La audiencia en la que se modificó la medida cautelar comenzó a las 8:30 de la mañana, pero debió interrumpirse apenas un minuto después por el sismo de magnitud 4.9 registrado a las 8:31, que obligó a desalojar la sala. Tras el incidente, la diligencia se retomó y los magistrados impusieron la detención provisional a los ocho procesados, imputados el 24 de septiembre pasado.
Los integrantes del tribunal consideraron que la juez de garantías que dictó originalmente el depósito domiciliario no ponderó el impacto que la acción atribuida a los imputados tuvo sobre los residentes de Belisario Porras ni sobre las arcas del Estado. En su resolución, por mayoría, los magistrados subrayaron la gravedad de que los hechos investigados afecten fondos destinados a proyectos sociales en una comunidad vulnerable.
"La corrupción afecta la capacidad del gobierno para dar servicios públicos a los grupos sociales más vulnerables", recalcaron los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones al dar lectura a su decisión.
Según la investigación del Ministerio Público, la Junta Comunal de Belisario Porras realizó desembolsos a 14 "grupos familiares" sin sustentación alguna de los servicios supuestamente prestados. Los fondos procedían de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), de acuerdo con un informe de auditoría de esa entidad que dio origen al caso.
La fiscal anticorrupción Johana Osorio relató que la investigación se originó en una denuncia de la AND y que algunos beneficiarios llegaron a recibir hasta dos o tres cheques por quincena sin prestar labor alguna. Varios de los imputados habrían recibido entre $100,000 y $150,000 cada uno, y la fiscalía ha identificado, hasta ahora, pagos a los grupos familiares por $1 millón dentro del periodo investigado.
Osorio sostuvo ante el tribunal que la evidencia apunta a una estructura diseñada para sustraer dinero de los programas de descentralización, simulando la ejecución de proyectos de interés social que nunca se concretaron. Entre los elementos citados figuran supuestas listas de asistencia en las que, pese a corresponder a personas distintas, las firmas mostraban la misma letra.
Entre los imputados en la causa figuran la exrepresentante de corregimiento Karen Barrios y el extesorero de la junta comunal, Valentín Rodríguez. El Ministerio Público ha imputado cargos a un total de 15 personas por este caso y mantiene pendiente la celebración de nuevas audiencias para formular cargos a otro grupo de involucrados.
El expediente se suma a una serie de causas que han puesto bajo la lupa el manejo de fondos públicos en instituciones descentralizadas y estatales, en línea con procesos como el que llevó a la aprehensión en Colón de un empresario por presunto blanqueo de fondos del Pdis. Por ahora, los ocho exfuncionarios permanecen en prisión provisional en calidad de imputados a la espera de que avance el proceso que determinará si existen méritos para una eventual acusación formal.
