La medida no es una ley vigente, sino un borrador regulatorio que, de aprobarse, exigiría a inversionistas y empresas notificar o abstenerse de ciertas operaciones en sectores de doble uso, es decir, con aplicaciones tanto civiles como militares. Washington busca con ella mapear con mayor precisión el destino del capital privado que sale de su territorio hacia economías consideradas rivales estratégicos.
Entre las tecnologías que quedarían bajo vigilancia figuran los sistemas hipersónicos, capaces de superar cinco veces la velocidad del sonido, además de la supercomputación —que permite procesar volúmenes masivos de información— y distintas ramas de la biotecnología. El Departamento del Tesoro utilizó además el término "superinteligencia" para referirse a ciertas aplicaciones de inteligencia artificial contempladas en la propuesta.
Craig Singleton, investigador sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, explicó el sentido estratégico de la iniciativa y la enmarcó como un mensaje dirigido a los mercados.
"Envía una señal importante a los mercados de que Washington está haciendo un seguimiento de hacia dónde fluye el capital estadounidense y qué capacidades está ayudando a desarrollar", afirmó Craig Singleton, investigador sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Singleton sostuvo también que revisar las inversiones internacionales reconoce que el capital puede acelerar capacidades militarmente relevantes con la misma eficacia que la transferencia directa de tecnología, un argumento que ha ganado terreno en Washington a medida que se intensifica la competencia tecnológica con Pekín en sectores como los semiconductores y la inteligencia artificial.
La propuesta no solo afectaría a fondos e inversionistas individuales: también impondría nuevas cargas administrativas a las compañías que operan en esos sectores. Jason Chipman, exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos y hoy socio del bufete WilmerHale, advirtió sobre el alcance práctico de la medida.
"Requerirá programas de cumplimiento más sustanciales para gestionar el riesgo", advirtió Jason Chipman, exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos y socio del bufete WilmerHale.
Esto implicaría que empresas y fondos tendrían que reforzar sus procedimientos internos para determinar si sus operaciones de inversión, asociación o transferencia tecnológica cumplen las nuevas exigencias, en un escenario donde el margen de error regulatorio podría traducirse en sanciones o bloqueos a futuras transacciones.
Un proceso regulatorio en su primera fase
Ryan Majerus, exfuncionario comercial estadounidense y socio del bufete King & Spalding, situó la propuesta en una perspectiva de mediano plazo. "Este es solo el primer paso en un proceso bastante largo para lograr cambios que presumiblemente estarán más orientados a la aplicación de la ley, para dar mayor fuerza al programa de inversión en el extranjero", señaló.
Antes de convertirse en norma definitiva, el Departamento del Tesoro recibirá comentarios del público, un trámite habitual en el sistema regulatorio estadounidense que puede modificar sustancialmente el alcance inicial de una propuesta. El resultado final dependerá, por tanto, de los ajustes que se introduzcan durante ese período de consulta, lo que deja abierta la posibilidad de que el texto definitivo sea más o menos restrictivo que el borrador conocido.
El mecanismo se apoya en un programa de control de inversiones en el extranjero que ya existía: en 2023, la administración estadounidense ordenó restringir inversiones de capital de riesgo y de capital privado hacia China en semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial, una herramienta que esta propuesta busca extender a nuevos sectores de doble uso.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China manifestó su rechazo a la iniciativa, al considerar que exagerar los argumentos de seguridad nacional para limitar actividades comerciales y de inversión perjudica la cooperación económica entre países. La postura china se suma a una serie de fricciones bilaterales en materia tecnológica profundizadas en los últimos años, en paralelo a la disputa por el control de cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos.
El endurecimiento de los controles sobre flujos de capital con fines estratégicos es parte de una reconfiguración más amplia de los marcos de seguridad frente a actores calificados de riesgo, un movimiento que en el plano regional también se ha visto en la decisión de Argentina de declarar al ELN y las Farc-EP organizaciones terroristas.
Por ahora, las restricciones planteadas se aplicarían a inversiones superiores a US$50.000 y dejarían por fuera numerosas operaciones financieras, incluidas muchas compras de acciones; el texto seguirá sometido al proceso de comentarios públicos que determinará su redacción final.
