Según la senadora, esta segunda denuncia busca ampliar el espectro de conductas presuntamente irregulares que no habrían quedado cubiertas en la primera radicación ante el ente investigador. Pedraza no detalló, en las declaraciones conocidas, la totalidad de los tipos penales que invoca en el nuevo documento, aunque hizo referencia a conductas distintas de las ya denunciadas inicialmente.
Hasta la fecha, ni Juliana Guerrero ni Verónica Guerrero han sido imputadas formalmente por la Fiscalía. Bajo el procedimiento penal colombiano, regulado por la Ley 906 de 2004, el tránsito de una denuncia a una imputación exige que un fiscal delegado presente ante un juez de control de garantías los elementos materiales probatorios que sustenten la existencia de un delito y la probable participación de la persona señalada. Solo entonces se celebra la audiencia de imputación, paso previo a una eventual medida de aseguramiento o a un escrito de acusación.
La denuncia original, presentada semanas atrás, ya había instalado en la agenda pública el caso que involucra a las hermanas Guerrero, un asunto que la senadora ha usado como plataforma de su ejercicio de control político. Pedraza, integrante de la bancada de oposición en el Senado, ha insistido en que este tipo de denuncias corresponden a su labor de fiscalización, un principio que la Constitución Política reconoce a los congresistas frente al Ejecutivo y frente a particulares que manejan recursos públicos.
La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre el estado puntual de las indagaciones abiertas a partir de las denuncias de la senadora. Tampoco han trascendido declaraciones directas de Juliana o Verónica Guerrero en respuesta a estas nuevas acusaciones, por lo que su versión de los hechos permanece pendiente de conocerse en el expediente o ante los medios.
El pulso por la jefatura de la oposición
En la misma entrevista, Pedraza abordó un asunto de otro orden pero con implicaciones sobre el debate político nacional: cuestionó que el presidente Petro sea reconocido como jefe de la oposición, una figura que en Colombia adquirió relevancia normativa con el Estatuto de la Oposición, aprobado mediante la Ley 1909 de 2018. Esa norma, que reglamenta el artículo 112 de la Constitución, establece que el candidato presidencial que ocupe el segundo lugar en la segunda vuelta —o, en su defecto, el partido o coalición que haya quedado en esa posición— puede ejercer la jefatura de la oposición si así lo declara formalmente.
Las declaraciones de la senadora remiten a una discusión presente desde el inicio del actual gobierno: distintos sectores han señalado la dificultad de encuadrar con claridad los roles de gobierno y oposición en un escenario de coaliciones cambiantes, en el que congresistas y movimientos han entrado y salido de la órbita de respaldo al Ejecutivo. Pedraza, que se ha mantenido crítica frente a la administración Petro desde su llegada al Senado, planteó que la actual configuración del debate dificulta identificar con precisión quién ejerce ese papel institucional.
El Estatuto de la Oposición no es una figura reciente en el ordenamiento colombiano: su origen se remonta a los debates de la Constituyente de 1991, que buscó garantizar derechos y financiación a las fuerzas políticas minoritarias tras décadas de bipartidismo excluyente y episodios de violencia política, como el exterminio de la Unión Patriótica en las décadas de 1980 y 1990. Su desarrollo legal, sin embargo, tardó más de dos décadas en materializarse con la ley estatutaria de 2018.
Pedraza llegó al Senado en las elecciones legislativas de 2022 dentro de la lista de la coalición Pacto Histórico, pero posteriormente se distanció de esa colectividad y consolidó su propio espacio político bajo el partido Dignidad, desde el cual ha ejercido un rol de oposición a las políticas del gobierno Petro en materias como la reforma pensional, la reforma a la salud y, más recientemente, en los señalamientos de presunta corrupción que involucran a figuras cercanas al entorno gubernamental.
El caso de las hermanas Guerrero se suma a una serie de denuncias por presunta corrupción que han marcado la agenda legislativa y judicial en lo corrido de 2026, en un contexto en el que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República también adelantan investigaciones disciplinarias y fiscales sobre distintos funcionarios y contratistas del Estado, sin que hasta el momento se conozca una conexión formal entre esos procesos y el que ahora denuncia Pedraza.
La Fiscalía cuenta con un plazo para adelantar la indagación y decidir si formula imputación, archiva el caso por atipicidad o insuficiencia probatoria, o aplica el principio de oportunidad. En denuncias de esta naturaleza, que involucran figuras públicas, los tiempos procesales suelen extenderse mientras se recaudan pruebas documentales y testimoniales.
De cara a las próximas semanas, será determinante observar si la Fiscalía se pronuncia formalmente sobre la admisión de esta segunda denuncia y si asigna un fiscal delegado que unifique los expedientes contra Juliana y Verónica Guerrero. Queda pendiente, asimismo, la eventual respuesta pública de las señaladas y el desarrollo del debate político en el Congreso, donde Pedraza ha anunciado que insistirá en llevar el tema a un debate de control político en la plenaria del Senado.
