El estudio de impacto ambiental presentado en 2011 contemplaba tres tajos, con la posibilidad de ampliar a seis, recordó Bichet, un dato que considera clave para medir el alcance real de lo que manejan los ministerios. Según el estudio, solo una vez transcurridas esas décadas de explotación empezaría el plan de cierre de la mina producto de su propia actividad.
"Lo que el gobierno está presentando como un cierre es una explotación minera que dura décadas y, luego de transcurridas esas décadas, empieza un plan de cierre de la mina", afirmó Carlos Bichet, abogado ambientalista.
El jurista también rechazó el calificativo de "autofinanciable" que se ha usado para describir la fórmula propuesta. A su juicio, el concepto elude costos que no se contabilizan como financieros: los ecosistémicos y los que recaerán sobre la salud y el derecho a un ambiente sano de las futuras generaciones. Esos costos, dijo, no los pagará su generación ni la actual, sino los hijos de quienes deciden ahora.
Bichet distinguió entre el fallo de inconstitucionalidad de 2017, publicado en 2021, de carácter netamente procedimental, y el de 2023, que a su entender abrió una discusión de mayor calado al abordar violaciones al derecho a la vida, a la salud, al agua y a los derechos de la niñez, la adolescencia y las futuras generaciones. Esas dimensiones, señaló, no figuran en los costos que ha mencionado el ministro de Comercio e Industrias, Julio César Chapman, al defender la propuesta gubernamental.
El principio de no regresión ambiental
El jurista invocó el principio de no regresión ambiental, según el cual, una vez establecido un estándar de protección, no es posible retroceder sin incurrir en una inconstitucionalidad. Citó como precedente el veto del mandatario José Raúl Mulino a la ley de corales aprobada por la Asamblea Nacional, que el Ejecutivo objetó, entre otras razones, por considerarla una regresión ambiental no permitida por ese principio internacional.
"Una vez que se establece un estándar de protección, no se puede retroceder. Es ilegal e inconstitucional dar marcha atrás. Es más, el propio presidente Mulino lo ha reconocido", sostuvo Bichet.
Sobre la posibilidad de resolver el diferendo mediante un referéndum, Bichet replicó que la consulta popular ya ocurrió, en su opinión, en las protestas que se extendieron por el país tras el fallo, y recordó que los acuerdos del Pacto del Bicentenario establecen que Panamá no es un país de extractivismo minero. Someter derechos fundamentales —a la vida, a la salud, a un ambiente sano— a votación, añadió, abriría la puerta a que una mayoría circunstancial vulnere los derechos de una minoría.
El abogado apuntó además un vacío en el procedimiento que baraja el gobierno: la recomendación de los tres ministros carecería, a su juicio, de asidero legal, porque la Constitución Política exige que las empresas estatales se creen mediante ley. Según las alocuciones del mandatario de los jueves, la Asamblea Nacional no sería consultada para la decisión final. Bichet subrayó que la Ley de Alianzas Público-Privadas excluye expresamente a la minería de su ámbito de aplicación.
"Tenemos una ley de alianzas público-privadas, pero el artículo 2 de esa ley excluye la minería", explicó Bichet al referirse a los vacíos de la fórmula que estudia el Ejecutivo.
En el plano económico, Bichet detalló que los estudios de impacto ambiental establecen una fianza como garantía para el cierre y abandono de la mina: la última, aprobada en 2011, superaba los $128 millones, mientras que el Ministerio de Ambiente aprobó en 2024 una garantía actualizada de $157 millones. El jurista contrastó esa cifra con la que manejan los ministros, que hablan de más de $1,000 millones para el cierre, una discrepancia sobre la que reclamó una certificación oficial.
Bichet también apuntó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero mandató al gobierno central a diseñar una estrategia de sustitución económica frente a la pérdida de ingresos que representaba la mina para el producto interno bruto del país, un encargo que, según el abogado, no se ha cumplido.
La controversia se produce en un contexto de recomposición de la imagen financiera del país: Panamá salió recientemente de la lista negra fiscal de la Unión Europea tras más de seis años, un hito que el gobierno ha utilizado para proyectar estabilidad institucional, mientras el expediente de Cobre Panamá permanece como uno de los pasivos pendientes entre el Órgano Ejecutivo, la Corte Suprema y los sectores ambientalistas.
El contrato con la filial local de First Quantum Minerals fue declarado inconstitucional por el pleno de la Corte en noviembre de 2023, tras semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, y la Asamblea Nacional aprobó entonces una moratoria a la minería metálica. Bichet se apoya en esos dos actos para sostener que cualquier reactivación vulneraría el marco vigente.
Bichet cerró recordando que la ponderación entre derechos fundamentales y necesidades fiscales ya fue resuelta por el pleno de la Corte en el fallo de 2023, y que esa balanza, a su juicio, se inclinará siempre hacia la defensa de la vida y la salud de las generaciones futuras frente a cualquier fórmula de reactivación minera presentada bajo la etiqueta de cierre.
