El preacuerdo contempla una pena de 19 meses de prisión por un concurso homogéneo y sucesivo de falsedad en documento privado. Según informó la Fiscalía en un comunicado, la lectura formal del fallo está prevista para el 20 de agosto, fecha en la que el juzgado impondrá la condena definitiva conforme con lo pactado. Cardona Henao permanece en libertad mientras se formaliza la sentencia.
La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, estableció que entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022 el procesado suscribió quince documentos falsos —cuentas de cobro y soportes documentales— para acreditar servicios de transporte que nunca se prestaron y justificar el desembolso de recursos públicos. De acuerdo con lo aceptado por Cardona Henao, el mecanismo sirvió para dar apariencia de legalidad a giros millonarios provenientes del AMVA durante la pandemia, presuntamente destinados a la compra de kits de bioseguridad y a capacitaciones para otros cuerpos de bomberos de la región.
La Fiscalía calculó que, solo por esta modalidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá sufrió un detrimento patrimonial superior a $120 millones. Entre las irregularidades documentadas, el ente acusador señaló firmas falsificadas en cuentas de cobro, cobros por servicios jamás prestados y soportes fechados en momentos en que la persona que supuestamente ejecutó el servicio se encontraba fuera del país. "Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el extesorero (…) aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en la expedición de documentos irregulares para autorizar el desembolso de recursos", indicó la entidad en su comunicado.
El macroproceso del Área Metropolitana
La sentencia contra el extesorero forma parte de una investigación mayor sobre presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre 2020 y 2023 por el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según la Fiscalía, la ejecución de esos convenios habría generado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones, unas veinte veces el perjuicio acreditado en el preacuerdo ya avalado. En ese mismo expediente, Misael Cadavid, exjefe de los bomberos de Itagüí, suscribió un principio de oportunidad con el ente acusador —figura que permite colaborar con la investigación a cambio de beneficios procesales—, mientras que Juan David Cardona, exdirector del Área Metropolitana, fue imputado por su presunta participación en el esquema contractual.
La Fiscalía sostiene que la operación ejecutada por Cardona Henao habría beneficiado a terceros, entre ellos Miguel Quintero Calle, contra quien se espera el desarrollo de una audiencia de imputación. El ente acusador vincula el caso a Daniel Quintero Calle por su condición de alcalde de Medellín, el municipio más poblado de los diez que integran el área metropolitana del Valle de Aburrá —junto con Itagüí, Caldas y otros—, durante el periodo en que se ejecutaron los contratos cuestionados. El exalcalde no ha sido vinculado formalmente en esta etapa del proceso.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es la entidad administrativa que coordina la planeación conjunta de esa subregión antioqueña, incluida la ejecución de proyectos y contratos con recursos públicos. Su junta metropolitana, presidida por el alcalde de Medellín durante el periodo respectivo, tiene incidencia sobre la contratación y supervisión de entidades como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, lo que explica el foco de la investigación en la cabeza administrativa del área durante 2020-2023.
El preacuerdo es un mecanismo de terminación anticipada del proceso penal previsto en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004): el procesado acepta cargos a cambio de una rebaja de pena y evita el juicio oral, siempre que un juez de conocimiento avale que la negociación no vulnera garantías fundamentales. Es la vía por la que Cardona Henao quedó condenado sin debate probatorio, y también el escenario que podrían valorar los demás imputados del macroproceso.
Ni Miguel Quintero Calle ni Daniel Quintero Calle se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos de la Fiscalía relacionados con este expediente, y el material disponible no permite atribuirles una versión de los hechos. La defensa de los implicados en el macroproceso tampoco ha difundido comunicados oficiales sobre el avance de las imputaciones.
Antecedentes y siguientes pasos
La Fiscalía General de la Nación ha adelantado a lo largo de los años procesos contra funcionarios de entes territoriales por el desvío de recursos destinados a la atención de emergencias y a la compra de insumos durante la pandemia, en un patrón que atravesó a varias regiones del país. El material disponible, no obstante, no detalla antecedentes específicos comparables dentro del propio Valle de Aburrá.
El siguiente hito procesal será la lectura de la condena contra Cardona Henao, programada para el 20 de agosto ante el mismo Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín. En paralelo, la Fiscalía deberá adelantar la audiencia de imputación contra Miguel Quintero Calle, diligencia en la que se conocerán formalmente los cargos que el ente acusador le atribuye dentro del entramado contractual investigado.
El desenlace del macroproceso, que involucra a exfuncionarios del AMVA y del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, dependerá de si prosperan nuevos preacuerdos o si los imputados optan por ir a juicio oral. La Fiscalía no ha anunciado plazos para las siguientes etapas contra los demás señalados.
