La entidad centró su preocupación en publicaciones y pronunciamientos de la senadora María Clara Posada y el senador Germán Rodríguez, en los que, según señaló, se habrían difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las FARC-EP. El organismo cuestionó en particular expresiones como "anda de amores con Timochenko", al considerar que trasladan la discusión del ámbito jurídico al terreno de los ataques personales y los estereotipos de género.
La Defensoría contrastó esas acusaciones con los resultados verificables del trabajo de la magistrada: su despacho ha emitido nueve autos de imputación contra 74 antiguos comandantes de las FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las investigaciones del Caso 01, que indaga los secuestros cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado, contribuyeron además a las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz a integrantes del antiguo Secretariado de las FARC-EP por los secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de las víctimas.
El organismo advirtió que la violencia digital contra mujeres que ejercen funciones públicas trasciende las redes sociales y puede afectar su seguridad, su vida personal y el ejercicio profesional. Recordó, en ese sentido, que quienes ocupan cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente al rigor de la información que divulgan, y solicitó a los congresistas involucrados rectificar las afirmaciones que consideró falsas o carentes de sustento.
El pronunciamiento se inscribe en una tensión recurrente entre el Congreso y la justicia transicional desde que el Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, creó la JEP. La Corte Constitucional avaló la jurisdicción en 2017, y desde entonces sectores políticos han impulsado reformas y cuestionado sus fallos, en un pulso que la propia Defensoría enmarcó en los diez años de la firma del acuerdo.
La reciente actividad de la jurisdicción ha mantenido el foco público sobre sus decisiones. Este mes, la JEP condenó al coronel (r) Figueroa a seis años y tres meses por 38 falsos positivos, una de las sanciones restaurativas del modelo de justicia transicional que la Defensoría invocó al llamar a debatir su eficacia.
No obstante, la entidad reconoció que las actuaciones de la JEP pueden ser objeto de cuestionamientos y reformas a través de los mecanismos institucionales correspondientes. En el marco de la conmemoración, invitó al Congreso, al Gobierno, a la Jurisdicción, a las víctimas y a la sociedad a impulsar un debate plural sobre la eficacia de los procedimientos, las sanciones restaurativas y el fortalecimiento de la reparación.
"Defender la independencia judicial no significa impedir las reformas, sino garantizar que se discutan con argumentos, información verificable y respeto por el Estado de derecho, los derechos de las víctimas y la separación de poderes", señaló la Defensoría del Pueblo.