Según el material difundido por la compañía, TrustGraph no se limita a validar un documento o un rostro en un momento puntual, sino que busca que las instituciones aprovechen las señales de la red para detectar ataques recurrentes y reconocer a clientes legítimos. La propuesta apunta a un punto ciego de los controles biométricos tradicionales, pensados para verificar una identidad en un instante y no para rastrear un patrón sostenido de intentos.
La lógica detrás de la herramienta consiste en que distintas instituciones compartan indicios de actividad sospechosa, de forma que un mismo intento de fraude detectado en una entidad pueda alertar a otra antes de que el ataque se repita. Ese enfoque de inteligencia colectiva ya ha sido explorado por otras firmas de ciberseguridad financiera a escala global, aunque su efectividad depende de la adopción por parte de las instituciones participantes: sin una masa crítica de entidades conectadas, las señales de red pierden valor.
El anuncio aparece en un entorno en el que las entidades financieras y las plataformas de comercio electrónico enfrentan intentos de suplantación digital apoyados en herramientas de generación de imágenes y video sintético capaces de burlar los controles biométricos. La Superintendencia Financiera de Colombia ha advertido sobre el aumento de modalidades de suplantación de identidad que emplean inteligencia artificial generativa para crear documentos falsos o videos manipulados que buscan engañar los sistemas de verificación facial usados por bancos y aseguradoras.
El fraude digital ha escalado en paralelo con la bancarización de los últimos años, un fenómeno que coincide con el crecimiento de billeteras digitales y canales transaccionales no presenciales. Ese desplazamiento del delito hacia el entorno no presencial es lo que soluciones como TrustGraph aspiran a cubrir, al trasladar el foco desde la validación de un documento aislado hacia el comportamiento asociado a un mismo dispositivo o patrón de navegación.
El marco de la Ley 1581 de 2012
El uso de biometría y verificación digital en Colombia opera bajo el marco de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, que exige consentimiento informado y medidas de seguridad específicas para el tratamiento de datos biométricos, catalogados como información sensible. Cualquier solución que dependa del cruce de señales entre instituciones financieras deberá ajustarse a ese régimen y a los lineamientos que ha desarrollado la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de datos frente a nuevas tecnologías.
Ese es el filo de la herramienta: la capacidad de las entidades para compartir patrones de fraude sin intercambiar datos personales sensibles ni vulnerar la normativa determinará su viabilidad. En un país donde la confianza en los canales digitales sigue siendo frágil para buena parte de la población no bancarizada, una falla en la implementación podría traducirse en mayor desconfianza hacia la banca digital en su conjunto.
El fraude de identidad no es un fenómeno nuevo en el sistema financiero colombiano, pero cambió de escala con la llegada de modelos de inteligencia artificial accesibles al público. Hace una década, la principal preocupación de los bancos era la clonación de tarjetas y el phishing tradicional; hoy el riesgo se ha trasladado a la suplantación mediante deepfakes y documentos sintéticos capaces de pasar controles automatizados de primera generación.
Ese salto tecnológico también ha permeado otros frentes de seguridad en el país. Un informe de inteligencia militar reciente ya había ubicado al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias en Europa operando con esquemas financieros y logísticos cada vez más sofisticados, señal de que la digitalización del delito atraviesa desde el fraude bancario hasta estructuras criminales de mayor envergadura.
Competencia en América Latina
Incode no es la única empresa que compite por posicionarse como proveedor de verificación de identidad en América Latina. El mercado ha atraído a actores globales y regionales que ofrecen reconocimiento facial, validación documental y análisis de comportamiento, en un sector que crece de la mano de la expansión del comercio electrónico y la banca digital en la región.
Para las entidades financieras colombianas, la adopción de estas tecnologías representa tanto una necesidad operativa como un costo adicional en infraestructura y cumplimiento. La Superintendencia Financiera ha insistido en que los bancos deben fortalecer sus sistemas de autenticación multifactor y sus protocolos de monitoreo transaccional ante el incremento de denuncias por suplantación de identidad en canales digitales.
Queda abierta la pregunta sobre el rol del regulador financiero para estandarizar estos mecanismos de verificación entre instituciones, de manera que la protección contra el fraude no dependa únicamente de la adopción voluntaria de cada entidad por separado. En ese punto, la compañía resume el propósito de la herramienta: que las instituciones aprovechen las señales de la red para detectar ataques recurrentes y reconocer a clientes legítimos.
