La discrepancia entre las cifras de seguimiento que manejan las consejerías de sanidad y las que publica la CESM ha sido una constante durante los cuatro días de paro y constituye un debate en sí mismo que revela tanto las limitaciones estadísticas de la medición del seguimiento de una huelga sanitaria como los intereses políticos que subyacen tras cada porcentaje. Las consejerías — gestionadas por partidos de todo el espectro político, desde el PP en Madrid y Andalucía hasta el PSOE en Castilla-La Mancha y el BNG en Galicia — han coincidido en situar el seguimiento en torno al 20% del total de los facultativos convocados, una cifra que obtienen dividiendo el número de médicos que comunicaron formalmente su adhesión a la huelga a través de los cauces establecidos entre el total de la plantilla. La CESM, por su parte, utiliza un método diferente: contabiliza no solo las adhesiones formales sino también las ausencias no justificadas, las licencias sindicales, los descansos compensatorios acumulados que muchos médicos decidieron utilizar durante los días de huelga y las bajas por enfermedad que se concentraron de forma estadísticamente significativa en las fechas del paro. Con ese cómputo, el sindicato obtiene una participación del 85%, una cifra que incluye a facultativos que técnicamente no estaban en huelga pero que, según la CESM, optaron por formas alternativas de protesta que reflejan igualmente su rechazo al Estatuto Marco.
El desglose por tipo de actividad suspendida revela que el impacto más severo se ha concentrado en la atención primaria, donde 102.621 actuaciones — más del 45% del total — no se realizaron durante los cuatro días de huelga. La cifra no sorprende a quienes conocen la situación de la atención primaria en España: la falta de médicos de familia es estructural, con más de 1.500 plazas vacantes en todo el territorio nacional, y la pandemia agravó una situación que ya era crítica al desviar recursos humanos y materiales hacia la atención hospitalaria. Los centros de salud, especialmente en las zonas rurales, funcionan con plantillas tan ajustadas que la ausencia de un solo médico puede dejar sin cobertura a miles de pacientes. Durante la huelga, cientos de consultorios rurales permanecieron cerrados porque su único facultativo se sumó al paro, y los protocolos de derivación a urgencias hospitalarias — que constituyen la única alternativa cuando el centro de salud no funciona — generaron colas de espera de hasta ocho horas en los hospitales comarcales de comunidades como Castilla y León, Extremadura y Aragón.
Las 3.187 cirugías programadas que se suspendieron durante los cuatro días de huelga representan, según los gestores hospitalarios, el dato más preocupante porque sus efectos se prolongarán durante semanas o meses. Cada cirugía cancelada no desaparece: se reincorpora a una lista de espera que en España ya acumula 841.000 pacientes pendientes de intervención quirúrgica, la cifra más alta desde que se comenzó a medir el indicador en 2003. Las especialidades más afectadas son traumatología, oftalmología, cirugía general y urología, que concentran el 68% de las intervenciones canceladas.
La exigencia de la CESM de que sea el propio presidente del Gobierno quien intervenga para desbloquear la negociación marca un salto cualitativo en el conflicto que sitúa la huelga médica en un nivel de tensión política comparable al de las grandes movilizaciones sindicales de la última década. Hasta ahora, la negociación se había desarrollado — o más bien estancado — entre la CESM y el Ministerio de Sanidad, con la ministra Mónica García como interlocutora principal. Pero la confederación sindical considera que García ha agotado su margen de maniobra y que las decisiones que podrían desbloquear el conflicto — la retirada del Estatuto Marco, un compromiso presupuestario de 4.000 millones adicionales para sanidad y la aprobación de un plan de retención de especialistas — requieren la autorización directa de Sánchez y del Ministerio de Hacienda. La petición no es un gesto retórico: la CESM ha condicionado la desconvocatoria de futuros paros a la celebración de una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, una exigencia que Moncloa ha rechazado argumentando que la negociación laboral corresponde al ministerio competente y no a la Presidencia.
