El incremento del 42% en homicidios de líderes sociales respecto al gobierno anterior contrasta con el discurso que, desde la oposición de entonces, sostuvo el hoy oficialismo saliente sobre la responsabilidad del gobierno de Duque en esos crímenes. Entre las víctimas figuran Jorge Luis Burgos, Carlos Alberto Sánchez Hernández, Brinert Guillermo Muñiz Arias y Edna Katherine Real Bastidas, según el registro oficial que sirve de base al balance.
La política de «paz total», bandera del gobierno Petro desde su posesión en agosto de 2022, buscaba negociar simultáneamente con el ELN, las disidencias de las FARC y estructuras como el Clan del Golfo mediante ceses al fuego bilaterales decretados por la Casa de Nariño. El mecanismo, sustentado en la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas sobre orden público, faculta al Ejecutivo para suspender operaciones ofensivas de la fuerza pública contra los grupos en negociación, una figura que ya se había usado, con matices distintos, en los diálogos del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC en el Caguán entre 1999 y 2002, la zona de distensión que la memoria política del país recuerda como precedente de un cese sin verificación efectiva.
Según el material, los decretos de cese al fuego obligaron a militares y policías a permanecer replegados en batallones y estaciones, al impedirles adelantar operaciones ofensivas contra esas estructuras. En departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cauca, Chocó, Huila, Tolima, Caquetá, Cesar, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño y Putumayo, los grupos ilegales reaparecieron en zonas donde antes la fuerza pública mantenía presencia operativa o de donde ya habían sido desterrados.
Expansión territorial y escalada de atentados
Un informe atribuido a las agencias de seguridad del Estado documenta que los grupos vinculados a esas negociaciones —encabezados por alias Iván Mordisco y Calarcá en las disidencias de las FARC, el ELN, alias Chiquito Malo en el Clan del Golfo, Iván Márquez y alias el Zarco Aldinever en la Segunda Marquetalia, alias Araña en los Comandos de Frontera, Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., en Los Comuneros del Sur, y Walter Mendoza en la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano— ocupan el 36% del territorio nacional, unos 420.985 kilómetros cuadrados. El número de integrantes de estas estructuras pasó de 15.125 en 2022 a 27.400 en 2026, según las mismas autoridades.
Los actos de terrorismo sumaron 1.541 casos entre 2022 y lo corrido de 2026: 420 en 2022, 248 en 2023, 246 en 2024, 299 en 2025 y 328 en el primer tramo de 2026, cifra que sitúa la violencia en niveles que no se veían en décadas. El episodio de mayor impacto se registró en marzo de 2026, cuando la voladura de un tramo de la Vía Panamericana, en el Cauca, dejó 20 civiles asesinados y más de 40 heridos.
Cali, la ciudad donde el pasado 7 de agosto tomó posesión el presidente Abelardo De la Espriella, fue blanco de bombardeos reiterados durante el cuatrienio anterior, y la base militar Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana sufrió un atentado en agosto de 2025, según el material.
Secuestro, extorsión y masacres, de vuelta al primer plano
El fortalecimiento de estas estructuras reactivó prácticas que el país asociaba a décadas anteriores del conflicto armado. Durante el gobierno Petro se registraron 767 casos de secuestro y más de 22.860 extorsiones, un retorno de escenas del secuestro que parecían borradas de la memoria colectiva.
El Ministerio de Defensa contabilizó, además, 429 masacres con 1.290 víctimas durante el cuatrienio. Se trata de un fenómeno que en el gobierno de Duque (2018-2022) también concentró fuerte presión política y de organizaciones de derechos humanos, entonces dirigida contra la fuerza pública y la política de seguridad de aquel gobierno, y que en la administración saliente no se detuvo.
El gobierno saliente defendió en su momento la paz total como una apuesta para reducir la violencia estructural mediante el desescalamiento del conflicto armado, argumento que reiteraron voceros del Pacto Histórico durante los cuatro años de gestión. Organizaciones de derechos humanos, por su parte, advirtieron sobre el riesgo de que los ceses al fuego sin garantías de verificación efectiva permitieran a los grupos armados consolidar control territorial en ausencia de la fuerza pública.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional tampoco han emitido un comunicado que consolide y explique la metodología detrás de estas cifras, un paso clave para que el nuevo gobierno defina su hoja de ruta en materia de seguridad y orden público.
El gobierno de De la Espriella deberá definir en las próximas semanas si mantiene, modifica o da por terminados los diálogos de paz total heredados, una decisión que corresponde al Ejecutivo bajo las facultades de la Ley 418 de 1997 y que previsiblemente será objeto de debates de control político en el Congreso de la República durante la legislatura que arranca en agosto.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación podrían, en el marco de sus competencias de vigilancia fiscal y disciplinaria, revisar el uso de los recursos destinados a la implementación de los ceses al fuego y las mesas de negociación durante el cuatrienio anterior, mientras organismos internacionales de derechos humanos previsiblemente seguirán de cerca la evolución de los indicadores de violencia contra líderes sociales en los primeros meses del nuevo gobierno.
