El caso, ampliamente cubierto por la prensa estadounidense, gira en torno a la muerte de Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de apenas ocho meses, estrangulados en la vivienda familiar de Duxbury, un municipio costero de Massachusetts. Clancy, exenfermera, no niega haber causado la muerte de sus hijos, pero sostiene que actuó bajo los efectos de una psicosis posparto que la eximiría de responsabilidad penal.
El jurado, integrado por doce personas —número que el sistema procesal estadounidense exige para alcanzar un veredicto unánime en causas penales de esta gravedad—, quedó estancado en una votación de 11 a 1, con la mayoría aparentemente inclinada a declarar a Clancy no culpable por razones de salud mental. La ausencia de unanimidad, requisito para dictar sentencia, llevó al juez Sullivan a considerar la nulidad del juicio tras constatar que el bloqueo se repetía por segunda vez en la misma semana. El jurado le informó nuevamente el miércoles, en el quinto día de deliberaciones, que no lograba ponerse de acuerdo.
Según medios estadounidenses, Sullivan había dado previamente a los jurados una instrucción de último recurso para que siguieran deliberando, en un intento de superar el bloqueo y evitar precisamente la declaratoria de nulidad. Pese a ese esfuerzo, el estancamiento persistió y precipitó la decisión del viernes. Al congelar su fallo durante una hora, el magistrado abrió la puerta a que la Fiscalía interponga un recurso ante una instancia superior antes de que la nulidad quede en firme.
Un juicio de cinco semanas y un debate sobre la salud mental materna
El proceso se extendió durante cinco semanas, fue transmitido por televisión e incluyó a más de 80 testigos, y reabrió en EE. UU. un debate de fondo sobre la salud mental materna y los límites de la responsabilidad penal en casos vinculados a trastornos posparto. Durante las audiencias, decenas de mujeres vestidas de rosa acudieron al tribunal de Massachusetts para mostrar su respaldo a la acusada.
La defensa ha sostenido durante todo el juicio que Clancy padecía una psicosis posparto en el momento de los hechos, y que a raíz de ese cuadro habría escuchado una voz que le ordenaba matar a sus hijos. La psicosis posparto es una urgencia médica que afecta a entre una y dos mujeres por cada mil partos, señaló Sally Wilson, coordinadora nacional de formación de la organización benéfica británica Action on Postpartum Psychosis.
Clancy se declaró no culpable por motivos de demencia, una figura del sistema judicial estadounidense que, de prosperar, no equivale a una absolución plena sino a un veredicto de no culpabilidad por falta de responsabilidad penal. En ese escenario, la ley contempla su internamiento en un centro psiquiátrico, en lugar de una condena carcelaria.
Tras los hechos, ocurridos en enero de 2023, Clancy se arrojó desde una ventana del segundo piso de su vivienda en lo que las autoridades interpretaron como un intento de suicidio. La caída la dejó paralizada de la cintura para abajo, una condición que la ha acompañado durante todo el proceso judicial.
La exenfermera se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable de asesinato en primer grado. El jurado también podría optar por veredictos alternativos como asesinato en segundo grado u homicidio —categorías con penas distintas dentro del sistema penal de Massachusetts— o por la no culpabilidad por falta de responsabilidad penal, que implicaría su internamiento psiquiátrico.
Qué sigue tras la declaratoria de nulidad
Si la nulidad se confirma, la Fiscalía deberá decidir si vuelve a llevar el caso a juicio con un nuevo jurado, una posibilidad que el ordenamiento procesal estadounidense contempla expresamente cuando se produce un estancamiento sin veredicto (hung jury). La decisión no es automática: los fiscales deben evaluar el costo, la duración y las probabilidades de un segundo proceso, considerando que la última votación conocida mostró a la mayoría del jurado inclinada hacia la absolución.
El caso Clancy se inscribe en una serie de procesos que en EE. UU. han puesto a prueba la manera en que los tribunales abordan la psicosis posparto como eximente o atenuante de responsabilidad penal, un debate que en ese país carece todavía de un criterio jurisprudencial uniforme entre los distintos estados. La cuestión evoca precedentes anteriores de infanticidio asociados a trastornos mentales severos que igualmente dividieron a jurados y a la opinión pública estadounidense.
Por ahora, la decisión del juez Sullivan permanece en suspenso mientras se resuelve el recurso que la Fiscalía tiene previsto presentar ante una instancia superior. De ratificarse la nulidad, el caso quedará abierto a un nuevo juicio cuya fecha, de producirse, dependerá de la disponibilidad judicial y de la estrategia que adopte la Fiscalía.