Los colegios oficiales de médicos — organizados en torno al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que agrupa a los 52 colegios provinciales — han adoptado una posición intermedia que busca tender puentes entre el Gobierno y los sindicatos sin romper con ninguno de los dos. El presidente del Consejo General, Tomás Cobo, ha declarado esta mañana que la huelga «ha cumplido su objetivo de visibilizar un malestar que el Gobierno no puede seguir ignorando» pero ha pedido a la CESM que «abra una ventana a la negociación» y al Ministerio que «responda con propuestas concretas, no con generalidades». Cobo ha propuesto la creación de una mesa de negociación tripartita — Gobierno, sindicatos y colegios profesionales — que aborde de forma integral la reforma del Estatuto Marco y que cuente con un calendario de reuniones vinculante que impida la dilación indefinida que ha caracterizado los tres meses de movilizaciones. La propuesta tiene precedentes: en 2012, la huelga médica que paralizó la sanidad catalana se resolvió con una mesa similar que produjo un acuerdo en seis semanas.
El contexto político en el que se desarrolla la huelga complica extraordinariamente cualquier negociación. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta simultáneamente el juicio del caso Koldo — con las declaraciones de hoy de Koldo García y Ábalos —, el juicio Kitchen, el frenazo del PIB, el bloqueo del decreto de alquileres y una campaña electoral andaluza que arranca oficialmente mañana. En esta situación de crisis múltiple, la huelga médica compite por la atención política con asuntos que el Gobierno considera más urgentes y potencialmente más dañinos para su supervivencia legislativa. La consecuencia es que las reivindicaciones sanitarias quedan relegadas a un segundo plano que enfurece a los sindicatos y que refuerza la percepción de que la sanidad pública es utilizada como moneda de cambio en la negociación política general. La CESM ha advertido de que, si no se convoca una mesa de negociación real antes del 15 de mayo, convocará una nueva huelga de cinco días para la última semana de mayo, una amenaza que, de materializarse, se solaparía con la campaña electoral andaluza y con la previsible sentencia del caso Kitchen.
Los pacientes son, como siempre, los grandes perdedores de un conflicto en el que ambas partes reclaman defender sus intereses. Las asociaciones de pacientes han emitido comunicados en los que expresan su «comprensión con las reivindicaciones de los médicos» pero su «indignación con un Gobierno que ha permitido que la situación llegue a este extremo». La Plataforma de Organizaciones de Pacientes ha cifrado en 14.000 las reclamaciones formales presentadas por ciudadanos que no pudieron acceder a consultas programadas durante los cuatro días de huelga, y ha pedido tanto al Ministerio como a los sindicatos que «pongan al paciente en el centro de la negociación y no como rehén de sus diferencias». El Defensor del Pueblo, por su parte, ha abierto una actuación de oficio para investigar si los servicios mínimos establecidos por la orden ministerial fueron suficientes para garantizar la atención sanitaria de las personas más vulnerables durante el paro, una investigación cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas.
A medida que la huelga llega a su fin, la pregunta que se impone no es si los médicos tenían razón al parar — la evidencia del deterioro del sistema sanitario público es abrumadora — sino si la huelga habrá servido para algo más que para generar titulares y cancelar consultas. La respuesta dependerá, en última instancia, de la voluntad política del Gobierno para asumir el coste de una negociación real que implique concesiones significativas en materia presupuestaria y regulatoria. Tres meses de movilizaciones — paros parciales en febrero, paros hospitalarios en marzo, huelga de cuatro días en abril — no han logrado hasta ahora que el Ministerio de Sanidad retire el borrador del Estatuto Marco ni que el Ministerio de Hacienda comprometa los recursos adicionales que los sindicatos consideran imprescindibles. La huelga ha visibilizado el problema, ha generado presión política y ha demostrado la capacidad de movilización del colectivo médico, pero no ha producido ningún resultado tangible en forma de acuerdo, retirada legislativa o compromiso presupuestario. Si mayo llega sin avances, la perspectiva es la de un conflicto cronificado que deteriorará aún más un sistema sanitario que necesita médicos en sus consultas, no en los piquetes.
