Es la segunda declaratoria de este tipo en siete semanas. La Resolución 108 se suma a la Resolución 80, vigente desde el 25 de agosto por los efectos del fenómeno de El Niño, que habilitó otros $80 millones en compras especiales hasta el 30 de junio de 2027. El Órgano Ejecutivo mantiene así dos declaratorias activas y $180 millones disponibles para adjudicar al margen de los plazos y la competencia que exige la ley de contratación pública.
El procedimiento de emergencia busca que el Estado no dependa de los tiempos ordinarios de una licitación —pliegos, reclamos e impugnaciones— mientras las comunidades afectadas esperan respuesta. Las resoluciones de este gobierno repiten casi la misma fórmula: las compras deben hacerse a "precios de mercado debidamente justificados". La del terremoto añade dos controles ausentes en la de El Niño: los fondos se administrarán mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá bajo control del Ministerio de Economía y Finanzas, y cada pago requerirá el refrendo previo de la Contraloría General de la República. Cualquier saldo sin usar al cierre del período deberá regresar al Tesoro Nacional.
La Resolución 80, en cambio, deja la aprobación de cada solicitud en manos de una comisión interinstitucional de alto nivel creada en mayo, que también define el monto de cada contratación. En ambos casos, la rendición de cuentas —el nombre del contratista, el objeto del gasto y la cifra pagada, publicados en PanamáCompra junto con el acta de la sesión— se exige únicamente al concluir la emergencia, no durante su vigencia. Mientras los decretos sigan abiertos, la ciudadanía conoce el tope autorizado, pero no cuánto se gastó ni a quién se asignaron los contratos.
Cinco declaratorias desde julio de 2024
Mulino asumió la Presidencia el 1 de julio de 2024, y desde entonces su gabinete ha firmado cinco declaratorias de emergencia con partidas que suman $360 millones. La primera llegó cuatro meses y medio después de la toma de posesión: la Resolución 107, del 14 de noviembre de 2024, respondió a lluvias que duplicaron la precipitación habitual en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, con un saldo de 11 muertos y más de mil familias afectadas. El tope inicial de $100 millones no alcanzó: el 14 de enero de 2025, un día antes de vencer el plazo, el Gabinete lo elevó a $160 millones y extendió las contrataciones hasta el 15 de febrero. El Ministerio de Obras Públicas concentró al menos $120 millones para reparar carreteras y calles; el Idaan recibió $23.7 millones; el Ministerio de Gobierno, $3.6 millones, y el de Vivienda, $2.5 millones.
En 2025 hubo dos declaratorias más, ambas provinciales y de menor escala. La Resolución 48, del 27 de mayo, cubrió Bocas del Toro durante la huelga del sindicato bananero Sitraibana contra la Ley 462, que reformó el régimen de jubilaciones y pensiones de la Caja de Seguro Social; el conflicto derivó en el despido de más de 5,000 trabajadores por parte de Chiquita Panamá y la suspensión temporal de sus operaciones. El Gobierno habilitó entonces $10 millones en compras directas. La Resolución 69-25, del 11 de junio, respondió a la contaminación del río La Villa en Herrera y Los Santos, que obligó a apagar las plantas potabilizadoras de la región, también con un tope de $10 millones.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, compareció el sábado en conferencia de prensa y aseguró que el país cuenta con recursos para atender los daños más urgentes derivados del terremoto. Indicó que, de requerirse financiamiento adicional, se recurriría a préstamos blandos, con tasas bajas, plazos largos y período de gracia, y agradeció el ofrecimiento de recursos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Estados Unidos.
"La economía panameña no se va a detener", afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en conferencia de prensa el sábado.
Mulino recorrió las zonas afectadas por el sismo del viernes 9 de octubre y descartó que el país vaya a paralizarse. El terremoto se produjo pocos días después de otro movimiento telúrico que sacudió a Panamá con magnitud 7.2 y dejó más de 80 réplicas, mientras la Cancillería ya coordinaba la llegada de ayuda internacional tras ese primer episodio.
