Santos Cerdán, secretario de organización, bloqueó la votación alegando que «no era el momento ni el lugar» para tomar decisiones sobre una federación que tiene sus propios estatutos y sus propios tiempos orgánicos.
El bloqueo de Cerdán no fue improvisado. La estrategia es clásica del sanchismo: dejar que los barones descarguen su frustración en un foro controlado, registrar quién dice qué y quién levanta la voz, y aplazar las decisiones hasta que el paso del tiempo desactive la indignación. Ha funcionado en crisis anteriores. La pregunta es si funcionará cuando la deliberación de Koldo amenaza con añadir una condena judicial al balance de pérdidas.
Porque a las 10:00 de esta mañana, mientras los periodistas analizan las ruinas de la ejecutiva y los barones socialistas gestionan sus resacas, el magistrado Manuel Marchena reabrirá las puertas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el segundo día de deliberación del caso Koldo. La sesión de ayer cerró el bloque de organización criminal con un consenso amplio sobre la existencia de la trama pero discrepancias sobre el grado de autoría directa de Ábalos. Hoy le toca al bloque de malversación y prevaricación — 82 páginas de la ponencia que detallan los flujos de dinero, las facturas infladas, las comisiones encubiertas y el destino final de los fondos en cuentas extranjeras.
Las fuentes jurídicas anticipan que este segundo bloque generará menos división entre los magistrados. La razón es técnica: la malversación y la prevaricación se prueban con documentos — transferencias bancarias, contratos, facturas, correos electrónicos —, no con interpretaciones jurídicas sobre lo que constituye una «organización criminal». Los flujos de dinero que la UCO de la Guardia Civil rastreó durante dos años dejan poco espacio para la ambigüedad: salieron fondos públicos de los contratos de mascarillas, pasaron por cuentas controladas por el entramado societario de Aldama y llegaron a destinos que las defensas no han sabido justificar.
El impacto político de la deliberación es ahora inseparable de la crisis del PSOE. Si la sentencia — esperada para finales de esta semana, quizá el viernes 23 — confirma penas cercanas a las que pide Anticorrupción, Sánchez afrontará la confluencia más tóxica imaginable: una condena a su exministro y amigo personal, en la misma semana en que ha perdido Andalucía y en la misma legislatura en que su esposa espera juicio con jurado popular. Ningún presidente democrático español ha gestionado nunca un triple impacto judicial, electoral y personal de esta magnitud.
Moreno, mientras tanto, ejecuta la segunda jugada de su partida de ajedrez post-electoral con la misma precisión que la primera. Esta mañana, el presidente andaluz recibirá en San Telmo a los portavoces parlamentarios de todos los grupos para ofrecerles una «legislatura de diálogo». La operación es transparente — Moreno quiere proyectar la imagen de un gobernante que tiende la mano mientras su adversario se desangra — pero no por transparente deja de ser eficaz. El contraste entre un Moreno que recibe y un PSOE que se esconde es la mejor campaña electoral que el PP podría diseñar para las generales.
Vox también mueve ficha. Santiago Abascal ha convocado una rueda de prensa para las 11:00 de esta mañana en la que, según fuentes del partido, presentará una «nueva hoja de ruta» que utilice los 21 escaños andaluces como trampolín hacia las generales. El resultado del 17-M ha dado a Vox tres argumentos que no tenía hace una semana: que puede crecer en el sur, que el PP necesita socios y que la fragmentación de la izquierda es estructural. La pregunta es si Abascal pretende ser socio de Moreno en Andalucía — algo que el presidente andaluz ha descartado de momento — o si prefiere ejercer de oposición útil que condicione desde fuera.
El calendario de esta semana no concede tregua a nadie. Hoy lunes: segundo día de deliberación Koldo, operación Villarejo, rueda de prensa Abascal, Consejo UE Asuntos Exteriores, evacuación del Hondius. Mañana martes: comisión de Presupuestos con Bolaños, posible tercer día de deliberación Koldo. Miércoles: sesión 17 de Kitchen si Villarejo lo permite, escrutinio oficial del 17-M, comisión mixta del Congreso sobre el Hondius. Jueves: posible cierre de deliberación Koldo. Viernes: posible sentencia, plazo de recurso de Begoña Gómez. Cada día trae su propia crisis, y cada crisis arrastra la cola de las anteriores.
A las 08:30 de la mañana del lunes, cuando esta edición cierra, Madrid amanece con una lluvia fina que empapa las aceras de la calle Ferraz y las escalinatas del Tribunal Supremo con la misma indiferencia. En Ferraz, un partido busca la salida de su peor semana sin encontrarla. En el Supremo, cinco magistrados retoman una deliberación que puede cambiar la historia judicial del país. Y en algún lugar entre ambos edificios, separados por apenas tres kilómetros de asfalto mojado, la democracia española se somete a una prueba de estrés que nadie diseñó pero que todos intuían inevitable: la coincidencia de una derrota electoral, una condena judicial en gestación y una crisis de liderazgo que el partido del Gobierno no sabe cómo resolver sin romper lo único que le mantiene en pie — la disciplina interna que Sánchez ha convertido en su marca de fábrica.
